Maureén Maya: Cápsulas de la Memoria

En 1985, luego de quince años de lucha e insistencia por parte del diverso gremio de artistas y productores, se aprobó en Colombia la ‘Ley del Artista’.  Con ella se creó el Fondo de Seguridad Social del Artista Colombiano (entidad de previsión social adscrita al ministerio de Trabajo y Seguridad Social -derogada por la Corte Suprema en 1990-); se ordenó promover el arte y el folclor nacional, crear planes de vivienda para beneficio del artista, otorgar crédito a sus afiliados para la formación, perfeccionamiento o complementación de su educación o adquisición de material y equipos propios de sus actividades artísticas, entre otras medidas. En 2010 se sancionó la Ley 1403 o ‘Ley Fanny Mikey’, la cual reconoció el derecho irrenunciable de los artistas e intérpretes audiovisuales (actores y dobladores de voz, entre otros) a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública de las obras y grabaciones audiovisuales. En junio de 2017 se aprobó la ‘Ley Pepe Sánchez’ sobre dere

Octubre 2020 El reciente debate que suscitó el fallo de la Corte Constitucional en relación con el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos no tiene mayores opciones de prosperar ni de construir un consenso saludable en términos políticos, sociales ni democráticos; al menos no como inicialmente fue planteado porque no es serio, profundo ni siquiera real y a la larga tampoco puede considerarse un debate por tres razones: 1. No va al fondo del problema ni lo plantea desde una perspectiva lógica; 2. Se presenta como excusa para generar animadversión hacía las altas cortes; y 3. No confronta argumentos sólidos que permitan entablar una mínima discusión. La sensación que queda luego de observar las reacciones que el fallo generó en las filas del uribismo y sectores afines, es que se han quedado sin agenda política y norte programático; por eso cualquier tema les funciona para arremeter sin reflexión en aras de impulsar sus campañas electorales a través de la indignación del electo

Recuerdo que mi primer acercamiento a los DD.HH fue de la mano de Eduardo Umaña Mendoza; yo era aún una niña de colegio, él trabajaba con un grupo de estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, al cual me invitó a formar parte. Mi primer trabajo consistió en buscar denuncias sobre violaciones a los DH en la prensa. Fue breve mi labor, demasiado breve, pero efectiva para entender la feroz y marginal lucha que debían sortear las víctimas que exigían justicia en Colombia. Estaban aisladas, enfrentando todo un aparato criminal gigantesco, poderoso e implacable, solas, pero Eduardo Umaña estaba con ellas. De él siempre me impactó su terca perseverancia en la búsqueda de la verdad y de la justicia, aunque en esa búsqueda sangraba su corazón. Un par de veces lo acompañé a una casa cerca al Campin, donde al parecer se refugiaba cuando debía sacudirse del miedo y del dolor. Entonces, algo consternada me preguntaba por las cosas espantosas que habrían registrado sus ojos y sus oídos, y

“La guerra es una lágrima prendida de las rotas pupilas de la vida”. Fernando Soto Aparicio [1]   “El gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso Jineth Bedoya Lima. Colombia recusó a casi todos los jueces porque le molestó las preguntas a la víctima. Y se retiró de la audiencia. Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”: José Miguel Vivanco, director ejecutivo para la División de las Américas. Human Rights Watch (HRW)   “No lo hizo Nicaragua, tampoco Venezuela; ni el Perú de Fujimori. Nunca en la historia un Estado se había levantado de una audiencia ante la Corte IDH. Hoy en el caso de Jineth Bedoya Lima lo hizo Colombia. Esto es una declaración de intenciones de cara al fallo que emita el tribunal”: Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). “Bochornosa la actitud del Estado en el caso de Jineth Bedoya Lima. Es simplemente revictimizante”: Gabriel Cifuentes. Columnista del diario