El 'Caso Caicedo' y la institucionalidad como aparato de persecución política
El realismo trágico en la historia política del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
"Sabemos todos que está crisis
colombiana no viene de fuera sino del interior mismo de la evolución de nuestra
historia. Las dolencias de un organismo -biológico o social-irradian del
profundo seno de sus propias contradicciones".
Gerardo Molina, Luis Carlos Pérez, Mauro
Torres
La crisis moral en Colombia (1975).
Nacido en Aracataca, Magdalena, Carlos Caicedo parece
llevar el ‘realismo mágico’ o el ‘realismo trágico’ en las venas. Los ataques
sostenidos en su contra desde diversos sectores políticos y criminales, pero en
especial desde el mismo Estado, rompen todo parangón en la historia de la
persecución política colombiana.
Informes presentados por organismos
internacionales -no por los entidades de seguridad, vigilancia e inteligencia
del Estado- le informaron al país el pasado 7 de julio que existía un plan para
asesinar al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.
“Según la información suministrada y divulgada a
través de medios de comunicación, bandas criminales de la región estarían
detrás de un plan contra el mandatario del Magdalena. […] Colombia Human
Rights Network, con sedes en Washington, Nueva York y New Jersey, y otras
organizaciones nacionales e internacionales advirtieron al Gobierno de su
preocupación por un presunto atentado que se estaría planeando contra el
gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo”[1].
La carta pide se garantice la vida y seguridad del
gobernador, su familia y equipo de trabajo. “Si algo le llegara a suceder, se
confirmaría la falta de voluntad política del Gobierno para garantizar la vida
y seguridad de los sectores de oposición y para liderar un Estado social de
derecho”, advierte. A este llamado se sumó también el Parlamento Europeo, a
través de una carta dirigida al presidente Iván Duque, al fiscal general,
Francisco Barbosa y a los ministerios del Interior y de Defensa, en la que
además se reconoce que Caicedo “ha trabajado en favor de la comunidad y por la
paz”, y “fue líder estudiantil y que impulsó la Constituyente del 91”.
La Defensoría del Pueblo remitió a la Comisión
Interseccional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) las
denuncias de un posible atentado contra Caicedo, advirtiendo claramente sobre
la "existencia creíble de un plan para atentar" contra el gobernador.
Como hecho inusual, la carta ahorra trabajo a las unidades de investigación de
la Fiscalía, al indicarle quiénes serían los posibles agresores: “Orlando
Vergara, alias “El Mono” de la Oficina de Envigado, Jairo Catillo Cantillo
alias “Pinocho”, Zulma Musso Torres alias “La Patrona”, Norberto Quiroga Poveda
alias “5.5” o “Beto” y Elkin Javier López Torres alias “La Silla” o “Doble
Rueda”, sobre quienes aún no se conoce medida alguna.
No es descartable que este plan criminal tenga
relación con una noticia dada a conocer en febrero del presente año por el
gobernador Caicedo, quien informó al país sobre una alianza conjunta con la alcaldesa
de Santa Marta, Virna Johnson, y el Gobierno de Cuba para fortalecer el deporte,
la educación y la salud en Santa Marta; temas en los que la isla ha sido fuerte
históricamente. Sin embargo, el anuncio generó enorme polémica entre sectores de
la extrema derecha, los cuales se pronunciaron afirmando que se estaría “convirtiendo
nuestro territorio en punta de lanza de un gobierno socialista. Nos ha costado
mucho defender la democracia y lo seguiremos haciendo porque es el bien más
preciado que tenemos”. El expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe, afirmó:
“ojalá lo prohibieran, Cuba, con su protección al terrorismo y a Maduro,
utiliza estos convenios para la llegada de su modelo fracasado”[2].
Tampoco se pueden olvidar los grandes negocios que
han encontrado un obstáculo en la actual administración, como el proyecto para
la construcción del puerto multipropósito Las Américas en Taganga, y de
explotación del ecoturismo en el Parque Tayrona, en la Sierra Nevada de Santa
Marta, en el cual estarían interesadas las familias Dávila y Zúñiga, oriundas de
la región, y el mismo Álvaro Uribe, quien ha insistido en “que hay que dar
facilidades a los empresarios para que puedan instalar proyectos de inversión
de infraestructura turística”[3].
El plan criminal de atentar contra la vida de
Caicedo es un hecho más en una cadena de acontecimientos destinados a barrer de
la escena pública y política al mandatario del Magdalena. El 26 de junio pasado
la Fiscalía ordenó una operación de extinción de dominio de 11 bienes pertenecientes
tanto al gobernador como al exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro
Martínez, ambos integrantes del movimiento Fuerza Ciudadana, de centro
izquierda. Según el ente acusador los
funcionarios habrían suscrito contratos “que fueron cuestionados y
representaron una renta ilícita de 4.129 millones de pesos. Los acusados habrían efectuado los contratos
cuando Carlos Eduardo Caicedo Omar era alcalde de Santa Marta entre 2012-2015 y
durante la administración de su sucesor entre 2016 y 2019. Estos inmuebles,
avaluados en más de 766 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros
producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición,
construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales solo uno fue
terminado”[4].
No solo eso. Un día antes, la Fiscalía radicó una
solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra el
gobernador Caicedo Omar por "delito de celebración de contratos sin el
lleno de los requisitos legales, relacionado con la Red de Parques de esa
ciudad". “Según cita el organismo, en 2015 el alcalde habría quebrantado
el principio de planeación al adicionar dos contratos por valores de
$25.443.324.330 y $13.476.017.575, respectivamente. Vale aclarar que todavía no
se ha fijado la fecha de la audiencia para esta diligencia.
Con la extinción de dominios anunciada, la
situación se complicará para el actual gobernador, quien por tiempos de
covid-19, por ahora no perderá sus bienes de forma inmediata. La Fiscalía ha
dicho que el proceso se hará una vez termine el aislamiento preventivo decretado
por la pandemia. Según se sabe que dos de los predios a los que se les aplicó
la medida cautelar -y que están a nombre de los exalcaldes y terceros- están
ubicados en Barranquilla. Además, hay un local comercial en Soledad
(Atlántico); dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en
Santa Marta (Magdalena)”[5].
Caicedo se defendió demostrando que no había
firmado ningún contrato, hecho que fue respaldado por varios sectores democráticos
que pronto denunciaron que se trataba de una persecución política, impulsada
por el órgano de control.
Las nuevas medidas adoptadas por la Fiscalía se
suman a otras adelantadas por la procuraduría dos años atrás, sin haber
obtenido mayores resultados. Las valientes denuncias hechas por Caicedo, desde
cuando era alcalde el Santa Marta, y se propuso revelar, destapar y poner punto
final a un sólido entramado de corrupción en su departamento, en el cual estarían
involucrados personajes de enorme prestancia económica y social, lo pusieron en
la mira de sectores criminales, incluso de la propia institucionalidad.
En mayo de 2019, la Procuraduría, en un fallo de
primera instancia, lo inhabilitó por 12 años para el desempeño de cargos
públicos, por presuntas irregularidades en la contratación de pozos de agua
durante la emergencia por desabastecimiento en la ciudad de Santa Marta durante
el año 2014. El objetivo del fallo era frenar su carrera democrática por la Gobernación
del Magdalena.
En medio de la confusión de la noticia, y cuando
parecía eliminado de la contienda electoral, el ex viceprocurador General de la
Nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, también abogado de Caicedo, confirmó que
sobre el dirigente costeño no pesaba ningún tipo de inhabilidad que impidiera
su candidatura a la administración departamental.
“El fallo
sancionatorio fue apelado, pidiendo en primer lugar que la Procuraduría se
declare incompetente, dado que no puede sancionar a los funcionarios de
elección popular conforme a la Convención Colombiana de Derechos Humanos y
solicitando una anualidad. Por otro lado, una vez se resuelva todo, estamos
pidiendo que se absuelva de todo cargo. […]No tiene ninguna inhabilidad, con
toda tranquilidad las personas pueden votar por el doctor Caicedo. La
inhabilidad que se ha querido transportar aquí, es la que existe en el Brasil
por medio de la cual al expresidente Lula se le inhabilitó para ser presidente;
pero este fue condenado por un tema penal, pero aquí el tema del doctor Caicedo
es disciplinario y no se encuentra en firme, todavía está pendiente el recurso
de apelación”[6].
Finalmente, sin poder frenar su aspiración y su
éxito electoral, pues fue electo gobernador con un aproximado de 290.126 votos,
algo más del 62% del escrutinio, en marzo de 2020, “once meses después de haber
sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, la Procuraduría General de la
Nación declaró nula dicha sanción contra el actual gobernador del Magdalena,
Carlos Caicedo Omar, …interpuesta el 3 de abril de 2019 por las presuntas
irregularidades en la contratación de pozos de agua para Santa Marta durante su
periodo de alcalde de esa ciudad; fue anulada en segunda instancia por el
órgano de control”[7].
La persecución tampoco ha sido novedad en la trayectoria
política de Caicedo, quien desde hace muchos años se dedica de forma paralela a
la defensa judicial y política ante los ataques que sufre por parte del propio
Estado, incluso cuando se propuso como rector de la Universidad del Magdalena rescatarla
del paramilitarismo y la politiquería, sin contar con la protección y el apoyo
que merecería. Pero no está solo del todo, y varias sectores lo han respaldado.
En noviembre de 2018, ante el progresivo acoso por parte de la Fiscalía, la
bancada alternativa del Congreso de la República emitió un comunicado de
respaldo, solicitando al Ministerio Público y a los órganos de control
garantizar la protección del dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana.
“En total fueron 18 los parlamentarios de
diferentes partidos, organizaciones políticas y representativas de personas,
quienes firmaron una carta dirigida a la Fiscalía y Procuraduría General; Defensoría
del Pueblo; entre otras autoridades, con el propósito de dar cuenta de una
posible persecución política de la cual sería víctima el también exalcalde de
Santa Marta. “Hemos tenido noticia de la situación jurídica y las citaciones
enviadas por la Fiscalía - Seccional Magdalena a Carlos Caicedo, dirigente del
movimiento Fuerza Ciudadana, con el que nos solidarizamos y queremos expresar
nuestra más profunda preocupación por una persecución orquestada en cuanto a
denuncias y testimonios por sus opositores, con el único propósito de darle
muerte política al mismo y a sus dirigentes”, reza en la misiva”[8].
Desde su periodo como alcalde de Santa Marta, Caicedo,
además de impulsar una agenda social sólida y enfrentarse a mafias locales, ha
denunciado graves hechos de corrupción, algunos de los cuales involucran “a los
exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar,
señalados por la Fiscalía de recibir sobornos por parte de la antigua empresa
de Recaudos y Tributos (R&T), filial de la multinacional española Inassa,
propietaria de Metroagua, cuyas concesiones y exfuncionarios también fueron
acusados por el excandidato a la jefatura de Estado.
“Esa denuncia me valió una investigación en mi
contra por parte de la Procuraduría con el fin de frenar el proceso que
habíamos adelantado. Inclusive, el excontralor distrital, le pidió al
presidente que me retirara del cargo como alcalde porque le preocupaba que
fuéramos a fondo contra Inassa. Los políticos del Magdalena también impulsaron
dicha investigación en la Fiscalía para que yo fuera detenido porque aquí hay
un sistema de corrupción que afecta a las instituciones privadas y públicas”,
dijo Caicedo.
Conforme a ello, los senadores y representantes
también resaltaron en el oficio las 48 investigaciones penales vigentes contra
Caicedo, justo después que éste se postulara como precandidato presidencial. “Se
identificó un aumento significativo de las investigaciones adelantadas en
contra del mismo en el último año. El número de procesos penales aumentó en un
37%, lo que corresponde a 13 investigaciones nuevas”[9].
¿Qué hay detrás de esta evidente persecución
contra el gobernador del Magdalena? ¿Quién tiene interés en acabar con la
trayectoria y la carrera política de quien se ha convertido en un destacado
líder de izquierda en los últimos años?
Caicedo se ha convertido en un dolor de cabeza
para el uribismo y sus aliados. “No solo derrotó a los Cotes, derrotó al
Uribismo y a todos los partidos tradicionales que se jugaron todas sus cartas
en el Magdalena con el sobrino de la exgobernadora, con quién seguramente
habían adelantado pactos para repartirse carteras, hospitales, corporaciones y
territorios, como el tan anhelado Parque Tayrona, al cual Uribe viene asechando
hace varios años. Que un líder provinciano sea destacado a nivel nacional sobre
aquellos políticos tradicionales acostumbrados a no tener competencia, ni a
estar por debajo de nadie, seguramente debe doler en lo profundo al centralismo,
que ven a departamentos como el Magdalena, como una caja menor a la que saquean
año tras año y que solo visitan en elecciones para ver cuántos votos compran. Lo
que hizo Carlos Caicedo en el Magdalena no tiene precedentes, cambió la forma
de hacer política, puso a la gente a opinar, a reclamar derechos, a no dejarse
meter el dedo en la boca y por si fuera poco, puso a los gamonales y clanes
políticos a recorrer los pueblos para ganarse el cariño de la gente, porque se
dieron cuenta que ya no los podían comprar con dádivas, sino con ideas”[10].
Por
eso y más, Caicedo es incómodo para los poderes políticos tradicionales, que no
solo no se resignan a haber perdido el control político del Magdalena, les
talla la presencia de un mandatario con agenda social, que además los
cuestiona, los confronta y no cabe en sus “nóminas” paralelas. Caicedo propone un cambio sustancial
en la cultura política nacional, pero ese llamado genera enorme resistencia, en
especial entre quienes aspiran a mantener el mismo modelo, que ha sido tan
lucrativo para clanes políticos afianzados a través de la corrupción, alianzas
paramilitares y dineros de la mafia. Pero el ‘Caso Caicedo’ es más que un
hombre que desafía la hegemonía del poder. Se trata de la muestra de una profunda
contradicción en nuestra democracia porque en democracia no puede existir
persecución política.
Hace tres meses en una entrevista para la revista Semana
Caicedo afirmó que la decisión de la Fiscalía era parte de un complot político
y no un caso jurídico de fondo. "Este embargo lo había adelantado la
Fiscalía desde el año pasado, pero entonces parece un ‘fake news’ o un
refrito". Según el gobernador, los cargos y delitos señalados por el ente
acusador no son los correctos. "Aquí no hay enriquecimiento ilícito, esa
no es la figura, ni tampoco peculado por apropiación sino a favor de terceros.
No firmé ningún contrato por eso nunca estuve privado de la libertad",
recalcó. Asimismo, explicó que cuando fue alcalde de Santa Marta solo hizo una
recomendación para la remodelación de los centros de salud para atender a la
población vulnerable, pero no firmó contratos. Además, insistió en que, de los
cinco centros de atención, cuatro se terminaron y están en uso para la
población, pero uno quedó pendiente por la intervención de la Secretaría de
Salud”[11].
No es la primera vez que un funcionario o político
ajeno al establecimiento y a los partidos tradicionales se convierte en blanco
de los ataques de los organismos del Estado, y tal vez no sea la última vez. La
institucionalidad utilizada para la persecución política la vimos cuando el
procurador Alejandro Ordoñez enfilo su artillería contra el entonces alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, quien pese a todo logró terminar su mandato en medio de
enorme dificultades; también contra la exsenadora liberal Piedad Córdoba en
2010 (fallo que en 2017 tumbó el Consejo de Estado, ordenándole a la Procuraduría
pagarle una indemnización de $1.800 millones por haberle quitado sus derechos
políticos),[12]
y contra el exalcalde de Medellín, el escritor Alonso Salazar, quien luego de
ser destituido e inhabilitado por 12 años le ganó la batalla al sórdido
procurador cuando el Consejo de Estado le dio la razón. Hace un par de semanas
el país vio con estupor como el sargento Juan Carlos Díaz, quien había denunciado
la violación de una niña perteneciente a la comunidad indígena Embera Chamí,
cometida por 7 soldados, terminó expulsado de las fuerzas militares. En Colombia
esta haciendo carrera, y desde hace años, una recurrente práctica, peligrosa y antidemocrática,
con graves consecuencias en el orden social, político, cultural y judicial, que
consiste en utilizar los cargos de máxima responsabilidad del Estado, como los órganos
de control y vigilancia, para la persecución política. Es muy grave el mensaje
que recibe la ciudadanía: es mejor callar y no denunciar, no cuestionar al gobierno,
no exigir transparencia y no afectar los intereses, negocios y nombres de
quienes detentan el poder o son cercanos a él, porque podrían convertirse en
objetivo de algún tipo de retaliación; que bien podría ir desde la destrucción
de su familia, la carrera profesional, la honra y el buen nombre hasta la persecución,
la judicialización y la muerte.
Carlos Caicedo ha demostrado ser un fuerte contrincante,
que con acierto jurídico ha logrado evadir los golpes que le lanza el mismo
sistema, donde se hace evidente que no se trata de un legítimo ejercicio de
control y veeduría en aras de garantizar la transparencia en la administración
publica y velar por los intereses públicos y los recursos de la nación, sino de
una clara persecución política. El ‘Caso Caicedo’ expone sin ambages el rostro débil
y porfiado de nuestra propia democracia. Ya no se trata solo de una democracia
formal que subsiste en medio de una obscena y extrema desigualdad social,
permeada por la mafia. Ahora se trata de los instrumentos y recursos de la
democracia enfilados contra ella misma, para volverla una caricatura, un
sistema aprisionado en sus propias contradicciones, sometido mansamente a los
intereses de partidos y políticos egocéntricos, cuyo afán es el poder por el
poder y la obscena riqueza, y aún creen que es viable sostener un sistema dominado
por una deleznable anarquía moral, una fuerte decadencia social, y el perpetuo maridaje
entre narcotráfico y política, hoy más evidente que nunca bajo el actual
gobierno. Esta miopía, histórica, nos ha impedido concretar importantes avances
sociales, construir un país con reales opciones de paz y progreso, y profundizar
nuestra democracia. Los ataques contra Caicedo desde los organismos de control
del Estado y el uso de las instituciones para poner freno a su carrera política
revelan la peligrosa fragilidad de nuestra democracia, y son un ataque directo
a su corazón.
Hay quienes afirman que Colombia es un Estado
fallido y un país inviable. Inviable no es el país, es esta parasitaria clase
política de lumpen-burguesía que hizo de nuestra tierra y nuestra democracia un
negocio lucrativo de minorías. Y es en ese terreno donde debemos luchar para
rescatar nuestro país de los confines de un narcoestado.
Nota //: Piedad Córdoba anunció que se
retira de la política, se cansó de la persecución, de la soledad en un mar de
tiburones donde la solidaridad se hace esquiva, cada cual defiende lo suyo y
olvida con facilidad el proyecto que los llevó a levantar, alguna vez, las
banderas del cambio, por un país posible, justo y sobre todo genuinamente democrático.
Ojalá no sea un retiro definitivo, por el bien de nuestra adusta democracia.
[1] Revista Semana; “Denuncian plan para
atentar contra el gobernador Carlos Caicedo”. Bogotá 7 de julio de 2020.
Consultado en: https://www.semana.com/nacion/articulo/denuncian-plan-para-atentar-contra-el-gobernador-carlos-caicedo/685427
[2] El Tiempo; “Polémica por anuncio de
convenios entre gobiernos del Magdalena y Cuba”. Bogotá, 18 de febrero de 2020.
Consultado en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/polemica-por-anuncio-de-convenios-entre-gobiernos-del-magdalena-y-cuba-463434
[3] El Heraldo; Negocio turístico en Tayrona
desata batalla política y económica”. Barranquilla, 2 de octubre de 2019. Consultado
en: https://www.elheraldo.co/magdalena/negocio-turistico-en-tayrona-desata-batalla-politica-y-economica-669755
[4] Revista Semana; Fiscalía embarga
bienes de Carlos Caicedo y Rafael Martínez”. Bogotá, 26 de junio de 2020.
Consultado en:
https://www.semana.com/nacion/articulo/extincion-de-dominio-a-bienes-de-gobernador-caicedo-y-exalcalde-de-santa-marta/682239+&cd=8&hl=es&ct=clnk&gl=co
[6] Carlos Caicedo Página oficial; “Exviceprocurador
Gómez Pavajeau confirma que Caicedo no está inhabilitado y puede aspirar a la
Gobernación”. Santa Marta, 3 de mayo de 2019. Consultado en: https://carloscaicedo.com.co/exviceprocurador-gomez-pavajeau-confirma-que-caicedo-no-esta-inhabilitado-y-puede-aspirar-a-la-gobernacion/
[7] El Tiempo; “Procuraduría declara nula
sanción contra gobernador del Magdalena”. Por Roger Urieles Bogotá, 3 de marzo
de 2020. Consultado en:
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/procuraduria-declara-nula-sancion-por-presunta-corrupcion-contra-caicedo-468534
[8] El Tiempo; “Denuncian persecución política
contra Carlos Caicedo”. Bogotá, 8 de noviembre de 2018. Consultado en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/denuncian-persecucion-politica-contra-carlos-caicedo-291164
[10] Las2orillas; “Carlos Caicedo, el nuevo
dolor de cabeza del uribismo”. Por: José Luis Simanca. Bogotá, 14 de mayo de
2020. Consultado en: https://www.las2orillas.co/carlos-caicedo-el-nuevo-dolor-de-cabeza-del-uribismo/
[11] Semana; Carlos Caicedo dice que
acciones de la Fiscalía en su contra parecen 'fake news'”. Bogotá, 26 de junio
de 2020.
[12] En noviembre de 2017, la entonces
precandidata presidencial, Piedad Córdoba, anunció a través de su página web, que
el pago de esa justa indemnización sería destinado a un patrimonio autónomo
para apoyo de iniciativas de mujeres emprendedoras, madres cabeza de familia,
artistas, indígenas y deportistas “para generar una serie de microcréditos que
les permitan realizar proyectos.
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