En Colombia la democracia languidece y se fortalece el autoritarismo mafioso

“En un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando porras. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda (manufactura del consenso, creación de ilusiones necesarias), marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía”

(Chomsky, N., 1993)

 

Las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Iván Duque, ante la emergencia social y económica del país, acrecentada con la pandemia, no buscan rescatar a las pequeñas y medianas empresas ni disminuir la brecha social que hace que Colombia siga ostentando el título del segundo país más desigual del mundo, y tampoco busca mejorar las condiciones de vida de un 39% de la población en situación de pobreza (según cifras oficiales). Las nuevas medidas del gobierno buscan garantizar la financiación de las próximas campañas electorales del uribismo y de la derecha política con dinero de los grandes empresarios, destinando para ellos importantes recursos públicos, bajo el sofisma de “subsidio”, y también busca asegurarse, a punta de corrupción y mordaza paga, una prensa sumisa a las demandas e intereses del gobierno; es decir muda cuando les convenga al partido del jefe de Estado, a su mentor y aliados, y altisonante e inquisitiva con la oposición.

Los recursos del Estado empiezan a desviarse para beneficio político del proyecto uribista que hoy detenta el poder en Colombia, incluso llegando al exabrupto de apropiarse de los organismos de control, como Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del pueblo, para convertirlos en garantes de impunidad como filiales del Ejecutivo. Hace cinco meses la organización ‘Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos’, afirmó que todos estos nombramientos “lejos de favorecer el control de la función pública, favorecen la concentración de poder en el Ejecutivo”, y es así. Es como si viviéramos bajo un régimen dictatorial y autocrático y no en una democracia.

No es accidental que la revista Semana haya pasado de ser un medio de comunicación creíble, respetable y tradicional -siendo la única revista de actualidad política en las últimas décadas en el país, (luego de la desaparición de la revista Cambio 16)- a un órgano propagandístico del proyecto uribista, que para su fin se vale del engaño, la manipulación, la tergiversación histórica y la persecución ideológica. Tampoco es casual la convocatoria de “subsidio a los medios” presentada por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), hace tres semanas, bajo el pretexto de fortalecer la prensa, pero no la independiente o alternativa, sino los medios más influyentes y con mayores recursos y capital. Tampoco es accidental que en año pre electoral el gobierno le haga un guiño a los grandes emporios que se han caracterizado por invertir cuantiosos recursos en campañas electorales, ni que se destinen más de 85 mil millones de pesos para “apoyar” a los grandes amos del capital en Colombia. “La periodista Paola Herrera, en La W, reveló un listado de las empresas que recibieron recursos del Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, del Gobierno Duque. Las empresas beneficiadas con la mayoría de estos dineros se ubican en las categorías de “grandes” y “muy grandes”. Es decir, los grupos económicos más ricos fueron los que recibieron el apoyo del Estado; mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas quedaron en la inopia.

Entre las compañías de los grupos o empresarios más poderosos de Colombia que obtuvieron el subsidio del Gobierno se destacan: Sarmiento Ángulo [el banquero más rico del país, dueño también del fondo de pensiones más cotizado de Colombia: Porvenir y de varios medios de comunicación, entre ellos la Casa Editorial El Tiempo, Citytv y Portafolio]; Ardila Lülle [propietario de RCN radio -la Cadena Radial más importante del país (de acuerdo al número de emisoras propias, filiales y arrendadas- y del segundo canal de televisión con mayor audiencia: Canal RCN) Santodomingo y Gilinski.

Del magnate Luis Carlos Sarmiento Ángulo, que financió en un 66 % la pasada campaña presidencial del uribismo, se destacan tres de sus empresas que recibieron la ayuda: Casa Editorial El Tiempo, Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina.

Esta última es una filial del Grupo Aval-Corficolombiana que tiene a cargo el corredor entre Bogotá y Villavicencio, y, recordemos, este le ha significado exorbitantes utilidades, no solo por las adiciones que ha tenido el contrato, también, por los elevados costos de los peajes, sumado a las pocas sanciones que le ha puesto el Gobierno pese a sus incumplimientos.

Jaime Gilinski Bacal, considerado el segundo hombre con más fortuna en el país, según la revista Forbes, fue otro de los empresarios que accedió a dineros públicos para pagar la nómina de algunas de las empresas de su grupo tales como: Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Esta última, a cambio, se convirtió en la revista del partido de Gobierno.

La Organización Ardila Lulle, que cuenta con una fortuna acumulada de USD 1800 millones, según Forbes, fue otra de las que pidió plata y salió beneficiada. Por ejemplo, están: Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional (sí, hasta para sus futbolistas hubo primero subsidio), RCN Televisión (cuya filiación es por todos conocida), RCN Radio y Win Sports.

De Alejandro Santo Domingo, que también aparece en el ranking de los hombres con más dinero en nuestro país, hay tres empresas que supuestamente necesitaron la contribución gubernamental y fueron: Cine Colombia, Caracol Televisión y los hoteles Decamerón.

La familia Echavarría, uno de los conglomerados más importantes de Antioquia, también acudió a estos auxilios económicos para sus empresas: Almacenes Corona, Sodimac, Homecenter y Falabella Colombia (en las dos últimas cuentan con una importante participación accionaria)”[1].

Tampoco es extraño que la bancada de Cambio Radical (partido político de derecha, y uno de los que más escándalos de corrupción ha afrontado en el país) presentara, con el respaldo de treinta congresistas, un proyecto de ley “para ayudar” a los medios a conseguir ingresos más fijos. Por ello propuso “eximir a los medios de pagar renta entre 2025 y 2044; eximir a los dueños de los medios de pagar renta por los dividendos que les paguen las empresas de medios, siempre y cuando mantengan esas empresas por lo menos cuatro años (las utilidades de 2021 se podrían repartir en 2026 sin impuesto); eximir del IVA a la pauta en los medios; restar de la renta el 75 por ciento de lo que gaste cualquier empresa o persona en servicios de comunicación o publicidad en medios impresos, hasta 2025; reducir los pagos de parafiscales de los medios que contraten formalmente a periodistas entre 2021 y 2024; permitir a las personas restar de su impuesto de renta el valor de una suscripción a un medio; y permitir que el Estado asuma el pago de hasta el 30 por ciento de la materia prima e insumos para los medios impresos”[2], entre otras gabelas.

Pero eso tampoco es suficiente. Ni el espacio televisado que a diario sufrimos en todos los canales nacionales, y que contrario a lo que susurran los aduladores que rodean al “jefe” de Estado no ha servido para superar su crisis de popularidad ni para hacernos creer que su gobierno tiene algún rumbo definido. Por ello, está creando, a expensas del Sistema de Medios Públicos RTVC, su propia plataforma de comunicaciones, con un costo entre 280.000 y 300.000 millones de pesos anuales, la que, sin duda, espera sea crucial en tiempo electoral. Ese es su objetivo: manipular y mentir para ganar; hacer propaganda con recursos ajenos. Como escribió Daniel Samper Pizano en su columna de Los Danieles “las ambiciones y los sueños de los gobiernos en materia informativa rara vez coinciden con los de la democracia y la ciudadanía”. 

La estrategia de utilizar a los granes medios como armas para la coacción ciudadana y la manipulación de las emociones humanas al servicio de los grandes dueños del poder político y financiero del país no es novedad ni se lo inventó el uribismo. Es lo que el lingüista e investigador norteamericano Noam Chomsky ha denominado la “Manipulación mediática”, a través de las macroempresas de comunicación que procuran mayor poderío sobre las masas que deben ser cegadas y distraídas de la realidad, a fin de moldear estructuras sociales funcionales al proyecto dominante.

Los medios convertidos en órganos de propaganda fueron exitosamente utilizados por el Tercer Reich.  En la enciclopedia del Holocausto hay un capítulo titulado “Propaganda Nazi” se lee lo siguiente:  "Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia, y posteriormente durante la dictadura, con el fin de facilitar la persecución, la guerra y hasta el genocidio. Los estereotipos e imágenes de la propaganda nazi no eran nuevos, pero el público al que estaban dirigidos ya estaba familiarizado con ellos.

Hechos clave: 1. Los nazis eran habilidosos propagandistas que usaron técnicas sofisticadas de publicidad y la tecnología más moderna de la época para diseminar sus mensajes.  2. Una vez que subió al poder, Adolf Hitler creó un Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda para darle forma a la opinión y a la conducta del público alemán. 3. La propaganda nazi jugó un papel integral en el avance de la persecución y finalmente de la destrucción de los judíos de Europa, ya que incitó el odio y fomentó un clima de indiferencia por su destino”[3].

Es lo mismo que pretende hoy el uribismo; jugar la conocida estrategia que llevó a la derrota del plebiscito por la paz en 2016 a través de la construcción de una amenaza latente denominada “castrochavismo”, de la propaganda negra (escuela JJ Rendon), la expansión del odio y del miedo en una sociedad fragmentada e incapaz de asumir una posición crítica y reflexiva, empleando la calumnia como arma de dominación política, ¡como si la realidad no nos demostrara cuán lejos estamos de ser un verdadero Estado Social de derecho, de bienestar, justicia y progreso! 

Lo que no advierten -hecho que juega a favor de la vida, la paz y la anhelada justicia histórica- es que como no miran al pueblo, no lo escuchan, no lo sienten, y su dolor no los toca, no se dan cuenta que la gente está absolutamente cansada de pasarla mal mientras ellos, los que gobiernan, la pasan tan bien; esta hastiada de las mentiras, del manoseo, de las ínfulas de monarcas de una élite despreciable que mira con desdén al pueblo que suele explotar. No se han enterado que el hambre no se soporta en silencio a perpetuidad y que la injusticia tarde o temprano enciende la llama de la rebelión. Estamos llegando al punto en el que lo que no se dio por las buenas ni por las malas se convierte en un imperativo social y es la misma dinámica de la historia la que hace que suceda de modo irreversible. Estamos llegando al punto en el que cambio empieza a ser inevitable. 

 

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[1] La Oreja roja; “Estos son los millonarios subsidiados por el Gobierno mientras las pymes quebraban”. Bogotá, 23 de febrero de 2021.

[2] La Silla vacía; “El subsidio del Gobierno a los medios crea más riesgos que beneficios. Bogotá, 9 de marzo de 2021

[3] United States Holecaust Memorial Museum; “Propaganda Nazi”. Enciclopedia del Holocausto;