Naufraga Venezuela en el abismo de las ideologías

Venezuela se encuentra inmersa en una violencia extrema que amenaza con convertirse en una guerra civil y hasta continental. No obstante, las voces que se levantan en medio de la desinformación, la ausencia de verdades y los apasionamientos ideológicos que parecen más orientados a defender o condenar la figura del Jefe de Estado que a la búsqueda de alternativas viables que garanticen la normalidad democrática en este país suramericano e impidan la injerencia de potencias extranjeras, muestran cuán crítica es la realidad.

La gran prensa cuestiona con vehemencia a los sectores que militan en la izquierda política y se les exige que levanten su voz de protesta ante los recortes democráticos que padece Venezuela y que tomen distancia del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, nunca escuchamos a esa misma prensa cuestionar a la derecha por guardar cómodo silencio cuando se perpetró desde el corazón de las mismas instituciones un golpe de Estado contra Dilma Rousseff y se condenó, sin suficiente material probatorio, al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Más allá de los intereses políticos que motivan las diversas reacciones, varios sectores demócratas, muchos de los cuales abrazaron con júbilo la revolución chavista y el proyecto Socialismo Siglo XXI,  se han pronunciado condenando las amenazas externas que se ciñen sobre la república Bolivariana de Venezuela, el oportunismo y la violencia de la oposición y las arbitrariedades que comete el gobierno de Maduro. Entre el rechazo cavernario a un proyecto que en su momento representó enormes avances para la consolidación de un Estado Social y el  irrestricto apoyo a un gobierno que sucumbe en la arrogancia y la contradicción, está la ética y el deber moral de oponerse a toda forma de violencia e injusticia que socave derechos fundamentales, venga de donde venga.

Quienes desde la izquierda política han levantado su voz para cuestionar los abusos e intemperancia del mandatario venezolano se han convertido en blanco de enconados ataques por parte de esa izquierda visceral, casi fanática, que no se atreve a debatir, que considera que el régimen venezolano está libre de toda macula y que cuestionarlo es servir de caja de resonancia de la industria de las comunicaciones y de la élite que la controla. Se resisten a entender que la autocrítica es fundamental en todo proyecto político y humano, más todavía cuando de este depende la vida, la dignidad y la soberanía de un pueblo.

No estar de acuerdo con las decisiones de Maduro no significa apoyar un golpe de Estado, ni una intervención militar ni la imposición de excesivas sancionas extranjeras. Tampoco significa estar de acuerdo con quienes desabastecen los supermercados y las farmacias o incineran personas humildes o chavistas en las calles. No estar de acuerdo con el gobierno de Maduro es reconocer que hay una profunda crisis social, política, económica y ética que pone en riesgo el proyecto político que se inició hace más de dos décadas (con el Movimiento Quinta República) y que el gobierno no ha sabido conjurar esa crisis con acciones audaces ajustadas al derecho. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional; es responsable además de la conducción política del Estado tanto en el orden nacional como internacional y debe gobernar para todo un país no sólo para quienes se identifican con sus ideas políticas y su modelo de administrar.

La sistemática violencia que promueve y ejecuta la oposición (convertida en víctima por cuenta de los yerros del gobierno) es respondida con más violencia, con represión, procesos judiciales poco transparentes, allanamientos ilegales, arrestos arbitrarios sin orden judicial, violación de los derechos constitucionales y humanos, y abusos de poder.  No estar de acuerdo con las políticas de Maduro es hacerle un llamado para que replantee el rumbo, reconozca las falencias de su gobierno, cese la violencia, la represión en las calles, reestablezca el orden y la independencia de las ramas del poder público, respete la Carta Política e imponga, sobre todo dogmatismo político, la sensatez, la justicia, la democracia y, en especial, el amor por Venezuela y el deber de garantizar la vida y la paz a todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Las sorpresivas detenciones del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma y del cuestionado líder opositor Leopoldo López (excarcelado semanas atrás por "motivos de salud"),  violan la Constitución Política de Venezuela. Los dos dirigentes, quienes se encontraban bajo arresto domiciliario, fueron sacados a rastras de sus casas a mitad de la noche; hecho que nos recuerda a las Falcon oscuras y sin patentes que bajo la dictadura militar argentina secuestraban a quienes se oponían a los gobiernos de facto que desangraron ese país a mediados de los setenta y violaron de manera sistemática derechos humanos, civiles y democráticos. De esa misma forma irrumpían en las viviendas, al amparo de la noche, con violencia, sin orden judicial ni explicación alguna sacaban a rastras y en pijama a los sospechosos de algo, incluso de pensar, y muchos de ellos jamás volvían a aparecer.

Los opositores venezolanos fueron conducidos por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)  a la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, lugar de donde habían sido expulsados semanas atrás para cumplir sus penas domiciliarias. Si estos señores son unos criminales, como afirman algunos, debe garantizarse para ellos, con todo el rigor posible, el debido proceso y deben ser llevados ante un tribunal que realice un juicio serio, imparcial, independiente, justo y transparente.

En respuesta a las críticas que desataron estos hechos en la comunidad internacional, el gobierno los acusó de haber publicado videos en los que instaban a no votar en la elección de la Asamblea Constituyente con lo cual habrían incumplido las condiciones impuestas para mantener el arresto domiciliario de no hacer "proselitismo político". La condena implicaba por consiguiente la renuncia a sus derechos ciudadanos y constitucionales de la libre expresión y la acción política.

El Tribunal Supremo de Justicia –TSJ– afirmó en un boletín de prensa que según fuentes de inteligencia oficial había “un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual y con la urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes". ¿Iban a fugarse de sus propias casas?

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela afirma en su artículo 47 que: "El hogar doméstico y todo recinto privado de persona es inviolable. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano".

El artículo 49 afirma: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso".

Nada de ello se le ha garantizado a la oposición venezolana; oposición que -sea dicho de paso- opera más como una red del crimen organizado que como una genuina y estructurada fuerza política de oposición; incluso podría afirmarse que hoy la real oposición es la que representa el chavismo moderado, coherente y crítico.

Horas antes de instalarse la Asamblea Constituyente que fue rechazada por buena parte de la comunidad internacional, incluso por el Vaticano que pidió fuera suspendida porque “más que favorecer la reconciliación y la paz, fomenta un clima de tensión y enfrentamiento e hipoteca el futuro” e hizo un llamado para que se tenga en cuenta “el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad”, el opositor Antonio Ledezma fue devuelto a su residencia para reanudar su prisión domiciliaria sin explicación alguna, hecho que demuestra que el gobierno actúa más por impulsos y presiones que acatando la leyes y la razón. ¿Por qué Ledezma regresó a casa y López no? ¿Por qué fue detenido también el abogado Ángel Zerpa?

Mientras Maduro se aferra al poder y a su discurso altisonante afirmando que los gobiernos que rechazan sus medidas y cuestionan sus decisiones “son gobiernos neoliberales de derecha que amenazan a Venezuela, serviles al imperialismo", aumenta el aislamiento diplomático del país y la tensión entre sus múltiples facciones.  Sectores afines al chavismo que rechazan las medidas tomadas por el actual gobierno, como la valiente fiscal Luisa Ortega Díaz, denuncian a través de redes sociales el asedio militar a la sede del Ministerio Público en Caracas, un día después de instalada la Asamblea Constituyente y un mes después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) declarara la nulidad absoluta en la designación del abogado Rafael González Arias como vicefiscal y juramentará en su reemplazo -usurpando la función de la Asamblea General- a Katherine Harrington, quien fuera sancionada por el gobierno de Barack Obama por violar los derechos humanos del país, junto a otros seis funcionarios en el 2015.

La primera decisión que adoptó este sábado la Asamblea Constituyente al iniciar funciones, fue remover de su cargo a Luisa Ortega Díaz e inhabilitarla para ejercer cualquier cargo público, luego de que sus cuentas bancarias fueron congeladas y se le prohibió abandonar el país. En su lugar fue designado el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

La prensa venezolana informa que la Fiscal Ortega fue suspendida de su cargo y será enjuiciada, al tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorga medidas cautelares de protección al considerar que enfrenta un "riesgo inminente de daño irreparable". Y a esta medida se suma la Declaración de Buenos Aires emitida por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, reunida en la VI Asamblea General Extraordinaria el 13 de julio en Argentina, en la que se reitera el apoyo y solidaridad con la Fiscal y se rechaza “cualquier tipo de acción hostigamiento, acoso, amenaza, intimidación y agresión dirigidos contra los titulares de los Ministerios Públicos y sus integrantes en el pleno ejercicio de sus funciones”. Antiguos miembros del Partido de la Revolución de Venezuela (PRV) advierten que el gobierno buscaría con este acoso militar a la Fiscalía desaparecer cerca de 39 mil expedientes sobre violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, algunos de ellos relacionados con el escándalo de Odebrecht, que reposan en los archivos de esta entidad.

Los  cancilleres de Mercosur reunidos en São Paulo (Brasil) han decidido aplicar sobre Venezuela la “cláusula democrática” establecida en el Protocolo de Ushuaia de 1998. Se trata de una condena política que no cambia la dura realidad del país pero que eventualmente podría imponer sanciones comerciales al considerar que el orden democrático se quebró en Venezuela. Lo más seguro es que como ocurrió en el 2015, esta medida sea descalificada por el gobierno de Nicolás Maduro.  En esa oportunidad, luego de que Mercosur se reuniera en Argentina para tratar la crisis venezolana originada en la decisión del Tribunal Supremo de atribuirse las facultades del Parlamento (controlado por la oposición) y limitar la inmunidad parlamentaria, el gobierno venezolano calificó el encuentro como una “dantesca escena” en la que se tomaron decisiones al margen del Derecho Internacional. En diciembre de 2016 Mercosur amenazó con suspender a Venezuela del bloque regional y Maduro advirtió: “Si nos sacan de Mercosur por la puerta, nos meteremos por la ventana”.

Ahora la comunidad internacional espera los resultados del encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores del continente convocados por Perú el martes 8 de agosto para analizar “la situación creada por las elecciones para una Asamblea Constituyente y su impacto sobre el orden democrático en Venezuela”. Sin embargo, no se hacen muchas ilusiones. De otra parte Rusia, China e Irán anuncian que de ser necesario estarían dispuestos a enviar tropas militares y armas en apoyo a Venezuela para evitar una posible invasión. Estados Unidos enseña los dientes e impone fuertes sanciones, la mayoría de los gobiernos de la región rechazan las decisiones del gobierno, y mientras los polos de las dos vertientes ideológicas (llamadas a ser vencidas por la ética y por la historia) se enfrentan airadamente tratando de defender lo indefendible, el pueblo venezolano, inmerso en la incertidumbre, sigue sufriendo la escasez de alimentos, la censura y la violencia.  

Ni con la derecha obcecada ni con la izquierda dogmática; en Venezuela hay que defender la justicia, la democracia y la vida.

Nota 1: ¿Será que el Presidente Maduro no cuenta con alguien cercano, cuyo amor por Venezuela sea más fuerte que el temor hacía él para que le recuerde la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela y le diga que con sus decisiones antidemocráticas está poniendo en grave riesgo un proyecto revolucionario que costó varias generaciones y sembró una nueva esperanza en el continente americano?

Nota 2: Mi corazón late a la izquierda pero me distanció totalmente del fundamentalismo y la sinrazón del  fanatismo que desconoce razones,  se aferra a su ideología política para rechazar unos crímenes y justificar otros, anular cualquier opción de pensamiento crítico e ignorar el sufrimiento real de las personas.

"La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Y cuando el delincuente es el Estado, que viola, roba, tortura y mata sin rendir cuentas a nadie, se está emitiendo desde arriba una luz verde que autoriza a la sociedad entera a violar, robar, torturar y matar".

Eduardo Galeano.

Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Editorial: Siglo XXI – México (2015)