El hombre de atrás II (Déjà vu sistemático)

Entre el 2009 y 2011 estalló el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el DAS, la principal central de inteligencia del país, que reportaba directamente al presidente de la república; la misma entidad que años atrás se había convertido en una empresa criminal al servicio del paramilitarismo, entregando las listas de las personas que debían ser protegidas para que fueran asesinadas, eliminando los antecedentes de narcotraficantes y paramilitares, y realizando montajes judiciales contra opositores políticos, investigadores sociales y periodistas, interviniendo las comunicaciones de voces críticas y defensores de derechos humanos e instalando micrófonos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El DAS fue desmotado, se le cambió de nombre, y sus archivos, en una operación de sortilegio fueron desapareciendo, uno a uno, del Archivo Nacional donde habían sido “resguardados”. Nadie lo impidió.

En 2014 se destapó la llamada Operación Andrómeda, en la que unidades de inteligencia del ejército habían hackeado las comunicaciones de los negociadores de paz del gobierno que participaban en conversaciones con las FARC en Cuba. Por estos hechos 20 uniformados fueron separados de la institución, el hacker Sepúlveda, quien trabajaba en la campaña del anterior candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, fue silenciado y condenando a 10 años de prisión, y los 11 agentes señalados de ser los responsables de la fuga de documentos secretos, incluyendo una lista de periodistas vigilados encontrada en la Central de Inteligencia militar, apenas si fueron interrogados. La Comisión Especial de Investigación interna creada por el ministerio de Defensa, estableció un protocolo para que estos hechos irregulares no se repitieran; protocolo que solo quedó consignado en una cartilla de papel que al parecer nadie leyó. Todo siguió igual o peor.

Para la presidenta del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la jurista Soraya Gutiérrez, las revelaciones hechas por Semana confirman que se trata de una práctica sistemática.

“Estas acciones hacen parte de una cadena de operaciones ilegales que han persistido en las fuerzas militares que incluyen delitos de corrupción perpetrados al interior del Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando Conjunto de Inteligencia, la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, y acciones de interceptaciones realizadas durante varios años  que incluyen la realizada por el Ejército Nacional a través de la “sala gris” que funcionó en la Central de inteligencia y Contra Inteligencia Militar -CIME- y  la  “sala Andrómeda” que funcionó en un local ubicado en el sector de Galerías y que tuvo entre otros objetivos la interceptación a los negociadores de La Habana.

En el marco de estas investigaciones el hacker Andrés Sepúlveda hizo presuntos señalamientos contra el expresidente Uribe Vélez, como lo han publicado varios medios de comunicación, y esto habría motivado la apertura de una investigación preliminar y la orden de inspección y allanamiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia en cabeza de la magistrada Cristina Lombana que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Batallón de Ciber Inteligencia (Bacib) y al Batallón de Contrainteligencia de seguridad (Bacsi) ubicados en Facatativá. Fue precisamente en este allanamiento donde se habría encontrado innumerable información de “perfilamientos” seguimientos, vigilancias, interceptaciones y de los cuales fueron víctimas integrantes del Cajar. Cabe recordar que estos batallones hacen parte de las Brigadas de inteligencia militar, que dependen del Comando de apoyo de inteligencia Militar (Caime) y del comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim)”[1].

Es importante para el país la desclasificación de los archivos de inteligencia para que se conozca la verdad sobre las violaciones cometidas en el marco de operaciones encubiertas y de inteligencia ilegal. “Nos sumamos a la petición efectuada por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que solicitó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la entrega de los documentos relacionados con los seguimientos y espionajes informáticos, “a fin de esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”, afirmó.

Los ciudadanos perfilados no son criminales y no son espiados porque se sospeche que podrían serlo. Todo el entramado es de una ilegalidad insuperable. Se trata de una persecución política, que incluye la estigmatización ideológica y la desviación de recursos públicos para espiar ciudadanos sin antecedentes judiciales, que se caracterizan por tener un pensamiento crítico, cuestionar los modos autoritarios del gobierno, no callar ante los crímenes de Estado, exigir resultados en las investigaciones y avances reales en los procesos judiciales, protección efectiva a los líderes sociales y combatientes desmovilizados, y, sobre todo, la cabal implementación del Acuerdo de Paz, y autonomía en las ramas del poder público. “Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los militares informantes no deben ser tratados como “enemigos internos. Ellos están haciendo un trabajo importante y válido para promover la paz y defender las prácticas democráticas, en un momento crucial para la seguridad de Colombia. Los militares deben reconocer esta labor como legal y legítima, y como esencial para ayudar a las fuerzas armadas a hacer mejor su trabajo, en un momento en que dicha institución corre el riesgo de ser golpeada por la corrupción y el pobre liderazgo”[2].

Esta distorsión entre los objetivos de seguridad y defensa, entre lo que es y cómo debería funcionar la ley de inteligencia del Estado, podría indicar que detrás de este operativo criminal, sistemático y varias veces denunciado, hay una intención política, un afán por intimidar, silenciar y descalificar a quienes exigen al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes. Se trata de una agenda paralela dentro del mismo Estado. La extrema derecha colombiana, comprometida con la defensa de un proyecto político antidemocrático y autoritario, se ha propuesto impedir que se realicen las transformaciones estructurales que requiere el país para salir de la encrucijada de la guerra, fortalecer el sistema de justicia, mejorar las condiciones de vida de las mayorías pauperizadas y, consolidar un genuino Estado social de derecho que aminore la profunda y obscena brecha social que hace que Colombia siga siendo uno de los cinco países más desiguales del planeta.

Esta política sistemática de acoso a la oposición política no puede ser tolerada en ninguna democracia, debe existir algún mecanismo de veeduría y control sobre los organismos de seguridad del Estado para que, sobre la base de principios democráticos, libertades civiles y defensa de los derechos humanos, se impongan límites éticos, operativos y judiciales a la función de inteligencia. No hay proporcionalidad entre el fin y el método, ni se le ha revelado al país toda la verdad. Los operarios que participan en este entramado, no actúan por cuenta propia, ni siquiera un general. Hay una cadena de mando y una orientación política y operativa precisa, que permite crear y sostener una doctrina que se fundamenta en la persecución por motivos políticos e ideológicos.

Que se trate de un capítulo reiterativo en nuestra historia, que cambien las fechas y algunos rostros pero que se sigan vulnerando derechos y valores democráticos en Colombia, no solo nos confirma que ello ocurre y se repite porque las condiciones lo permiten, también que urge una depuración al interior de las Fuerzas Militares y de policía, pero además de ello, es imperativo revelar la matriz de la estructura criminal.

La persecución política en Colombia ha tenido como principal ejecutor al Estado y sus instituciones, civiles y castrenses al más alto nivel, y decirlo no es novedad. Y tampoco es casual, ni se trata de ‘manzanas podridas’, ni de hechos aislados o de la repetición insubstancial de una práctica instaurada en el pasado por oficiales rebeldes a una línea de mando. No. Estos procedimientos hacen parte de la matriz de un proyecto político que se sustenta en conceptos autoritarios y represivos, propios de una dictadura civil o militar. Las consabidas campañas públicas de desprestigio, la creación de perfiles falsos en redes sociales, el acoso cibernético, el uso de drones, la compra de falsos testigos, los asesinatos selectivos, los montajes judiciales, el espionaje y la interceptación ilegal de comunicaciones, la contrainteligencia, el acoso y los actos de intimidación, entre otros, se producen de manera sistemática.

En algunos sectores del país existe una perversa concepción acerca del funcionamiento del Estado, en la que se legitima el crimen y se asume como practica connatural a la función pública de mando, incluso se considera necesaria en aras de la estabilidad institucional a fin de perpetuar un modelo de gobierno excluyente dentro de un proyecto político autoritario. Y algo así solo es factible desde el Estado, desde una precisa y articulada forma de criminalidad de sistema que permita actuar a la sombra y evadir responsabilidades.

El crimen de sistema no es una estrategia aislada ni fortuita, es una política de Estado que requiere planificación y organización, estructura de mando, asignación de roles (diseño y ejecución), una composición operativa para ejecutar órdenes y brindar directrices, y, por supuesto, pleno respaldo oficial. “Los crímenes de sistema incorporan un rol mediato de políticas y prácticas institucionales, incluyendo aquellas necesarias para garantizar su impunidad”[3].

Cuando en Colombia nos preguntamos ¿quién dio la orden de ejecutar a 5.763 jóvenes para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, en esa siniestra práctica conocida como ‘falsos positivos’? ¿Quién dio la orden de poner el DAS al servicio del paramilitarismo? ¿Quién dio la orden de perseguir a la oposición política y poner micrófonos en la sala penal de Corte Suprema de Justicia? ¿Quién dio la orden de convertir una casa del barrio galerías en sede de la Operación Andrómeda y chuzar a los negociadores de paz en La Habana? ¿Quién dio la orden de los entrampamientos a guerrilleros desmovilizados y líderes políticos de oposición? ¿Quién dio la orden de pagar falsos testigos y hacer montajes judiciales? ¿Quién dio la orden de desviar recursos estadounidenses para vigilar y espiar a 130 ciudadanos colombianos?  ¿Quién está detrás de estas prácticas sistemáticas?

No son los mandos medios que terminan expulsados de las instituciones militares, tampoco los empleados que deciden auto inmolarse (porque no tienen opción) ante el altar de justicia cuando la evidencias sobrepasan cualquier alegato de inocencia o defensa política. Ellos no son. Es el hombre de atrás, al autor mediato.

Cuando hacemos referencia al autor mediato hablamos de quien desde la sombra instrumentaliza a terceros, sobre quienes tiene ascendencia, dominio y control, y con quienes comparte una afinidad ideológica, para que sean ellos quienes ejecuten sus instrucciones criminales e ilegales, contando además con diversos filtros humanos que garanticen que ante un fallo en el sistema de encubrimiento un mando medio o bajo asuma las responsabilidades penales, nunca el cerebro de la operación, el hombre de atrás, el Nro. 1, el único protagonista en una estructura de poder, quien desde el mismo Estado, y valiéndose de sus recursos, logra ejecutar un proyecto criminal. No un simple crimen. Un proyecto.

El reconocido jurista alemán, Claus Roxin formuló en 1963 la teoría de la “autoría mediata por dominio de un aparato de poder”, que, según afirma, por ser contraria al ordenamiento jurídico estatal, debía corresponder a un “Estado dentro de un Estado”. La primera forma básica de autoría mediata “acontece cuando aquellos que ostentan el poder estatal, con ayuda de organizaciones subordinadas a ellos, cometen delitos, pues usualmente solo es el poder estatal aquel que puede actuar al margen de la ley, e incluso se verá facilitado cuando no estén vigentes las garantías del Estado de derecho”[4].

Colombia, pese a la recurrencia de sus prácticas criminales, no se ha atrevido a llegar al fondo de la historia para revelar la identidad del hombre que mueve los hilos. Y cuando hablamos de llegar al fondo, no nos referimos a la necesidad judicial de esclarecer los crímenes y los hechos aislados, y sancionar a quienes ejecutan los planes criminales, sino a la necesidad de determinar “el continuo de poder entre determinadores y seguidores para revelar las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada. La tarea del aparato de investigación y de juzgamiento no es “la de sencillamente describir la comisión del acto criminal, sino la de elucidar la operación de los elementos de la maquinaria criminal””[5]. Y es allí a donde tenemos que llegar.

Hay un refrán romano que dice “todos los caminos llevan a Roma”, y en Colombia frente al aparato criminal vigente, se podría decir que conducen al expresidente Álvaro Uribe Vélez, de hecho, sería extraño que no fuera así, pero eso es algo que tendrá que dilucidar la justicia, lo cierto es que debemos ir más allá de su nombre y pequeña estatura para encontrar la matriz de un proyecto que aniquila la democracia y aborta todo ideal de paz.

Aquí los caminos del crimen y la infamia apuntan en una sola y clara dirección, pero mas que un individuo con poder político, financiero, tal vez armado, y hasta la fecha inmune a la acción del justicia, se trata de una apuesta política, de una concepción de país que se opone radicalmente al ideal de justicia, democracia y firme defensa de la vida y de los derechos humanos que requerimos para consolidar una paz real, una paz total.

Mientras la justicia no tome en serio y con valor la decisión de investigar y revelar el nivel de cooptación del Estado por poderes mafiosos y criminales, antidemocráticos y militaristas, estos hechos seguirán repitiéndose, seguirá la oposición política y la prensa libre espiada, perseguida, chuzada o desterrada, el nivel de impunidad se mantendrá entre el 90 y el 97%, y en la cúspide del poder, a la sombra y al amparo de la institucionalidad, permanecerán los hombres de atrás moviendo los hilos de nuestra historia.

Nota// El espionaje ilegal es un ataque al periodismo como valor social y democrático, pero es también una violación al derecho que tiene toda la sociedad de recibir información veraz, libre y oportuna. Cuando se mata la libertad de prensa se mata la democracia.

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[1] Soraya Gutiérrez; “La inteligencia ilegal: ¿una política de Estado?, ¿quién dio la orden?”. Gutiérrez es abogada penalista y presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Consultado en: https://www.pulzo.com/opinion/interceptaciones-ilegales-periodistas-hechas-ejercito-nacional-PP893863?fbclid=IwAR0nAYhHuZfrNSSYCm4MpjpCz-iFWXcW_UrkpSP4y5w2QG_X-HADOEabtEk

[2] Wola; “El espionaje ilegal por parte del ejército colombiano es inaceptable”. Pronunciamiento. Mayo 5 de 2020. Consultado en: https://www.wola.org/es/2020/05/espionaje-ilegal-ejercito-colombiano-inaceptable/

[3] Reed, Michael; “Elementos de peritaje. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 12.531. San José de Costa Rica, 26 de enero de 2010

[4]Omar Huertas Díaz; Carolina Amaya Sandoval; Germán Darío Malte Ruano; “Autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Tras la sombra del mando fugitivo: del dominio y la instrumentalización del delito”. Opinión jurídica. Universidad de Medellín, 17 de febrero de 2013.

[5] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States, Prosecution Initiatives, HR/PUB/06/4, 2006. Tomado de Reed, Michael; Elementos de peritaje. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 12.531.