Confinamiento humano, malestar social y recesión

Bogotá, marzo 25 de 2020. 

La experiencia, trágica y dolorosa, que están viviendo con especial rudeza, países como Italia, España, Francia y China, entre otros, nos indican que la principal medida que debe adoptarse para controlar la expansión del virus, es la severa limitación del contacto social; ordenar a la población permanecer en casa, a los empresarios y a los grandes empleadores incursionar en una inédita modalidad de teletrabajo, sustituir las clases presenciales en colegios, centros de enseñanza y universidades, por clases virtuales, aplazar todo encuentro masivo y limitar al máximo la movilización y presencia ciudadana en las calles.

En Colombia mientras el presidente Duque se mostraba dubitativo a la hora de adoptar medidas radicales, como cerrar el aeropuerto internacional El Dorado,[1] la alcaldesa de Bogotá no dudo en actuar y el pasado 18 de marzo, decretó el confinamiento en Bogotá durante cuatro días; medida que tal vez para hacer menos traumática entre la ciudadanía, llamó ‘simulacro de cuarentena’. Esta decisión rápida y efectiva, en la que anteponía a cualquier otra consideración, el deber de preservar la vida y garantizar, en lo posible, la seguridad ciudadana, así como otras medidas que adoptaría durante la última semana, recibieron el respaldo de amplios sectores sociales y políticos del país, y muchos no dudaron en reconocer su liderazgo político y capacidad de maniobra en momentos de crisis.

Diferentes alcaldes y gobernadores se sumaron a su iniciativa, incluso ordenaron toques de queda y ley seca en sus municipios, y sin proponérselo terminaron por desafiar a un mandatario que no lograba sintonizarse con esta nueva realidad. Una semana atrás, el jueves 12 de marzo Duque declaraba la alerta sanitaria a nivel nacional y afirmaba que no estaba contemplando la suspensión de clases en colegios, porque bastaba con que las instituciones educativas atendieran los protocolos en materia de prevención e higiene, difundidos por los ministerios de Salud y de Educación.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá decidió consultar a varios expertos, académicos y prestadores de servicios públicos y privados de salud para definir las medidas de cuidado, prevención y tratamiento que se debían adoptar en Bogotá, y fue así como extendió la circular 024 que establecía las condiciones para el teletrabajo extraordinario a fin de garantizar que por lo menos un tercio de los empleados y colaboradores de todas las entidades públicas del Distrito, pudieran ejercer su trabajo en casa. Su línea de acción apuntaba hacia un confinamiento progresivo.

Ese mismo día, en un mensaje de esperanza, la alcaldesa Claudia López recordó que no era la primera crisis que enfrentaba la ciudad. En 1997 Bogotá enfrentó una situación de riesgo colectivo cuando se rompieron los tubos que abastecían de agua la ciudad desde la represa de Chingaza, ubicada en Parque Nacional Natural Chingaza. La reparación tardaría tres meses en promedio. La administración distrital de aquel entonces, a través de una fuerte campaña pedagógica, llamó a la ciudadanía a cumplir con una meta de ahorro en el consumo de agua del 15%. Se llegó a un 25% y el ejemplo de cultura ciudadana caló en la conciencia nacional. En el 2009 Bogotá enfrentó una crisis salud pública, que llevó a la declaratoria de pandemia a causa de la gripe A H1N1, cuando se sospechó de más de un millón de ciudadanos contagiados, se contabilizaron 13.375 mil casos probables, se confirmaron 1.810 contagios y fallecieron 72 personas. Estas experiencias nos enseñaron que las crisis no solamente se superan, con ellas se crece como ciudadanía, sostuvo la mandataria distrital.

Convencida que la medida más acertada era sacar a las personas de las calles, las oficinas, los centros comerciales, cines, restaurantes, escuelas y demás sitios de asistencia masiva, López presentó una propuesta para garantizar el confinamiento ciudadano y evitar la presencia en oficinas al máximo. En su Twitter escribió: “También adoptamos 3 horarios diferenciales para todos los empleados del distrito: 1. De 7 am a 4:30 pm. 2. De 10 am a 7:30 pm y 3. De 12 a 8:30. Estas medidas no sólo cuidan a los empleados del distrito y la ciudadanía, sino que permiten reducir aglomeración en el transporte público”. Ese mismo día, haciendo eco de los llamados de varios ciudadanos, y resaltando los ejemplos de otros países, como Argentina, que había restringido los viajes procedentes de Europa y Estados Unidos, Perú, Bolivia e Italia que habían cerrado sus terminales aéreas, la alcaldesa pidió al gobierno nacional que decretara el cierre de vuelos internacionales, y considerara la posibilidad de entablar un diálogo directo con las autoridades de Venezuela para definir el manejo de la frontera, pues su cierre obligaba a las personas a cruzar por trochas y pasos ilegales, sin ningún tipo de control sanitario. El jefe de Estado, que parecía observar con recelo las iniciativas de la alcaldesa desde la ventana de su despacho presidencial, guardó silencio. y el país lo advirtió.

Entonces decidió salir de nuevo al ruedo, y en un súbito cambio de opinión, Duque ordenó suspender las clases presenciales en todos los colegios del país (públicos y privados) y que los niños estudiaran desde sus casas durante un periodo de tiempo indefinido. Era la misma medida que venían adoptando los gobiernos de otros países, y era lo que la ciudadanía esperaba y exigía a través de las redes sociales, así como impartir mayores controles de bioseguridad en el aeropuerto El Dorado. Dos días después de este anuncio el gobierno sancionó el decreto legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, medida que además incluía el aislamiento preventivo obligatorio para personas mayores de 70 años desde el viernes 20 de marzo hasta el domingo 31 de mayo.

No obstante, pese a los esfuerzos del presidente, el país requería medidas más radicales. La alcaldesa López siguió adelante con la aplicación del decreto de simulacro (090) que limitaba la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital entre el jueves 19 de marzo a las 23:59 y el lunes 23 de marzo a la medianoche, a excepción de las personas y los vehículos que cumplieran funciones indispensables, como abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad, prestación de servicios administrativos, operativos o profesionales en áreas de salud, cuidado institucional o domiciliario de mayores, orden público, seguridad general, atención sanitaria o por asuntos de fuerza mayor. La gobernación de Cundinamarca activó un plan de contingencia, Sala de Crisis, Puesto de Mando Unificado -PMU- y habilitó la Línea 123, a la vez que los alcaldes de varios municipios acogieron la iniciativa y se sumaron a ella en un llamado colectivo para que las personas cumplieran con el deber del aislamiento en sus hogares y evitaran desplazarse durante el puente festivo.

La respuesta de la ciudadanía fue positiva, de agradecimiento, apoyo y atención. Todo marchaba muy bien hasta que el presidente decidió sabotear la iniciativa. Alarmado con el liderazgo que tomaba la alcaldesa, y en un intento por restarle protagonismo, Duque, en tono desesperado, sin juego político y marginado por sus tibias decisiones, quiso recuperar el balón a la brava, y en una actuación de “usted no sabe quién soy y yo”, expidió el decreto 418 para dejar en claro que el manejo del orden público para prevenir y controlar el COVID-19 estaba en cabeza del presidente de la República.

“En rueda de prensa, periodistas le preguntaron a la ministra del Interior, Alicia Arango, que si esta medida tumbaría el aislamiento de Bogotá. Arango respondió que el presidente de la República es la cabeza de las direcciones en orden público en la emergencia por el Covid-19”[2]. Su decreto para desautorizar a los mandatarios locales, parecía afirmar que ya no habría toques de queda ni simulacro de cuarentena ni nada, que todas las decisiones de los alcaldes estaban sometidas a la aprobación de la Casa de Nariño. La confusión reinó, la ciudadanía no sabía a quién obedecer y se preguntaba si se mantenía la orden de simulacro impartida por la alcaldesa López y los toques de queda decretados en otros municipios y departamentos del país. Algunos periodistas reaccionaron con enojo, y en Twitter los hashtag #DuqueRenuncie y #DuqueInepto fueron las mayores tendencias durante un par de días, junto a #YoLeHagoCasoAClaudia. A nivel internacional el presidente fue objeto de mofa en varios medios de comunicación.

El nuevo y apresurado decreto, con el que claramente pretendía dar un codazo a la alcaldesa López, indicaba “que las instrucciones, actos y órdenes que el presidente emita serán aplicadas de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. En sentido de este nuevo Decreto, las instrucciones los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. Así mismo, las disposiciones en materia de orden público que expidan las autoridades departamentales, distritales y municipales deberán estar previamente coordinadas con el presidente de la República y deben estar en concordancia con las instrucciones previamente dadas”[3].

La falsedad de la norma que negaba la autonomía de las autoridades territoriales fue denunciada por varios congresistas y gobernantes. Y el malestar y la desconfianza ciudadana aumentaron.

La alcaldesa que parecía haber despertado la conciencia ciudadana sobre la gravedad de la amenaza del virus sin caer en el pánico y la histeria colectiva, respondió con celeridad a la nueva crisis que acababa de propiciar el jefe de Estado y salió a todos los medios de comunicación posibles, para confirmar que el decreto 090 del 19 de marzo de 2020, con el cual se garantizaba el orden público en el Distrito Capital, con ocasión de la Declaratoria de Calamidad Púbica, efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020[4], se mantenía y el simulacro sería de obligatorio cumplimiento, salvando las excepciones ya señaladas.  “No estamos en vacaciones. No podemos poner en riesgo al resto de Colombia. Al contrario. Tenemos que quedarnos en nuestras casas y evitar que, como pasó en Italia, cuando declararon la cuarentena, la gente se vaya a viajar y expandan el virus al resto del país", dijo.

También advirtió que se impondrían multas, incluso sanciones de carácter penal a quienes no acataran estas disposiciones. “El decreto dice que el “incumplimiento acarreará las sanciones previstas en la ley, desde amonestación hasta pena de prisión, según lo previsto en los artículos 222 y 223 de la Ley 1801 de 2016 y el artículo 368 de la ley 599 de 2000”[5]. La medida fue replicada en Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Risaralda, Guaviare, Norte de Santander, Manizales, Cundinamarca, Santander, Meta y Boyacá (incluso este último departamento cerró sus fronteras dos días antes para proteger a la numerosa población de adultos mayores que lo habita).

El simulacro de Bogotá fue tan acertado como toda medida que implique romper la interacción social, aunque no faltaron las voces críticas que señalaron que lo acertado hubiera sido llamarlo “Confinamiento obligatorio de largo plazo”; pues al haberlo llamado simulacro muchas personas no lo tomaran en serio, entendieran mal la medida y optaron por evadirla saliendo de la ciudad, exponiéndose a recoger el virus y a diseminarlo en otros municipios. López, sin ocultar sus disgusto, tomó nuevas medidas frente a quienes interpretaron el simulacro como unas vacaciones. “No habrá plan retorno y los peajes estarán cerrados. Esto es en serio”, afirmó. La Terminal de Transportes de Bogotá, reportó la salida de 3.058 vehículos, con 32.296 pasajeros a bordo de los tres portales. “El miércoles se registró una situación similar, con la salida de 33.000 viajeros en 3.220 buses”[6]. Se impusieron 86 sanciones por violar el simulacro de cuarentena.

El presidente Duque se propuso recuperar su liderazgo perdido -si alguna vez lo tuvo- y salió con una medida de confinamiento que innecesariamente dejaba un día por fuera de la cuarentena, hecho que fue entendido por algunos, como un intento taimado por beneficiar a sectores empresariales afines al gobierno nacional. Del mismo modo como anunció el cierre del aeropuerto El Dorado para vuelos internacionales, luego del lunes festivo, garantizando así el arribo de miles de extranjeros durante el fin de semana porque, según dijo, se trataba de una decisión pensada con el corazón, en consideración con los colombianos que anhelaban regresar a casa y ver a sus seres queridos, decidió imponer una cuarentena de 19 días a partir del miércoles 25 de marzo, dejando sin cobertura el martes 24 de marzo. El decreto 457 de 2020, “que determina las instrucciones y reglas con las que se desarrollará el aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena total nacional) empezaría a regir desde las cero horas del próximo miércoles 25 de marzo en Colombia, como medida para prevenir el contagio del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)”. La alcaldesa de Bogotá, de nuevo tuvo que salir, veloz y precisa, a enmendar el error y extender un día más la vigencia del decreto que ordenaba el simulacro preventivo en la capital, calculando para el martes -como muchos lo anunciaron, y como en efecto sucedió-, una avalancha de personas en la calle, acudiendo a supermercados, bancos, portales y oficinas, en desacato a la norma de aislamiento.

La experiencia de Wuhan, y las recomendaciones de médicos y epidemiólogos de todo el mundo, y las lecciones que nos dejan las tragedias que hoy viven varios países europeos, indican que la única medida efectiva para impedir que el virus se disemine sin control, es el distanciamiento social y la mitigación, por eso se clausuran aeropuertos, se suspendan clases y se cancelan eventos deportivos, conciertos y actividades culturales, y se impone el trabajo en casa. Prevenir el contagio y el colapso en los sistemas de salud exige garantizar el menor contacto físico posible entre personas, evitar las conglomeraciones, reducir la movilidad, los viajes y los desplazamientos y aislar a la población. López lo entendió desde un comienzo, y por ello insistió en que la medida de confinamiento debía ser más amplia y rotunda, y reconoció que era fundamental atender las dificultades económicas de las familias bogotanas.

 “Sea en simulacro o en cuarentena, toda familia tendrá techo y no tendrá que pagar servicios públicos, porque se suspenderá su cobro, entre el 20 de marzo y el 20 de abril”, dijo la alcaldesa, pero dos horas más tarde el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, salió a descalificar la iniciativa, afirmando que esa decisión correspondía exclusivamente a la presidencia. La gente, entre ansiosa y temerosa, miró al presidente, pero éste guardó silencio, y la ilusión pronto se desvaneció.

El martes 24, ignorando la extensión de la cuarentena decretada por la alcaldesa de Bogotá y los reiterados llamados a permanecer en casa, miles de ciudadanos en distintos municipios se comportaron como si regresaran de un largo fin de semana de amnesia colectiva y hubieran olvidado que el virus seguía existiendo, que estaba ahí, en la calle, al alcance de todos, y que protegerse, limitar las salidas y evitar a toda costa los encuentros masivos era la prioridad. Ese día se vieron estaciones de Transmilenio congestionadas, largas filas frente a los supermercados, gente caminando por la calle como si nada distinto a su propia urgencia estuviera sucediendo en la ciudad. Algunos congresistas consideraron que la mejor manera para cumplir la medida, como se hace en otros países, era militarizar las ciudades, lo que de paso evitaría los atracos masivos, ocurridos en Santa Marta y Bogotá. Pero pronto entendimos que la desobediencia no fue solo un tema de anarquía, vandalismo y estulticia ciudadana. La realidad del hambre y la crisis económica que atraviesan muchos hogares obligaron a las personas a salir de sus casas en busca su sustento y a exigir soluciones inmediatas.

Un tercio de los hogares en Bogotá son pobres, apenas si logran sobrevivir en la informalidad laboral (como recicladores, empleadas domésticas sin contrato ni prestaciones, desempleados, vendedores ambulantes o personas que atendían sus pequeños negocios, entre otros) y la suspensión de sus actividades laborales los ponía en aprietos. Sin trabajo ni ingresos diarios no pueden pagar los alquileres ni aprovisionarse de alimentos para resistir la cuarentena. El hambre es tan real como la incertidumbre y la angustia, y la tragedia de la pobreza es enorme y ocurre en todo el país. Por eso la gente salió a la calle, desafío el confinamiento y protestó, pese a la represión de Esmad. ¡Tenemos hambre!, gritaron. Incluso, en el municipio de Soacha y en el centro de Pereira se presentaron saqueos en almacenes de alimentos. Todos pedían ayudas concretas para enfrentar la pandemia, que es planetaria.

El gobierno nacional y las autoridades territoriales vieron el hambre que antes no veían, y entendieron que el confinamiento nos arrastraba hacia una emergencia social sin precedentes, ante la parálisis del mercado, la reducción en la producción, la inversión y el consumo.  Sin soluciones económicas no era viable el confinamiento. De un lado y de otro se anunciaron decisiones y medidas de contención, pero también se presentaron nuevas colisiones.

El presidente, a través del decreto 444, creo el Fondo de Mitigación de Emergencias, e informó que dispondría, a manera de préstamo, de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). La idea de transferir recursos de cuentas regionales para disposición del Ejecutivo, en movidas que a la larga benefician a la banca privada porque en el país no hay banca pública, desató toda una tormenta política. “No nos sorprende, pero sí nos repugna: durante la pandemia más severa del último siglo, lo único que se le ocurre al gobierno es quitarles plata a entes territoriales para dársela a los bancos y asaltar a los trabajadores forzándolos a retirar sus cesantías para superar la crisis”, escribió la periodista Sara Tufano en Twitter. “¡Inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de la emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales y dárselos a bancos y empresas!”, estalló López a la vez que señaló que se trataba de “abuso absurdo que además disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares”[7].

El miércoles 25 a la misma hora, pero en distinto canal, el presidente y la alcaldesa presentaron sus respectivos planes de contención. López anunció que insistiría ante el presidente para evitar el pago de servicios públicos, y brindaría ayudas a todas las familias pobres de la ciudad para que puedan abastecerse hasta el 13 de abril. También informó que se tomarán los centros de salud intervenidos para ampliar la cobertura en la ciudad y se extenderán los plazos para pagar todos los impuestos, incluido el predial para todos los estratos, y también presentó una plataforma para hacer donaciones. “Con respecto al programa Bogotá Solidaria en Casa, la mandataria aseguró que "este ingreso básico de cuarentena lo va a poder recibir todas las familias pobres de Bogotá para cubrir el 70% del gasto para estos 23 días", además, indicó que estas familias recibirán $423.000, mientras que para aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad se les entregará $178.000.

Esto se realizará a través de tres metodologías. La primera, es a través de consignaciones en cuentas bancarias que se comenzarán a hacer el próximo sábado. A quienes no alcancen a hacer el enrolamiento financiero, se les entregarán bonos canjeables en supermercados, mientras que para los más vulnerables y aquellos que no aparecen en las bases de datos, ni los censos, "se les entregará subsidios en especie, para lo que vamos a contar con el apoyo de la Cruz Roja, Makro, Carulla, Éxito y Alkosto", dijo López”[8].

Duque por su parte, a través de su gabinete ministerial, ofreció auxilios a quienes no pertenecen a programas sociales, minimizar los casos de despidos por parte de las empresas, auxilio adicional para los mayores de 70 años desde el mes de abril, aplazamiento del pago de parafiscales. Y propuso adicionar recursos a programas ya existentes, como familias en acción o Colombia mayor, pasando de tres millones de beneficiarios a seis, a través de transferencias directas y subsidios. Todas estas iniciativas son bienvenidas, pues si no se atiende la emergencia social no puede garantizarse la cuarentena, pero es fundamental que las decisiones de los gobiernos territoriales y del gobierno nacional se armonicen y no choquen entre sí. Ello generaría mayor confianza y tranquilidad, y ayudaría a la optimización de los recursos.

La rivalidad entre autoridades por liderar el proceso de reajuste social, sanitario y económico, y ofrecer una respuesta acertada y oportuna, capaz de serenar a la población, en medio de una experiencia totalmente novedosa, miedosa, dolorosa y de proporciones colosales, genera confusión e inseguridad ciudadana. En España esa competencia entre los ministerios de economía y gasto social, profundizó a crisis económica cuando se aproximaba la crisis sanitaria. En momentos de crisis es imperativo que las personas se sientan seguras, tranquilas y confiadas en que las cosas saldrán bien y la crisis será superada del mejor modo y al menor costo posible porque al frente hay una persona sensata tomando decisiones sensatas, pensando en el bienestar de las personas y anteponiendo a cualquier interés, el deber de salvar vidas humanas. Ese liderazgo lo viene asumiendo la alcaldesa de Bogotá, por momentos el alcalde de Santa Marta o el de Chía, entre otros, pero es indispensable que el país sienta que hay una unidad de mando, que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales son aliados y pueden reconocer claramente su prioridad en un momento de riesgo inminente o de profunda alteración.

Millones de colombianos nos preguntamos: ¿Como se sostendrán las familias trabajadoras obligadas a una cuarentena que podría extenderse durante meses? Los auxilios, las transferencias, la solidaridad tienen límites y en algún momento se agotarán, y en ese momento lo más seguro es que el virus siga amenazando la vida, pero la pobreza también. Los gobiernos están diseñando planes de atención prioritaria para la población más vulnerable, pero quienes se ubican en un estrato superior también verán su estabilidad y economía amenazadas ante la imposibilidad de atender sus negocios, realizar sus eventos y gestionar recursos, acudir a sus trabajos o cobrar sus salarios, y no serán beneficiados con esas medidas, con lo cual su futuro se hace más incierto que nunca.  La realidad es que sin trabajo no hay recursos, y sin dinero nadie puede cumplir con sus responsabilidades ni pagar cuotas crediticias, servicios públicos, mensualidades de administración, ni siquiera cubrir los gastos básicos de manutención. Pero no solo eso. La pandemia seguirá avanzando, se registraran nuevos casos cada día, se tendrán que realizar más pruebas y a mayor velocidad, en algún momento habrá que ampliar la red hospitalaria, crear nuevas Unidades de Cuidado Intensivo (UCIs) que no son simples camillas instaladas en un parqueadero o en un pabellón de Corferias, contratar todo el personal médico y administrativo disponible, financiar respiradores artificiales, así sean creados en impresoras 3D, como vienen haciendo a bajo costo ingenieros españoles, improvisar funerarias, cremaciones y entierros. El desafío es enorme y aún no tenemos respuestas para todas las preguntas.

En otros países, que también enfrentan las mismas disyuntivas, sus gobiernos optaron por reducir las tasas de interés a cero, suspender el pago de hipotecas, diferir impuestos y prometer mediante préstamos, liquidez ilimitada a las empresas, en un programa de garantías de la banca pública para préstamos sin un tope máximo, como en Alemania o rebajar las cotizaciones sociales y permitir el pago escalonado de contribuciones sociales de las empresas como decretó el gobierno francés. Pero lo cierto, es que todo es experimental y nadie sabe si funcionará ni que sucederá con las economías de los países; la realidad nos desbordó, y varios organismos internacionales advierten que estamos muy cerca de una recesión económica global que golpeará duramente el empleo.

La solidaridad debe ser hoy más que un lema y los sacrificios deben ser reales, aunque ello tampoco sea suficiente. No se trata más de amordazar el grito de la miseria durante dos semanas. La banca tendrá que sacrificarse y no exigir pagos por créditos, los arrendatarios tendrán que sacrificarse -cuando su manutención no dependa de la cuota- para no esperar pago de alquileres, y el Estado tendrá que modificarse y pagar los servicios públicos de millones de ciudadanos, como propuso la alcaldesa de Bogotá.  Solo con una política de ayuda económica efectiva y concreta, tanto para familias como para empresas, bien sea a través de la exoneración de deudas, créditos blandos, financiación solidaria, etc., será posible mantener a flote nuestro sistema y garantizar que el confinamiento pueda realizarse de manera masiva. Tal vez así logremos sobrevivir como especie, y sostener nuestras sociedades.

Esta crisis, la más profunda que ha experimentado el mundo contemporáneo, exige reformas profundas, novedosas, y pensadas en el marco de una nueva realidad planetaria, pues claramente ningún país saldrá indemne de esta tragedia, que amenaza la supervivencia de una gruesa franja de la población y de nuestro sistema de vida.  La barrera sanitaria, la contención y el confinamiento son hoy la prioridad, como lo enseñan los países en los que empieza a verse una luz al final del túnel, pero es solo una fase para el reajuste de lo que vendrá después. Una vez superada esta crisis -tal vez la más oscura y letal de la globalización, pero no la última- nada volverá a ser igual, y tal vez seamos testigos y artífices forzados de la configuración de un nuevo orden mundial.

En este presente incierto, nuestro mejor recurso es el humanismo. Actuar con generosidad, conciencia, desprendimiento, empatía y valor humano ya no es una opción o una elección circunstancial, es la única alternativa y la última oportunidad que tenemos para poder sobrevivir.

Nota// El Papa Francisco llamó a todas las familias del mundo a unirse en oración para recibir la indulgencia plenaria el próximo 27 de marzo. Seamos católicos o no, unirnos en oración podría dar un poco de sosiego a nuestras almas.

---

[1] La administración, operación y explotación comercial fue adjudicada a la empresa Opain. S. A, que opera como concesionaria del Aeropuerto, y pertenece al Grupo Argos, con el 65% de sus acciones, grupo que a su vez es propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño.

[2] RCN Radio; “Simulacro de aislamiento sí fue coordinado con el presidente: Claudia López”. Bogotá, 18 de marzo de 2020. Consultado en: https://www.rcnradio.com/bogota/simulacro-de-aislamiento-si-fue-coordinado-con-el-presidente-claudia-lopez

[3] Consultor Salud; “Presidente asume el manejo del orden público por el Covid-19 – decreto 418 de 2020”. Bogotá, 19 de marzo de 2020. Consultado en: https://consultorsalud.com/presidente-asume-el-manejo-del-orden-publico-por-covid-19-decreto-418-de-2020/

[4] El decreto, afirma que el 15 de marzo del 2020, en sesión del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, al analizar la situación que se viene presentando en la ciudad por el riesgo de contagio del COVID-19 y atendiendo los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública establecidos en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, particularmente lo consagrado en su numeral séptimo, el Consejo emitió concepto favorable atendiendo la inminencia de calamidad pública que puede generarse en el Distrito Capital.

[5] Revista Semana; “Simulacro en Bogotá: se mantienen las medidas de Claudia López”. Bogotá, 19 de marzo de 2020.  Consultado en: https://www.semana.com/nacion/articulo/simulacro-en-bogota-se-mantiene-las-medidas-de-claudia-lopez/657660

[6] El Espectador; “Casi 32.300 personas salieron de las terminales de Bogotá previo a simulacro de aislamiento”. Bogotá, 19 de marzo de 2020. Consultado en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/mas-de-28000-personas-salieron-de-las-terminales-de-bogota-previo-al-simulacro-articulo-910227

[7] El País; “La gestión de la crisis en Colombia enfrenta los liderazgos de Iván Duque y Claudia López”. Por Francesco Manetto. México, 24 de marzo de 2020. Consultado en: https://elpais.com/internacional/2020-03-24/la-gestion-de-la-crisis-en-colombia-enfrenta-a-los-liderazgos-de-ivan-duque-y-claudia-lopez.html

[8] Revista Semana; Se entregarán $423.000 a las familias más pobres de Bogotá durante la cuarentena”. Bogotá, 25 de marzo de 2020. Consultado en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-ingreso-basico-de-cuarentena-lo-van-recibir-todas-las-familias-pobres-de-bogota-claudia-lopez-articulo-911019