Si hay por quien votar

En las próximas elecciones hay que dar  un giro hacia la decencia

Dos hechos estimulan la decidida participación ciudadana: el hastío a la corrupción y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los acuerdos y el avance de la paz.

Marzo 6 de 2018

En las próximas elecciones, tanto legislativas como presidenciales, se medirá la madurez política del pueblo colombiano y su capacidad para interpretar con acierto el gradual proceso de transformación que vive el país; el cual exige, como nunca antes, un verdadero desarrollo democrático, una justicia eficaz y plenas garantías para la participación política.

A diferencia de procesos electorales anteriores, está vez la ciudadanía pensante ha decidido participar de manera directa, motivada principalmente por dos razones: el hastío a la corrupción generalizada de los políticos traiciónales y sus partidos, y la necesidad de garantizar una paz real y efectiva que,  más allá del desarme de los grupos insurgentes, permita impulsar profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en Colombia, uno de los países más desiguales del mundo y con las más bajas condiciones laborales del continente.

El fastidio que produce la politiquería, el anhelo de paz, el miedo a perder una oportunidad histórica para construir un nuevo país, y las enconadas acciones-reacciones de las castas tradicionales que temen que otra propuesta y otro tipo de ciudadano llegue al poder, nos impelen a actuar con más responsabilidad  y conciencia histórica que nunca. Y es por ello que varios sectores sociales, activos, críticos y analíticos, se han lanzado al ruedo para proponer desde la acción legislativa un cambio rotundo que permita que en Colombia se consolide un real Estado Social de Derecho.

Buena parte de la ciudadanía ha llegado a la misma conclusión a la que llegó el líder y estadista francés Charles De Gaulle, en el siglo XX: "La política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos". En efecto, siendo la política la actividad mediante la cual se toma decisiones colectivas sobre hechos, problemas y situaciones de interés colectivo, no es posible sustraerse de ella y menos aún, albergar la ilusión de construir una nación justa y en paz, si no se actúa desde la política.

La sistemática defraudación que su ejercicio ha generado a las mayorías populares, la dificultad para que personas ajenas al establecimiento puedan ejercer su derecho constitucional a elegir y ser elegidas, y la indignante perpetuación de un modelo violento, represivo, corrupto y poco transparente en todos los procesos electorales, han degradado la democracia hasta convertirla en una ridícula oclocracia sumida en una perversa y excluyente plutocracia.  La vetusta democracia que marcó la ruinosa vida nacional de años pasados y profundizó la actual crisis social e institucional, debe llegar a su fin; y serán los ciudadanos y las ciudadanas conscientes quienes, con su voto reflexivo, podrán lograrlo. Es tiempo de elegir propuestas concisas y sinceras y desechar las mentiras edulcoradas que cada cuatro años repiten los mismos candidatos.

En los comicios electorales del 11 de marzo, 27 de mayo y, muy probablemente, 17 de junio, los ciudadanos se enfrentarán a la disyuntiva de elegir entre quienes proponen perpetuar el modelo excluyente, clientelista y de maquinarias que se impuso sin dificultades durante más de cien años, a través de los partidos tradicionales y sus derivados (Cambio Radical, Partido de la U, sectas político-cristianas, y los movimientos gestados en la matriz del paramilitarismo, optando por los mismos apellidos o sus herederos, algunos de ellos detenidos por sus vínculos con grupos narcoparamilitares, corrupción y participación en crímenes de lesa humanidad), o quienes llegan, algunos por primera vez, a la escena pública electoral con ideas renovadas para proponer formas más limpias y honestas de hacer política. Son estos últimos, los candidatos que integran las listas de la Coalición por la Decencia (ASI, UP, MAIS) y de la Coalición Colombia (Polo Democrático, Verdes y Compromiso Ciudadano).

Las listas que buscan romper con el continuismo de un modelo de gobierno que ha perpetuado la desigualdad social y económica, negado derechos fundamentales a la población y que, incluso, ha acudido a la violencia para contener los procesos de resistencia y organización social, están integradas, en su mayoría, por personas deliberantes, sin antecedentes penales, ni turbios padrinazgos, sin vínculos con la parapolítica, sin familiares procesados e investigados por diferentes delitos, sin maquinarias ni banderas ensangrentadas o manchadas por el crimen y la corrupción. Se trata de ciudadanos con vocación de servicio, de enorme coraje, solvencia ética y amplia experiencia en el trabajo social y comunitario que, a través de sus largas trayectorias, casi siempre ajenas a la función pública, han demostrado su compromiso con la defensa de la justicia, la vida y los derechos humanos; ciudadanos íntegros y valerosos que hoy postulan sus nombres para pasar la página del horror, vencer la miseria física y moral de la sociedad colombiana e integrar un congreso sano y eficiente.

Sin embargo, hay quienes dicen que el país está furiosamente polarizado y que se debe optar por los puntos medios, por las posturas intermedias que no dicen nada, no se comprometen con nada, no conducen a ninguna parte o nos arrojan a la más angustiosa incertidumbre. Afirman que Colombia se encuentra inmersa en una insondable contradicción histórica; lo cual no es novedad: en crisis, polarización política y contradicción se encuentra desde el siglo pasado cuando los congresistas se debatían a tiros en al Capitolio, pactaban con las mafias proyectos de ley y legislaban para beneficio de minorías acaudaladas que les financiaban sus campañas; empresarios y políticos tradicionales actuaban en alianza con grupos de sicarios y buena parte de la cúpula castrense, para eliminar a todo representante de los intereses populares con opciones de llegar a la presidencia o legislar con decencia, y desde la matriz del mismo Estado se ordenaba intimidar, perseguir y asesinar contradictores políticos. Quizás lo novedoso es que cuando se logran avances importantes que parecen indicar que el anquilosamiento político-social será superado para dar paso a un Estado social, real, incluyente y garantista, vemos como esa contradicción se profundiza. Mientras tenemos un gobierno que se la ha jugado por desarmar a las insurgencias y desmovilizarlas, construir una paz negativa y proponer algunas reformas en mora de ser impulsadas desde hace lustros, como la ley de víctimas y restitución de tierras,  y emerge una nueva ciudadanía consciente y empoderada, dispuesta a pasar de la protesta a la propuesta; al mismo tiempo se minimiza o se niega la operación gatillo contra líderes sociales, se encubren los crímenes de Estado, se recorta la inversión social, se restringen servicios y productos del ya de por si deficiente y elitista sistema de salud, se privatizan empresas públicas, se destinan recursos estatales para la educación a universidades privadas mientras se ignora el déficit de las públicas, se impulsa un modelo económico neoliberal que propone reducir la intervención del Estado para favorecer al sector privado, se reprime y criminaliza la protesta social,  se entregan los recursos naturales a grandes monopolios extranjeros y se imponen, desde al alto poder, la impunidad, la ignorancia  y el dogmatismo en temas de enorme trascendencia para el país, como ocurrió con el plebiscito por la paz.

Vemos como aún se sostiene el mismo debate polarizante de hace un siglo: Derecha vs izquierda; capitalismo vs comunismo. “El capitalismo crea desigualdad social e inequidad, recorta la inversión social, promueve la competencia desigual, genera violencia e inseguridad y recorta derechos y libertades para ofrecer espejismos de seguridad”. Es innegable. Pero el desafío actual es mucho más profundo. Ya no se trata de centrar la polémica entre opuestos que se nutren entre si y se requieren para coexistir; se trata de dar un giro hacia la decencia, de elegir entre los viejos paradigmas que han mal-gobernado este país o las nuevas ideas; de elegir entre una política de privilegios para minorías  o  una política que garantice los derechos de las mayorías. Se trata, en concreto, de construir una sociedad más justa, equitativa, coherente y con capacidad para responder, al margen del libreto, con grandeza, generosidad y humanidad a los asuntos no resueltos del pasado y a los nuevos desafíos que propone nuestro tiempo, como el cambio climático, la devastación ambiental y las crisis de las democracias dominadas por las corporaciones y el poder del capital.

Urge romper el discurso de la exclusión y la violencia, reconocer que Colombia ya no es el país que indiferente permitió un genocidio de casi cinco mil personas afiliadas a la UP  a finales del Siglo XX, ni aquel en el que la bota militar aplastaba al poder ejecutivo y a toda voz disidente. Hoy vemos opciones diferentes y novedosas en el espectro electoral, y, pese a las contradicciones, podemos creer que un cambio si es posible desde la acción política.  Si queremos que el país cambie tenemos entonces que elegir el cambio con nuestro voto. Y esta vez sí hay por quien votar.

Como aspirantes al senado por Coalición Colombia figuran nombres de prominentes y destacados ciudadanos, como Pedro Pacanchique (No 17 por el Polo Democrático), Fabio Mariño (No 19 por el Partido Verde), Gabriel Bustamante (No 13 por el Partido Verde), Jorge Enrique Robledo (No 1 por el Polo Democrático), Antanas Mockus (No 1 por el Partido Verde), Angélica Lozano (No 10 por el Partido Verde) y Darío Germán Umaña Mendoza (No 8 por el Polo Democrático). Para Cámara de Representantes está Sergio Fernández, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- (No 102 por el Polo Democrático). También permanecen con enormes logros legislativos Iván Cepeda (No 10 a Senado) y Alirio Uribe (No 110 para Cámara) por el Polo.

En la lista al senado de la Coalición por la Decencia  encontramos destacados y valientes liderazgos, como Luz Marina Bernal, madre de Soacha (No 91); Aída Abella (No 5), Gloria Flórez (No 10), Gustavo Bolívar (No 1) y Tarsicio Mora (No 7). Para Cámara están: Ana Teresa Bernal, mujer valiosa, defensora de Derechos Humanos, fundadora de Redepaz, e impulsora en 1997 del Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad', (No 110) y María José Pizarro (No 101), entre otros.

Para presidenciales figuran los candidatos que representan el continuismo turbio y parasitario, como German Vargas Lleras y el ungido por el investigado y cuestionado senador Álvaro Uribe; los tibios; los que no despiertan simpatía ni credibilidad; y el único candidato capaz de dar un salto histórico al actual modelo de gobierno para garantizar un país de justicia social, desarrollo integral, conciencia ambiental, equidad, transparencia y progreso para todos y todas. Gustavo Petro encarna la esperanza popular; su propuesta es audaz y coherente, tiene la visión, el coraje y la dignidad que se requieren para impulsar las grandes transformaciones; además combina con acierto pragmatismo con ilusión, es valiente, tiene experiencia en la función pública, liderazgo, independencia y es, ante todo, un hombre decente.

Hay otras candidaturas también interesantes, que, aunque no puedan garantizar el fin del continuismo ni sustraerse de las maquinarias del poder tradicional, presentan propuestas algo más ajustadas a la realidad del país. Una de ellas es la de Humberto de La Calle Lombana, un hombre serio, decente, consciente y estructurado, pero que lleva encima la tortuosa carga de ser el candidato del Partido Liberal. De La Calle condujo con aplomo  y transparencia el proceso de Paz con las FARC y entendió, como lo ha expresado públicamente en repetidas oportunidades, que nuestra gran tragedia nunca fue la guerra ni las FARC, sino la clase política dominante que desde los albores de la república se dedicó a construir un país desigual, injusto e inequitativo; un país de castas, de explotadores y explotados, de minorías acaudaladas y mayorías pauperizadas. La negación de derechos y libertades y el accionar violento y represor de los dos partidos tradicionales dio origen a las luchas armadas en Colombia. De La Calle, siendo un buen candidato está maniatado, y de ser elegido presidente, cosa que de seguro no sucederá, no podría desentenderse de las presiones, vicios y demandas de los viejos zorros de la política que dominan en su partido.

Otro nombre que no molesta es el de Sergio Fajardo, un maestro decente, carismático, sensible y con una limpia trayectoria en la función pública, pero su falta de posición y claridad en algunos temas esenciales para el país, generan enorme desconfianza. Es posible que en campaña esté jugando a quedar bien con todo el mundo, a evitar las confrontaciones y a mostrarse como una opción capaz de trascender la polarización y alcanzar la reconciliación, lo cual no es del todo cierto, pero una vez llegue al poder, si es que llega, tendrá que asumir posiciones y tomar decisiones. Su ambigüedad no permite advertir que  tipo de decisiones tomaría, con quienes estaría dispuesto a sellar alianzas y cuál sería el eje de su agenda de gobierno.  

Siendo así, la única opción para liberar a Colombia del yugo asfixiante de sus élites corrompidas e indolentes y construir un nuevo y mejor país es Gustavo Petro. No hay más.