Insomnio y malestar en el oriente de Bogotá

 

Los piques ilegales son el alarde mafioso de una sociedad que habita y se complace en la ilegalidad con la complicidad y aquiescencia de las autoridades civiles y de policía, que no pueden negar lo que sus sentidos registran en cada amanecer.

Bogotá, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022. 

Noche tras noche, los vecinos de la Avenida Circunvalar de Bogotá sufren a causa de las ruidosas carreras ilegales de motos, conocidas como ‘piques’, que se prolongan hasta el amanecer sin que intervenga autoridad alguna. Afirman que el epicentro de estas actividades “clandestinas” se ubica a 30 metros de la Estación de Carabineros Parque Nacional, y que los motociclistas se concentran en la bifurcación que divide la Avenida Circunvalar en dirección norte y sur y avanzan hasta el CAI de la policía en Monserrate para devolverse por la vía Circunvalar sur-norte a máxima velocidad. La reunión principal se realiza frente a la Estación de Carabineros todos los jueves de 10 pm a 1am, aun cuando es común que realicen carreras otros días de la semana, especialmente miércoles y viernes, aunque también sábados y domingos.

Residentes de este amplio sector denuncian a través de una carta pública, que los infractores obstaculizan la vía con filas de motos que participan en las carreras y que, sobre el costado occidental de la misma vía, se estacionan entre veinte o treinta carros con música a alto volumen y consumo de alcohol. Dos ambulancias del distrito permanecen estacionadas con las luces encendidas acompañando a los motociclistas. Y en algunos vídeos difundidos a través de redes sociales se observa el paso de algunos agentes de la policía motorizados que se cruzan con los motociclistas sin tomar ninguna medida de control. (Ver vídeos) 

Los vecinos señalan que la velocidad de las motos supera los 100 km por hora, aunque la máxima velocidad permitida oscila entre los 30 y los 60 km. La mayoría de las motos no usan silenciadores, todo lo contrario, cuentan con resonadores que elevan el ruido y la vibración a más de 110 decibeles (dB), lo que genera estrés, insomnio y dolor de tímpano en algunos residentes. Los ruidos entre 100 y 110 dB, entran en la categoría de “umbral tóxico”, pudiendo ocasionar lesiones en el oído medio, según especialistas. Además de las evidentes afectaciones a la salud, el riesgo a un accidente en la vía, que un vehículo termine cayendo sobre alguna vivienda o atropellando a una persona o algún animal, mantiene a la vecindad en zozobra permanente. De hecho, ya existe registro de tragedias recientes. 

En junio de 2021 un tendero de Monserrate, el señor Casto José Pallares Cárdenas, de 49 años, salió de su casa a altas horas de la noche en busca de un medicamento para su pequeño hijo, pero fue arrollado y muerto por un motociclista. Las carreras no se detuvieron, y durante las últimas semanas se han intensificado. 

Es claro que si se realizan piques en la puerta de la misma estación de policía es porque se cuenta con la cooperación de la fuerza pública, pues sin ella no sería posible. La policía está al tanto de las carreras, sabe que son ilegales, que están prohibidas, que suponen un riesgo para la vida e integridad de las personas y la movilidad, que han provocado graves accidentes y que algunas de estas actividades suelen ir acompañadas de consumo de drogas, alcohol, prostitución, porte ilegal de armas, disparos, apuestas ilegales, riñas y vandalismo. Lo que no se entiende es como en otras ciudades del país si se han podido realizar operativos de control y no en esta zona de Bogotá. 

En septiembre de 2020 en una labor conjunta entre agentes de tránsito de la secretaría de Movilidad y la policía de Medellín, se adelantó un operativo sobre la Av. Las Palmas de esa ciudad, y se impusieron 128 comparendos y 42 motos fueron inmovilizadas. En octubre de 2021, luego de la instalación de cincuenta puntos de control sobre la Avenida Las Palmas, el Puente de la 4 Sur en el Poblado y otras vías de la capital antioqueña, agentes de tránsito en articulación con la secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desarrollaron operativos nocturnos para frenar las carreras ilegales. Como resultado se impusieron 1.409 comparendos de tránsito (950 a conductores de motocicleta y 459 de carro), y se inmovilizaron 391 motocicletas y 98 carros. Acciones similares también se adelantaron en Neiva, Pereira y Manizales.

En Bogotá, a comienzos de ese mismo mes, se supo de un violento enfrentamiento en la calle 80 con avenida Boyacá cuando en medio de una carrera ilegal, los conductores de cuatro vehículos se enfrentaron a golpes con bates y hasta con disparos de armas traumáticas, luego de producirse algunos choques. Este hecho tampoco detuvo las las carreras en la ciudad. 

La secretaría de Movilidad de la alcaldía Mayor de Bogotá junto con la policía de tránsito podrían -si quisieran- hacer presencia en la Avenida Circunvalar, instalar puestos de control y contar con un sistema de cámaras de seguridad que permita identificar las placas de las motocicletas para aplicar las respectivas sanciones. Para los vecinos del sector es indudable que la policía no actúa porque no quiere y porque no hay autoridad que se lo exija. Y se preguntan: ¿Cuál es la razón para que se niegue a actuar? ¿Acaso uniformados participan en los piques? ¿temen ser agredidos por los conductores, como ha ocurrido en intervenciones pasadas? ¿Les pagan para que acompañen a los infractores, participen del ilícito y no impongan sanciones? ¿Hay algún próspero negocio detrás de estas carreras ilegales? 

En la tarde del 10 de febrero se realizó una primera reunión en el barrio Bosque Izquierdo con algunos funcionarios de la secretaría de Movilidad, de la alcaldía local de Santa Fe y un mayor de la policía, que se comprometieron a estudiar el caso, investigar y desarrollar operativos de control. Algunos vecinos, agotados de tantos años de padecer la misma problemática sin ser escuchados, advierten que, si las autoridades no se toman en serio el tema, están dispuestos a tomarse la calle para manifestar su malestar y exigir públicamente la protección de sus derechos. Pero nadie atiende sus reclamos. No pasó nada en esa reunión ni en las siguientes ni después de ellas. Todo sigue igual.

La Alcaldía Mayor de Bogotá tiene la palabra, ojalá actúe antes de que se presente otra tragedia.