La mancha que siempre cargará Colombia
Un primer paso sería dejar de llamarlos “Falsos Positivos”. Un homicidio no es positivo. La muerte violenta de un ser humano por acción de otro no es positiva. Ni es motivo de orgullo. Es una derrota para la humanidad y la razón.
Los Falsos Positivos son asesinatos a sangre fría de ciudadanos indefensos, incluso niños con discapacidad, cometidos por agentes del Estado, con armas del Estado, para montar un falso combate y escenificar un aparente éxito político y militar, en el que además se incurre en múltiples agravantes, como premeditación, insidia, alevosía, promesa remuneratoria, aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, abuso de función o cargo, y dolo, más obstrucción y alteración de la escena, con el objetivo de obtener un beneficio político, social o económico. Son, en definitiva, homicidios que se cometen de modo intencional y se disfrazan de acción defensiva de guerra para asegurar impunidad, calumniar a la víctima y engañar a la sociedad. Un acto atroz y deshonroso.
Hace nueve años, la fiscal de las Corte Penal Internacional, sostuvo que había bases razonables para considerar que los mal llamados Falsos Positivos fueron una política de Estado, y que estos asesinatos podrían considerarse crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. También advirtió que Colombia seguiría siendo objeto de examen preliminar, antes de decidir si abriría investigación formal o no. Aún el país se pregunta ¿por qué no se ha abierto la investigación?
El gobierno nacional con unos pocos avances en materia de justicia, como sentencias a algunos cuantos soldados y suboficiales, se propuso frenar la intervención de la justicia internacional, demostrando que no todos los recursos nacionales de habían agotado, no obstante, investigaciones independientes y las recientes declaraciones de la JEP, al anunciar que investiga seis mil 410 casos, y afirmar que “entre 2002 y 2008 se registró el 78% del total de esta histórica victimización”, confirman una absoluta falta de voluntad por parte del Estado para llegar a la verdad del horror, reconocer y reparar a las víctimas y revelar tanto la identidad de los autores materiales e intelectuales, como las condiciones, acciones y decisiones que hicieron posible que se cometieran estos crímenes tan monstruosos a lo largo de décadas, en casi absoluta impunidad.
Frente a los crímenes de sistema y el deber de investigar, entender, sancionar y proscribir, Michael Reed, perito ante la CIDH por el caso de Manuel Cepeda, en el marco del genocidio de la UP, ofreció un argumento que bien se podría aplicar muy bien para este caso. “El objetivo de una iniciativa de judicialización de estos crímenes -afirma-no es sólo esclarecer lo acontecido en hechos aislados, sino determinar el continuo de poder entre determinadores y seguidores y explicitar las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada. La tarea del aparato de investigación y de juzgamiento no es “la de sencillamente describir la comisión del acto criminal, sino la de elucidar la operación de los elementos de la maquinaria criminal”.
El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia a ciegas en campos de batalla ficticios, escrito entre otros por el oficial (r) de la Policía, Omar Eduardo Rojas, documenta cerca de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Rojas, con una trayectoria de 31 años en la policía, según el diario británico The Guardian, describe en su libro cómo el ejército mató sistemáticamente a civiles para aumentar el recuento de cadáveres. Afirma que fueron homicidios meticulosamente planificados y llevados a cabo por todos los rangos militares, contra ciudadanos vulnerables, pero también incluía entre sus víctimas a un puñado de militares sospechosos de denunciar o querer denunciar.
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