¡Colombia no soporta más Uribe en su historia!
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firma la petición:
¡Colombia
no soporta más Uribe en su historia!
En
2012 la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, declaró que Colombia seguiría siendo
objeto de examen preliminar porque habían "bases razonables para creer que
los falsos positivos fueron una política de Estado" bajo los gobiernos de
Uribe Vélez. "Estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de
éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad; dichos actos
también pueden ser catalogados como crímenes de guerra", concluyó en su
informe.
Han
transcurrido siete años desde entonces; se cuenta con nuevo material probatorio, la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viene recibiendo graves denuncias de
militares, periodistas y víctimas que advierten que el patrón criminal de las
ejecuciones extrajudiciales se sostiene y se replica en absoluta impunidad
(incluso su actual promotor al interior de las Fuerzas Militares, el general
Nicacio Martínez, pese a las denuncias hechas por el New York Times y otros
medios, y a los procesos abiertos en su contra por corrupción y vínculos
paramilitares en la Procuraduría General fue ascendido de mayor general a
general full con cuatro estrellas, por el senado de la República, con 64 votos
a favor y uno en contra, el pasado 5 de junio). Los recursos de la justicia
nacional se agotaron en su propia parálisis y evidente falta de voluntad para
avanzar con las investigaciones que comprometen al expresidente Uribe con estos
y otros crímenes de lesa humanidad.
Hoy
parte de la sociedad colombiana reclama acciones concretas por parte de la
Corte Penal Internacional y le pide que actúe con celeridad y contundencia, que
evite nuevos crímenes y que el odio que propone Uribe siga afectando el proceso
de paz y amenazando la esperanza de reconciliación de un pueblo ignorado y
violentado durante décadas. Es tiempo de que la CPI pase de una fase de
Investigación a una de enjuiciamiento para que el Fiscal solicite a la Sala de
Cuestiones Preliminares una orden de detención internacional -no de simple
comparecencia porque en este caso si hay riesgo de fuga- contra el senador
Álvaro Uribe Vélez.
Colombia
intenta pasar la página de la violencia y sentar las bases de una paz real,
plena de garantías sociales y políticas en los territorios, pero con el retorno
del uribismo al poder se registra un alarmante aumento en los asesinatos de
líderes sociales, (en lo que va del 2019 se han denunciado 79 casos), en las
amenazas y los hostigamientos. Los grupos narcoparamilitares se han fortalecido
y han expandido su radio de influencia y control territorial porque están
empoderado y cuentan con el respaldo de agentes del Estado y poderes locales.
El partido del ex presidente Uribe, el Centro Democrático (llamado
coloquialmente el Centro Demoniaco) se ha propuesto desvertebrar el Estado de
Derecho recortando libertades ciudadanas, aboliendo la independencia de
poderes, acabando con las altas Cortes (que lo investigan) y derogando la JEP,
columna vertebral del Acuerdo de Paz. El fin de semana pasado llamó a una
marcha de rechazo público a las altas cortes y contra sus fallos en derecho, y
aunque no obtuvo el resultado esperado en nada modificó sus propósitos. Por eso
ahora Uribe y su bancada parlamentaria, están convocando, mediante recolección
de firmas, a un referendo para derogar la Jurisdicción Especial de Paz,
modificar el Acuerdo de paz firmado, y revocar a los magistrados de las
altas cortes.
Uribe
se ha propuesto, haciendo uso de su capital político, desconocer que el Acuerdo
de Paz suscrito por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en el 2016,
a nombre del Estado colombiano, es de obligatorio cumplimiento como lo
establece el Consejo Federal Suizo al reconocerlo como “Acuerdo Especial del
DIH”, al ser avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de la
resolución que autorizó la misión de verificación del cese del fuego y el
desarme, y al haber sido blindado jurídicamente durante tres mandatos
presidenciales por la Corte Constitucional.
Por
eso el llamado es a detener a Uribe para que Colombia pueda seguir avanzando
en la construcción de una nueva y diferente historia, para que el país conozca por fin la verdad y pueda vivir en paz.
Nota ciudadana en la
página de Change. org:
"Firmo. Pero no
para que Uribe se vaya como si nada a disfrutar su vejez y se goce a sus
nietos, sino para que intervenga la Corte Penal Internacional ya que ni
Comisión de Acusaciones, ni la Fiscalía General, ni la Corte Suprema
de Justicia han hecho nada en más de diez años frente a las 270 investigaciones
abiertas en su contra. Debemos exigir que diga la verdad, someterlo a la JEP y
sino, que la justicia ordinaria lo juzgue y vaya a prisión. No es una persona
digna de ninguna consideración. Su vida política ha sido una basura. Metió al
país en un fango de odio y crimen del que aún no nos libramos. El problema no
es este criminal, sino quienes tienen que aplicar justicias, de los medios que
amplifican su odio y mentiras y de un "periodismo" mediocre, servil,
que ejerce el poder para desinformar.
Deseo que esta petición sea conocida por la Corte Penal Internacional. Que se indique un formato único para que en todo el país y rincón de nuestra geografía se recojan firmas. Las personas que no están en esta plataforma seguro también apoyan la iniciativa": Gloria Ortega
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