El hombre de atrás III (Doctrina, práctica militar y crimen de sistema)

La historia de Colombia podría sintetizarse en la imagen del Uróboros, aquel símbolo tradicional de la serpiente que muerde su propia cola, creando un círculo sin fin: el ciclo eterno de la violencia naturalizada, la corrupción consentida y la sistemática violación a los derechos humanos que desde el aparato de poder se perpetúa y se repite sin compasión en el país. En la mitología nórdica la serpiente Jörmundgander crece tanto, tanto, que logra abrazar al mundo entero. En Colombia crece tanto que ha logrado definir -o cooptar- nuestra historia y casi, casi, asfixiar nuestros sueños.

Hace varias semanas estalló un nuevo escándalo de chuzadas en el país, uno más, de tantos. Se supo que un sector de las Fuerzas Militares, nada extraño, había intervenido las comunicaciones de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos, sindicalistas, parlamentarios, incluso de miembros de la propia institución castrense, grabado sus conversaciones y definido un perfilamiento de ciudadanos, que, sin antecedentes judiciales, eran vigilados debido a sus convicciones y actividad política. Desde diversos sectores, tanto dentro como fuera del país, se reclamaron investigaciones, se pidió establecer responsabilidades, llegar al fondo de la verdad e imponer sanciones.  No hubo medio de comunicación masivo o independiente que no hablara de las “carpetas secretas” y no se preguntara a quién iba dirigida la información recolectada y con qué fin se estaba llevando a cabo esta violación a los derechos ciudadanos; una práctica sistemática, que de vez en cuando, al hacerse pública, se convierte en un escándalo que perdura algunas semanas, dejando muchas dudas sobre la fortaleza y el carácter genuino de nuestra democracia.

Este hecho, divulgado por la revista Semana, era conocido de tiempo atrás por el Gobierno Nacional, que en silencio venía realizando extrañas maniobras al interior de las Fuerzas Militares, como haber aceptado el retiro del general Nicacio Martínez en diciembre del año pasado, alegando razones personales, justo seis meses después de su impuesta designación, desoyendo reclamos y denuncias que lo comprometían en diversos delitos de corrupción y malversación de fondos y en ejecuciones de ‘falsos positivos’ cuando estuvo al frente de la Décima Brigada Blindada. Aún no hay una explicación convincente para su intempestivo retiro.

La pregunta, la misma pregunta que nos hacemos desde hace seis, nueve, once años, sigue sin ser respondida: ¿Quién ordena espiar en Colombia? Desde el gobierno y sus Fuerzas Militares se evade la respuesta, se niega, se oculta. No quieren -o tal vez no pueden- decir quienes ordenaron, quienes son los hombres de atrás que instrumentalizan a terceros para delinquir. Aún se piensa desde el alto gobierno que sanciones parciales o unas cuantas cabezas caídas son suficientes para saciar la sed de verdad y de justicia de sus contradictores políticos y de la inquisitiva prensa. La apuesta, al parecer, no es llegar al fondo y evitar que estos hechos se sigan repitiendo, es calmar la tormenta política con el sacrificio de algunos hombres, sin afectar la estructura de poder criminal que promueve estas acciones y, que incluso, logra valerse de los recursos del Estado para financiar estos operativos. ¿Quiénes tienen acceso e incidencia en las finanzas del Estado y pueden disponer de los recursos extranjeros?

Para el gobierno era tan previsible el escándalo e imposible de ocultar (ya había llegado a la prensa, y se sabía, pese al lobby hecho, que lo soltaría en “el momento correcto”) que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo no tuvo más remedio que salir a los medios a confirmar “los indicios de irregularidades en inteligencia militar”, e informar que se estaban realizando “cambios en la estructura de mando del Ejército (…) para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia”.

Pero ello no bastó. La investigación de revista Semana informaba que se habrían usado dineros públicos para hacer seguimientos informáticos y “perfilar” a más de 130 personas entre febrero y diciembre de 2019; personas sobre las cuales no existían razones legitimas para el seguimiento, aunque todos tenían un común denominador: no ser cercanos al uribismo; algunos hacían parte de partidos políticos de oposición, defendían los derechos humanos, cuestionaban el gobierno, y no tenían relación con mafia ni paramilitares, además, defendían el Acuerdo de Paz y la salida negociada al conflicto armado.

El ministro de Defensa anunció entonces que diez oficiales del Ejército habían sido apartados del servicio activo, y que un brigadier general había solicitado su retiro de manera voluntaria. “Estos retiros se dieron -dijo Trujillo- en medio de las investigaciones que se vienen haciendo por denuncias de hace meses sobre el presunto “empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar" y con el fin de cumplir la Política Institucional de "cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley" se tomaron estas medidas”[1]. Sin embargo, ni el ministerio de Defensa ni el Comando de las Fuerzas Militares dieron a conocer cuáles eran los cargos de los oficiales retirados ni su identidad. Omisión que, con el tufo del encubrimiento, generó suspicacia.

Las decisiones adoptadas seguían siendo insuficientes. ¿Quién ordenó los perfilamientos ilegales? era la pregunta que desde el gobierno y las Fuerzas Militares nadie quería responder. ¿Cuánto dinero se había desviado para la actividad ilegal?

El diario estadounidense The New York Times se refirió en su informe al uso de recursos que el gobierno de Estados Unidos entregaba para la lucha contra el terrorismo y, principalmente, el tráfico de drogas, para "viejas prácticas" de espionaje, que incluía, a la misma prensa estadounidense. No eran un hecho nuevo. En 2011 el diario The Washington Post denunciaba que la ayuda económica enviada por el gobierno de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla había sido usada para espiar y difamar a jueces y grupos opositores. “El informe del diario estadounidense, en primera página titulado “Ayuda estadounidense implicada en abusos de poder en Colombia”; tiene lugar cuando la Cámara de Representantes de Colombia investiga la trama de “chuzadas” y seguimientos ilegales que afectaron a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)”[2].

Ni antes ni ahora se ha precisado con absoluta certeza la cantidad de recursos desviados ni quien dentro del Estado ordenó que estos fueran destinados a la persecución política. Tampoco se ha querido comprender la dimensión del problema, el contexto histórico que lo permite y la estructura que lo encubre.  Algunas sanciones al interior de las Fuerzas Militares no son suficientes, menos si ellas funcionan como una cortina para esconder las máximas responsabilidades en estos hechos de violación a los derechos fundamentales, minimizar los casos corrupción, algunos revelados recientemente en la llamada ‘Operación Bastón’, y negar el debate de fondo. ¿por qué siguen repitiéndose estas acciones criminales? ¿Qué decisiones de fondo deberían tomarse para que no vuelva a suceder?  ¿Es una falla estructural en la concepción de las Fuerzas Militares o es un recurso permanente propio del funcionamiento del Estado?

Revista Semana lo expuso de manera clara: “Decir de operaciones de inteligencia y contrainteligencia es una forma sutil para hablar del espionaje y contraespionaje que todos los países hacen. La inteligencia estatal es crucial y necesaria, aún más si se cuenta con peligrosos enemigos internos y un vecindario crítico, como es el caso de Colombia. No hay ninguna objeción si esa vigilancia estratégica se ejecuta debidamente. El problema surge cuando se evidencia –otra vez– que la inteligencia está orientada hacia blancos ilegítimos, sin cadena de mando clara, desprovista de controles y con propósitos inciertos”[3].

Los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, presentaron una denuncia formal ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la información “pone al descubierto una trama de acciones ilegales avaladas por sectores de la institucionalidad”.  El debate político obligó a nuevas decisiones judiciales. Pero la verdad se mantuvo esquiva.

El 17 de mayo el país supo sobre la existencia de la ‘Operación Bastón’, con la cual se habían clasificado varias misiones de contrainteligencia desarrolladas a lo largo de varios años por el mismo ejército con el objetivo de identificar y revelar las redes internas de corrupción; pero pese a las publicaciones hechas en todos los medios y a los debates políticos, aún se desconoce su alcance real y los nombres de los implicados. “Bastón abarca cerca de 20 misiones de trabajo. Cada una lleva nombres claves como Falange, Cóndor, Isidoro, Harel, Iñaki, entre otros. En total suman más de cinco gigas de información que contienen 57.538 documentos, contratos, videos, entrevistas y toda suerte de soportes que respaldan cada una de estas investigaciones. En algunas participaron la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Fiscalía General”[4].

Tres días después, con el país en tinieblas, la Procuraduría General de la Nación “llamó a audiencia de juzgamiento disciplinario a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a la Jefatura del Estado Mayor Operaciones, el Comando de Apoyo Combate Inteligencia Militar, Comando Brigada #1 de Inteligencia Militar y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégico #4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información, por presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros”[5].

El sábado 23 de mayo, el ministro de Defensa dio a conocer la Resolución 1464 de 2020, por medio de la cual nueve oficiales del Ejército, señalados de participar en las interceptaciones ilegales, fueron removidos de su cargo de manera temporal. La Corte Suprema aún tendrá que determinar si deben ser retirados de manera permanente o no.

No hay duda que hay preocupación, incertidumbre institucional, que el tema no fue ajeno a la cumbre de generales de hace pocos días, que se están tomando algunos correctivos y se quiere convencer al país de que en efecto hay una genuina voluntad política por aclarar los hechos y llegar a la verdad; aunque tal vez nunca nos dejen llegar a ella, por lo menos no a la matriz del aparato de poder que crea las condiciones para que el accionar criminal se repita de manera sistemática y no se pueda dilucidar la operación ni los elementos que permiten el funcionamiento de la maquinaria criminal. No es de extrañar entonces que los investigadores de la Corte Suprema que indagan estas irregularidades estén siendo amenazados.

“Los oficiales y suboficiales que rastrean el espionaje y perfilamiento ilegal de la inteligencia militar recibieron un mensaje intimidatorio en sus celulares. Los detalles de la amenaza revelan que sabían en qué carros se movían, cuántos hijos tenían y hasta el trabajo de sus parejas”[6].

Según información revelada por los medios de comunicación, los investigadores de la Dijin adscritos al despacho de la polémica magistrada Cristina Lombana Velásquez (señalada de ocultar durante cuatro meses y medio la existencia de las carpetas sobre la operación de espionaje), que fueron intimidados eran los mismos que recolectaban pruebas dentro del expediente 44497 que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe, como presunto y principal beneficiario de las interceptaciones ilegales; y son los mismos que realizaron el allanamiento a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia, por orden de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de diciembre del año pasado. “En aquel allanamiento, los miembros de la Dijin junto a otros uniformados dieron con los miles de archivos, los cuales están siendo hoy verificados y analizados debido a la gravedad de la evidencia respecto al espionaje ilegal”[7].

Una de estas amenazas recibidas por los investigadores decía: “Amigos, buenos días. Quisiera expresarles mis sinceras felicitaciones por su trabajo, son los mejores que he conocido. En tan poco tiempo descubrir tantas cosas realizadas. Quisiéramos expresarles que disfruten de sus trabajos y familias apartándose de lo que hacen en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Están hurgando donde no tienen que hacerlo”.

“Nada tienen que buscar en la Inspección General de las Fuerzas (Armadas), todo está organizado y esos celulares (decomisados en el allanamiento de diciembre) no se podrán desbloquear. No busquen nada en el Comando del Ejército, suficiente con hacerse públicos con el allanamiento y que los medios los conozcan. Disfruten de sus vidas, de esos mellizos, de esa familia. Su esposa es muy buena estudiante de contabilidad, disfrute de su vehículo Renault Simbol (sic), de su hija y de su esposa expolicía”, fue otra de las amenazas que recibió uno de los investigadores.

Estas amenazas confirman el acceso a información privilegiada sobre los investigadores y sus hallazgos, y demuestra que los mecanismos de vigilancia y control externos fallan estruendosamente al interior de las mismas Fuerzas Militares.   Organizaciones sociales y sectores políticos de oposición han solicitado una evaluación de fondo de la ley de inteligencia y contrainteligencia, la misma que hace siete años se ofreció como un instrumento idóneo que “permitiría modernizar y blindar los procedimientos para desterrar prácticas como las chuzadas, seguimientos y perfilamientos ilegales. Pero no ha sido así. Algunos críticos como el propio Jorge Mario Eastman han señalado que la norma tiene fallas de control, como el no exigir que jueces o fiscales avalen previamente las misiones a ejecutar. Varios expertos cuestionan que la ley no hace una distinción expresa del rol de las distintas agencias. Es decir que hay linderos opacos entre la inteligencia militar, policial, judicial y estratégica, y es allí donde aparecen las misiones turbias. “Además, todo mundo quiere dar los grandes golpes y eso hace que unos se metan en los terrenos de otros”, dice un veterano agente de inteligencia”[8].

¿Quién ordenó? ¿A quién iban dirigidos los informes de espionaje y con qué fin se realizaron? ¿De ser Uribe el receptor principal de esta información como se sospecha en varios círculos, la justicia podrá romper sus ataduras y dispondrá de la suficiente independencia y de las garantías necesarias para informarlo y proceder como corresponde?  Aunque fuera Uribe el hombre de atrás, lo cierto es que la tragedia no empieza ni termina con él, pese a que durante sus gobiernos y bajo su injerencia política se profundizaron la corrupción y la degradación moral del país. El tema no es un individuo que opera tras bambalinas (aunque la impunidad premie el delito e induzca a su repetición). Estos hechos reiterados, una y otra vez, nos confirman que hay una criminalidad de sistema que se perpetúa en el tiempo porque las condiciones lo permiten; y más allá de querer revelar las responsabilidades individuales y la realización del acto criminal, es imperioso descubrir la operación de los elementos de la maquinaria que estructuran la sistematicidad, e incorpora un rol mediato de políticas y prácticas institucionales que lo facilitan.  

No basta con que llamen a calificar servicios a una docena de militares, que se inculpen generales, que se modifique la ley de inteligencia en algunos apartes, que se cierren batallones y se cambie el nombre de los departamentos de inteligencia. Nada será suficiente para garantizar la no repetición sino se cambia el concepto fundamental que justifica lo injustificable. Además de voluntad (si la hubiere realmente), de las técnicas, los recursos y las garantías de independencia y seguridad para el desarrollo de las investigaciones, urge sólida y definitiva voluntad política para llegar a la matriz del aparato de poder y entender su real dimensión. Sólo así será posible confrontar su fondo ideológico y limpiar desde el interior. Todo lo demás es y será solo maquillaje.

La encrucijada no es nueva, pero es absolutamente imperioso darle una salida definitiva y romper el círculo sin fin de crimen de Estado, violencia, encubrimiento e impunidad.  Hoy más que nunca es imperativo asumir el reto histórico de profundizar y restablecer nuestra democracia, de liderar los debates de fondo que el mundo reclama, tanto en relación con la corrupción enquistada en las esferas de poder, el coherente manejo de las sustancias de uso ilícito, la preservación de nuestro ecosistema y la necesidad de contar con un sistema social y político confiable e incluyente, y unas Fuerzas Militares, éticas, trasparentes y comprometidas con la búsqueda de una paz real en Colombia. Defender la vida es defender la integridad del Estado (lo que incluye doctrina y práctica en las Fuerzas Militares) y es también luchar por la paz. Ese es el reto que tenemos que asumir; y no da espera.

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[1] El Tiempo; “El Ministerio de Defensa retira a 11 oficiales del Ejército”. Sección Justicia. Bogotá, 1 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/el-ministerio-de-defensa-retira-a-11-oficiales-del-ejercito-por-irregularidades-en-inteligencia-490812

[2] Revista Dinero; “Ayuda económica de EE. UU. habría financiado “chuzadas”. ESCÁNDALO. Bogotá, 21 de agosto de 2011. Consultado en: https://www.dinero.com/actualidad/articulo/ayuda-economica-eeuu-habria-financiado-chuzadas/133708

[3] Revista Semana; “Tras el escándalo de las carpetas secretas urge enderezar la inteligencia”. Bogotá, 9 de mayo de 2020.  Consultado en: https://www.semana.com/Item/ArticleAsync/670160?nextId=670232&nextId=670901

[4] Revista Semana; “¿Qué es la operación Bastón y por qué es importante? Nación. Bogotá, 17 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.semana.com/nacion/articulo/que-es-la-operacion-baston-y-por-que-es-importante/671954

[5] Procuraduría General de la Nación; “Procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército por presuntos perfilamientos de ciudadanos”. Bogotá, miércoles 20 de mayo de 2020. Ver en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-llamo-a-juicio-disciplinario-a-dos-generales_-cinco-coroneles_-tres-mayores_-un-teniente-y-dos-suboficiales-del-Ejercito-por-presuntos-perfilamientos-de-ciudadanos.news

[6] El Espectador; “Amenazan a investigadores que indagan irregularidades de inteligencia”. Por Redacción Judicial. Bogotá, 23 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/amenazan-investigadores-de-la-corte-suprema-que-indagan-irregularidades-de-inteligencia-articulo-920898+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=co

[7] ABC Política; “Miembros de la Corte Suprema estarían siendo amenazados por investigar ‘chuzadas’ del Ejército”. Bogotá, 24 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.abcpolitica.com/miembros-de-la-corte-suprema-estarian-siendo-amenazados-por-investigar-chuzadas-del-ejercito/

[8] Semana; “Tras el escándalo de las carpetas secretas urge enderezar la inteligencia”. Bogotá, 9 de mayo de 2020. Consultado en:

https://www.semana.com/nacion/articulo/escandalo-de-las-carpetas-secretas-debe-motivar-ajustes-en-la-inteligencia/670160+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co