Una niña menos ¿a quién importa?

La niña víctima del bombardeo de las FFMM en el Chocó, que ingresó a la Clínica Santa Sofía con sus brazos amputados y con varios órganos comprometidos, falleció el martes 6 de febrero.

                                          Foto tomada del portal Opanoticias.com

No habrá luto en los noticieros ni sentidas alocuciones presidenciales; las presentadoras no invocarán un minuto de silencio ni se ofrecerán recompensas para quien revele la identidad del militar que lanzó la bomba (la debida obediencia no exonera de responsabilidades penales) y del alto mando que ordenó cayera sobre una humilde comunidad del Chocó, so pretexto de combatir a la insurgencia: se trata del Estado con sus razones de Estado.  Nadie, ajeno a su destrozada familia, llorará su agonía y su muerte, y no veremos multitudinarias marchas de repudio exigiendo justicia. Tampoco escucharemos el llanto colectivo y pocos sabrán o recordaran su nombre; y no será así porque la víctima es una niña indígena, habitante de una empobrecida y apartada región colombiana; una niña sin rostro ni historia que no existe en las ciudades ni importa a la ciudadanía vociferante que pide guerra ni a aquella que asume que la palabra paz es una muletilla mil veces usada para provecho personal y de los colectivos políticos que cada cuatro años prometen, con nuestro voto, cambiar la historia de Colombia.

Las Fuerzas Armadas, con el apoyo de todos aquellos sectores que temen enojarlas, seguirán afirmando que se cumplieron con todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, que lo ocurrido fue un lamentable daño colateral que en nada ensombrece el loable y valiente ejercicio de combatir el crimen. Nadie se atreverá a preguntar por el Principio de Distinción del DIH: “Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes. Los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil. Se hará también distinción entre los bienes civiles y los objetivos militares. Los ataques no pueden ser dirigidos contra los bienes civiles”. Tampoco se indagara por el Principio de Proporcionalidad: “Se prohíben las armas y los métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos con respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista. Así, se prohíbe lanzar ataques cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entra la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar prevista”. Ni por el de Inmunidad: “Las personas civiles y la población civil gozarán de la protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares. No serán objeto de ataques la población civil como tal ni las personas civiles que no participen en las hostilidades”. Y menos por el más elemental del todos: El Principio de Humanidad: “Se debe tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades”.

Los bombardeos se realizaron sobre las comunidades Santa María Pangala y Estrella Pangala, del resguardo Chagpien Tordó, territorios inexistentes para la mayoría de colombianos, y donde justamente hace un año se denunció -en un comunicado de reducida circulación, emitido por el cabildo indígena del Pueblo Wounan del Municipio Litoral del San Juan (Chocó)-, que estos pueblos se encontraban en crisis humanitaria y en riesgo de desplazamiento por cuenta del confinamiento, los bombardeos y las fumigaciones. La historia, infinidad de veces repetida durante décadas, sigue y seguirá siendo la misma. 

Nota: Incomprensible la decisión del ELN de llamar a paro armado para presionar, chantajear y castigar al gobierno por haber suspendido, con sobrada razón, el inicio de la quinta ronda de diálogos de paz. No ha entendido la guerrilla que son sus demenciales acciones guerreristas las que hacen inviable continuar con el proceso, que el castigado es el pueblo colombiano y que lo que espera y necesita el país son hechos de paz. La oportunidad histórica para hacer la paz y alcanzar la tan anhelada justicia social podría tener sus días contados.

Nota 2: La indiferencia del gobierno nacional y de buena parte de la sociedad ante el sistemático e impune asesinato de líderes sociales en varias regiones del país no contribuye a generar el ambiente de confianza, seguridad y esperanza que se requiere para avanzar en el camino de la paz.