Tirones de democracia
Migración impide llegada de observadores internacionales
La resolución 2796 del 11 de 2022, acredita, en cumplimiento con los dispuesto en anteriores resoluciones, a organizaciones y ciudadanos extranjeros como observadores internacionales para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Asimismo, el artículo 265 de la Constitución Política, afirma que corresponde al CNE entre otras atribuciones especiales, ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral.
La misma normativa establece que las misiones de observación electoral realizarán sus actividades misionales, bajo los principios de imparcialidad, neutralidad y transparencia, actuando como defensores especializados de los derechos humanos, enfocados en los derechos civiles y políticos, como recuerda Alejandra Barrios, directora de la MOE, asegurando que el proceso de votación, los procedimientos electorales, el sufragio, el escrutinio, el padrón, financiamiento y la labor de las autoridades electorales contribuyan a la consolidación de la democracia y correspondan con las normativas vigentes.
Sin embargo, aunque se reconoce en resoluciones, artículos de ley y acuerdos internacionales la importancia de la observancia internacional en los procesos democráticos de cada país, la oficina de Migración Colombia, siguiendo extrañas e inconstitucionales directivas, ha decidido -y no de ahora- cerrar las puertas del país a diferentes y destacados analistas, juristas e investigadores, que hacen parte de las delegaciones que viajan a Colombia invitadas para acompañar el proceso electoral y certificar la transparencia del mismo. En la última semana se han conocido cuatro casos.
Una de las primeras denuncias fue la hecha por el exmandatario colombiano y ex secretario general de Unasur, Ernesto Samper Pizano, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó: “Migración Colombia, convertida en una rueda suelta al servicio de la Presidencia, comenzó a devolver observadores e invitados internacionales por razones ideológicas. Se trata de un nuevo acto de negación de garantías que enturbia el proceso electoral del próximo domingo”.
Igualmente, el jefe de debate de la Campaña de Gustavo Petro, Alfonso Prada se manifestó a través de un vídeo en Twitter, diciendo: “Alzamos nuestra voz de protesta por lo que está sucediendo actualmente con los observadores internacionales invitados (hasta por el mismo @CNE_COLOMBIA para que sean veedores en la primera vuelta del #29M: ¡no los están dejando entrar!”.
Pocos días antes, la Agencia de medios Hoy Noticias, informaba a través de su página web, que a la activista estadounidense Teri Mattson, coordinadora para América Latina de CodePink, organización de mujeres que trabaja para acabar con las guerras y el militarismo de EE. UU. y en apoyo a las iniciativas de paz y derechos humanos, le habían impedido ingresar a Colombia, cuando llegaba para acompañar el proceso electoral y evaluar la situación de los derechos humanos. “La activista venía invitada por una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Colombia, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, fundado en 1979”, señaló el medio.
Luego de ser detenida por Migración, la entidad estatal argumentó que la activista Mattson representaba un riesgo para la seguridad nacional. “En la “Resolución administrativa de no admisión o rechazo” se indicó: “Por razones de soberanía, cuando existan hechos o antecedentes fundados que indiquen que la persona representa un riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana” su ingreso debe ser negado.
Common Frontiers denunció la detención y deportación de Teri Mattson por motivos políticos. Colombia tiene una alarmante crisis de derechos humanos y una larga historia de intimidación y violencia relacionada con las elecciones. Vemos con grave preocupación que el Estado colombiano vea en el acompañamiento electoral internacional y la observación de los derechos humanos un riesgo para la seguridad del Estado. Ambos mecanismos de apoyo internacional son fundamentales y están respaldados internacionalmente como parte de la garantía de elecciones justas y transparentes”. Matsson ha supervisado elecciones en cinco países latinoamericanos y su labor ha sido reconocida.
Tres días después, el 25 de mayo, a primera hora de la mañana Alejandro Rusconi, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, denunciaba que aun cuando contaba con una carta de invitación firmada por el registrador nacional Alexander Vega y por el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Abreo, le habían impedido abordar el avión por orden de Migración Colombia. “#Urgente #Hoy al intentar tomar el vuelo de @Avianca destino a Bogotá, no se me dejo partir por orden de Migraciones Colombia, fui invitado por el @CNE_COLOMBIA cómo Observador Internacional en las elecciones presidenciales, el mismo estado que pago mi pasaje no me deja entrar”. Y más adelante señaló: “La argumentación que me dieron en @Avianca por parte de su personal fue que hay un mail de migraciones de Colombia donde se sugiere no embarcarme y resalta en color amarillo “No mostrar al pasajero”.
La noticia fue difundida a través de varios medios nacionales e internacionales. El diario independiente de Brasil, O jornal de todos os Brasil, perteneciente al “Grupo Gente Nova” fue uno de los primeros que informó sobre el hecho: “Con amplia experiencia en misiones de observación electoral, Alejandro Rusconi se sumó a la lista de los impedidos de presenciar personalmente las elecciones del próximo domingo (29), en Colombia. Invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, el abogado argentino fue impedido de abordar el vuelo de Avianca de Buenos Aires a Bogotá en la madrugada del jueves (25)”. También resaltó que “el 22 de mayo, la activista estadounidense Terri Mattson pasó por una situación similar, al haber sido impedida de ingresar al país gobernado por Iván Duque y, al final, deportada”.
Otro caso de alarma fue el correspondiente al observador Paul Emile Dupret, acreditado por el CNE y proveniente Bélgica, a quien se le negó la entrada en un primer momento, pero la oportuna intervención del CNE ante el director de Migración para demostrar que su presencia no constituía amenaza alguna para la soberanía y seguridad nacionales, funcionaron y finalmente el observador pudo ingresar al país. El argentino Fernando Martín Collizzolli, Licenciado en Ciencia Política y maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, no corrió la misma suerte. Proveniente en un vuelo LAN desde Ecuador, tan pronto llegó al país recibió la orden de deportación, de conformidad con la causales de inadmisión y rechazo, que se amparan en la supuesta existencia de hechos e información fundada que indica que la persona representa un riesgo para la seguridad nacional y la convivencia ciudadana.
Hasta el momento no se conoce ninguna razón válida para el no ingreso de estos observadores al país ni los afectados han recibido notificación alguna que explique la arbitraria decisión. No solo cumplen con los requisitos de bioseguridad, vacunas y demás, son invitados oficiales de entidades estatales para una crucial misión en Colombia; no son criminales, terroristas ni mafiosos, aunque se les trate como si lo fueran. Todos ellos son ciudadanos calificados, con trayectoria reconocida, experiencia en supervisión electoral y vienen al país con el objetivo de garantizar la integridad del proceso democrático.
La misión de la OEA integrada por más de 80 observadores, que cubrirán 25 departamentos del país, pretende acompañar el proceso electoral, garantizar cumplimiento de normas legales y asegurar la participación y el derecho constitucional al voto de los ciudadanos, en un marco de respeto, garantías democráticas y de paz. Asimismo, los 244 invitados por parte del CNE y de la registraduría del Estado Civil, tienen como objetivo velar por el respeto de los derechos humanos en el marco de la coyuntura electoral, supervisar la transparencia del proceso y vigilar su desarrollo, siempre acatando las obligaciones relativas a su misión, tales como respetar las leyes, resoluciones y la constitución del país, no hacer proselitismo ni inmiscuirse en asuntos políticos de Colombia, presentar por escrito ante el CNE cualquier anomalía detectada o queja recibida durante el proceso de elección y colaborar con las autoridades en las medidas que adopten para su seguridad. Las masivas denuncias que advierten sobre la poca transparencia electoral, la falta de auditoría internacional al software, y el riesgo de que se repita lo ocurrido el pasado 13 de marzo, hace imperativo este masivo acompañamiento, un llamado a los organismos pertinentes ejerzan vigilancia y atiendan las denuncias ciudadanas y de asociaciones políticas, para que señalen a tiempo las posibles irregularidades en curso y eviten un fraude electoral.
Los abusos de la oficina de Migración Colombia, denunciada recientemente por el periodista Gonzalo Guillén, como “una banda de hampones y criminales, compuesta por todos los detectives corruptos y asesinos que tenía la policía secreta, la policía política llamada anteriormente DAS”, sin duda alguna serán denunciados, y además de explicaciones y reparaciones, su director tendrá que asumir el costo de estos desafueros que apestan a tiranía, a demagogia, a oportunismo y a censura.
Impedir el acceso al país de los observadores es una mala decisión que además de enseñar cuán precario es el nivel cívico y constitucional de algunos altos funcionarios, es un acto profundamente antidemocrático que viola normas y derechos fundamentales, no sólo de las misiones internacionales y organizaciones que los respaldan, también de todo el pueblo colombiano.
Que no quepa la menor duda: estos hechos tendrán consecuencias.
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