Trascender la irracionalidad que engendra la violencia es un imperativo para la paz
Garantías sociales, políticas,
económicas y culturales, así como una justicia eficaz y la firme defensa de los
Derechos Humanos, civiles y constitucionales son la base para construir una
genuina paz dentro de un Estado Democrático Social de Derecho.
La crisis que hoy atraviesa
Colombia, cuando el país empieza a transitar el complejo y minado camino del
post conflicto, es la peor en toda su historia reciente; de una historia marcada
–desde los albores de la república- por la inequidad, la violencia y la
orfandad ciudadana. El Estado Social de Derecho, promulgado en la Carta del 91,
languidece ante la falta de liderazgos
sociales y políticos convocantes, ante la escandalosa –pero no nueva- corrupción
de la ineficaz y politizada justicia, la falta de sentido histórico e imaginación
de los partidos políticos (sean de izquierda o derecha), la miseria moral de
quienes hoy se disputan una candidatura presidencial sin sustento ni programas
audaces y coherentes, el incremento en la acción violenta y represiva por parte
de sectores de las Fuerzas Militares, y la falta de inversión, visión y
desarrollo estatal para sacar a Colombia del ostracismo y la desigualdad que
durante décadas han generado todo tipo de violencias.
Esta crisis social, política, económica y moral, profunda y dolorosa, no solo niega derechos fundamentales y reniega de
una pretendida vocación democrática, atenta contra la vida de millones de
ciudadanos y ciudadanas, hace que el
cuerpo estructural del Estado, donde residen las ramas del poder público y el
orden constitucional, se resquebraje poniendo en evidencia la incapacidad del
Estado para garantizar una justicia eficaz y transparente, un sistema de salud competente,
una educación incluyente y de calidad, un sistema laboral justo y decente, y una vida sana en armonía con el entorno y el
medio ambiente: una Colombia posible.
Medio país ha creído que la paz,
tras el desarme de la guerrilla más antigua y combativa del mundo, es viable; y
se ha jugado por ella, ha modificado sus rutinas y ejercicios de
participación ciudadana, a veces peleando a codo limpio, el derecho a incidir
en la construcción de un país más justo y humano, dotado, especialmente, de una
capacidad crítica para leer los yerros del pasado y proponer audaces reformas
que logren sustraernos de tantos siglos de ignominias y miserias. No obstante,
el tablero de lo público exhibe varios juegos sobre la mesa: el ramplón, sucio
y oportunista de los politiqueros de turno; el de sectores sociales
comprometidos con la obstinada búsqueda de escenarios amplios para realizar
plenamente la esquiva democracia, y el de la cómoda indiferencia de quienes
seguirán votando por quien tenga mayor capacidad de compra de votos y de
conciencias.
Otro medio país juzga con
severidad los acuerdos de Paz logrados tras varios años de tropiezos y de rudas
puestas a prueba de la voluntad y generosidad de los guerreros; piden que
retorne la guerra, que la guerrilla vaya a prisión o reanude la lucha armada,
que los jóvenes más humildes se sigan debatiendo en la tremenda disyuntiva de
matar o morir, que se imponga el lenguaje ruidoso y cobarde de las armas y que
los campos sigan siendo zonas de exterminio y de persecución irracional.
El desafío que hoy enfrentamos es
enorme y la oportunidad única. Para los más sensatos retornar a la guerra o
seguir alimentándola ya no es una opción válida, menos aún ante el advenimiento
de una nueva realidad que, guste o disguste a algunos, plantea un quiebre histórico
y el surgimiento de un país diferente, aunque por ahora se vea casi igual. Hoy se trata de trascender el manido discurso de los oportunistas que con todo cinismo llaman a escoger entre "la paz o la guerra", entre "ellos o
nosotros", para empezar a sentar las bases de una nación consciente de su
responsabilidad social, de su deber humano y sobre todo, capaz de
entender el propósito vital de toda existencia humana pero ya no para actuar a título
personal y soñar con alcanzar un espacio en los anales de la historia; sino para forjar
una conciencia colectiva e individual más profunda, amorosa, sensible e
integral.
Es imperioso entender que el
lenguaje de la violencia no se supera solamente desarmando a las guerrillas
que, valga recordar no se gestaron por arbitrariedad histórica; es necesario ir
más allá de la repudios silenciosos o el activismo de salón, de las militancias
sumisas que se niegan a ejercer el deber de la autocrítica y un análisis maduro,
para empezar a proponer ese país humano de seres pensantes, justos y amables que
hoy todos y todas estamos llamados a construir y a legar a quienes han de continuar con la ingente tarea de hacer de Colombia un país real.
Las acciones bárbaras y vengativas, represivas y contrarias al llamado de la conciencia ya no deben tener cabida en nuestra historia.
Comunicado del Enraizando: Centro de Comunicación y Educación Popular
"CORINTO: PALOS Y PIEDRAS CONTRA FUSILES
El pasado jueves 21 de septiembre, tropas del Batallón de Alta Montaña n.8 Cr José María Vezga, adscritas al Comando de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional, atacaron con ráfagas de fusil a las comunidades indígenas y campesinas de Corinto-Cauca. En los hechos fue asesinado el campesino José Alberto Torijano, coordinador de la Guardia Campesina y Popular de la vereda Río Negro, dejando heridos a Jonathan Alexander Hernández Guevara y Gonzalo Iquinas Perdomo.
Desde las 4am, aproximadamente 100 efectivos del Ejercito Nacional iniciaron un allanamiento que buscó la destrucción de un laboratorio de coca en la vereda Medía Naranja. En el operativo dos comuneros fueron retenidos por el Ejercito, lo que ocasionó una acción espontanea de solidaridad de las comunidades indígenas y campesinas, buscando la liberación de los comuneros retenidos. Ante la presión comunitaria los militares liberaron a los dos comuneros retenidos. Luego las comunidades, en una acción de control territorial, escoltaron y presionaron la salida de los militares de la zona. Sin embargo, entre las 8 y las 9 de la mañana, cerca a la hacienda Miraflores, sin razón alguna los uniformados dispararon repetidas ráfagas de fusil contra las comunidades desarmadas, es allí que cae asesinado con una bala en el pecho José Alberto Torijano, coordinador de la Guardia Campesina y Popular de la vereda Río Negro, mientras que otros dos civiles caen heridos por el fuego de los militares.
El mismo día de los acontecimientos el Comando de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional publica un comunicado en el cual afirma que "Durante este hecho se realizaron disparos de arma larga y corta hacia las unidades militares para amedrentar a la tropa, provenientes al parecer de los manifestantes". Con esta declaración los militares intentan justificar la grave violación de los derechos humanos de las comunidades, buscando dejar en la impunidad el asesinato de José Alberto Torijano. Sin embargo, se ha dado a conocer un vídeo grabado el día de los hechos, en donde es claro que las únicas armas utilizadas por las comunidades fueron palos y piedras, utilizadas como defensa frente a las repetidas ráfagas de fusil de los militares.
Las comunidades indígenas y campesinas no entienden por qué el Ejercito Nacional disparó en repetidas ocasiones sin motivo alguno y, durante los hechos, clamaron por el fin de los hostigamientos militares. En evidente estado de indefensión física, la única herramienta que encontraron para su protección fue la utilización de teléfonos celulares, con los cuales lograron grabar el ataque desproporcionado del Ejercito con el fin de esclarecer la verdad de lo sucedido y evitar que el asesinato de José Alberto Torijano quede en la impunidad. Y es que la denuncia, la difusión y la solidaridad con las comunidades indígenas y campesinas, es la única herramienta civil que puede dar protección a las comunidades de las zonas rurales, cuando el país atraviesa una aguda crisis en materia de violación de los derechos humanos.
Según el ultimo informe de "Somos Defensores", de enero a junio del 2017 se presentaron 335 agresiones y 51 asesinatos contra activistas pertenecientes a organizaciones populares en Colombia, con un incremento del 31% frente a los homicidios contra defensores de derechos humanos ocurridos en el primer semestre del 2016, con 35 homicidios. Hasta el día de hoy estos casos continúan en la impunidad.
La situación de las organizaciones sociales del sur occidente colombiano es muy grave, hasta junio del presente año se registraron 19 asesinatos de activistas sociales en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En el caso particular del municipio de Corinto la hacienda Miraflores, propiedad del poderoso consorcio agro-industrial INCAUCA, se ha convertido en un territorio de horror y muerte, el 22 de marzo allí fue asesinado Javier Oteca, quien fuera un reconocido Liberador de la Madre Tierra por miembros de la seguridad privada de INCUACA. En la misma hacienda miembros de la Policía Nacional asesinaron a Daniel Felipe Castro Basto, joven indígena de tan solo 16 años, en hechos ocurridos durante la Minga de Pensamiento y Liberación del 9 de mayo.
En los mismos hechos es herido de bala un periodista del equipo de CEP-Enraizando. Ahora, en cercanías de la misma hacienda Miraflores es asesinado José Alberto Torijano, coordinador de la Guardia Campesina y Popular de la vereda Río Negro por miembros del Ejercito Nacional el pasado 21 de septiembre.
Hacemos un urgente llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y a todos los miembros de la sociedad civil en general a que denuncien y realicen acciones concretas de protección de la vida en Corinto, para ponerle fin al terror en el que viven las comunidades y evitar nuevos hechos de violencia."
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