The New York Times y la patria boba
“A nosotros nos median por baldados de sangre”
Declaración ante la JEP
del exparamilitar alias ‘Chatarro’, sobre el coronel Héctor Cabuya y los
‘falsos positivos’.
Desde que estalló el escándalo
por la publicación del New York Times
en la que advierte sobre el retorno de la práctica criminal de los falsos
positivos, que en realidad son asesinatos a sangre fría, no hay diario ni medio
nacional, grande o chico, que no se haya referido al tema. Y no es para menos.
Cuando el presidente Duque asumió
sus funciones presidenciales, una de sus primeras decisiones, como suelen hacer
los jefes de Estado, fue remover la cúpula militar y de policía. Así lo anunció
el lunes 10 de diciembre de 2018, cuando desde la Casa de Nariño informó que los
nuevos comandantes serían: “En las Fuerzas Militares, el mayor general Luis
Fernando Navarro Jiménez; en Ejército el mayor general Nicacio de Jesús
Martínez Espinel; en la Armada Nacional el vicealmirante Evelio Enrique Ramírez
Gafaro; en Fuerza Aérea el mayor general Ramsés Rueda Rueda, y como Director de
la Policía Nacional el mayor general Oscar Atehortúa Duque”.
El Presidente justificó su
decisión afirmando que todos ellos “están formados en el trabajo diario de la
protección de los colombianos, con gran experiencia en el terreno y en el área
operacional”.
Dos meses después, José Miguel
Vivanco, director de Human Rights Watch
para las Américas (HRW), cuestionó el nombramiento de nueve generales en la
cúpula de las fuerzas militares, contra quienes existían evidencias que los
comprometerían con el asesinato de civiles. “Ello incluye al nuevo comandante
del Ejército” afirmó Vivanco, y añadió: “Es un “mensaje nocivo para soldados y
oficiales, y un duro revés para las víctimas”.
Representantes de varias
organizaciones nacionales e internacionales, congresistas de Colombia y de
Estados Unidos, y algunos medios de comunicación, advirtieron que esta nueva
cúpula no garantizaba una política de seguridad consecuente con el respeto a
los derechos humanos, menos aún con la implementación de los Acuerdos de Paz ni
la seguridad en la regiones, sometidas por un feroz plan de exterminio desatado
contra líderes sociales, reclamantes de tierras, ambientalistas y dirigentes
comunales en todo el país.
La denuncia hecha por Human Rights Watch cuando aseguró que el
nuevo comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, tendría
responsabilidad en al menos 23 ‘falsos positivos’ perpetrados en 2005 por la
Décima Brigada cuando él era el segundo comandante, pasó casi inadvertida.
Igual cuando en marzo de 2005, esta misma organización denunció que el entonces
“coronel Martínez habría pagado 1.000.000 de pesos colombianos (USD$ 400) a un
informante que habría proporcionado datos que supuestamente permitió lograr
‘excelentes resultados’ en dos operaciones militares” que terminaron con la
muerte de una pareja indígena. Nadie lo escuchó.
Ni siquiera fueron consideradas
las denuncias hechas en el 2014, cuando el mismo Martínez Espinel tuvo que
responder ante la Justicia Penal Militar por un presunto desvío de recursos de
la Cuarta Brigada a sus cuentas personales. Por estos hechos diez miembros de
la institución fueron apartados, la Fiscalía le abrió formalmente una
investigación al general “por una contratación presuntamente irregular de más
de 300 mil millones de pesos en la Cuarta Brigada del Ejército y el Batallón
Pedro Nel Ospina de Medellín”[1],
como publicaron varios medios de comunicación. Pero Duque lo ignoró.
“Las autoridades colombianas
deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente
implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes
del Ejército. Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas
el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para
avanzar en la carrera militar”, insistía Vivanco, pero el gobierno y el país
miraban para otro lado.
Todo cambió el 18 de mayo. El
diario The New York Times, uno de los más influyentes y creíbles a nivel
mundial, publicó un informe titulado “Colombian
Army’s Kills orders Put Civilians at Risk, officers say” (“Las órdenes de
muerte del Ejército colombiano ponen a los civiles en riesgo, dicen los
oficiales”) en el que advertía que desde comienzos del año la comandancia del
Ejército de Colombia había creado unas directrices orientadas a aumentar el
número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate. Los oficiales
que hablaron con este medio aseguraron “que las cosas empezaron a tomar un
nuevo rumbo el pasado 19 de enero, un mes después del cambio de cúpula militar,
cuando el general Martínez reunió a 50 generales y coroneles entre los que
estaban sus principales mandos en todo el país. En el encuentro les presentaron
un formulario titulado "Planteamientos de objetivos 2019", que
llevaba un espacio para que cada uno de los comandantes firmara. En el
documento debían poner el total de rendiciones, capturas y muertes que sus
unidades causaron el año pasado, y al frente de ese dato, debían escribir la
meta propuesta para este año. Lo que debían definir era la “suma aritmética de
presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones
militares. […]La meta es doblar los resultados operacionales en todos los
niveles del mando”. [2]
Una de las órdenes más polémicas que
recibieron los comandantes de las unidades militares consistía en lanzar
ataques sin exigir perfección, “es decir, incluso si hay dudas sobre los
objetivos sobre los que se despliegan. […]Les dijeron que tenían “que hacer lo
que sea”, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información
sobre grupos enemigos “para generar resultados”, informó el diario
norteamericano.
Pocos días después de que esta
noticia alcanzara la dimensión de escándalo, tanto por la gravedad de la
denuncia que nos regresaba a un infame y costoso pasado que muchos creían
superado, como por la desatinada respuesta del Gobierno Nacional, tres
senadores norteamericanos escribieron al presidente Duque señalando la
inconveniencia de promover al comandante del Ejército, Nicacio Martínez, autor
de la cuestionada directiva, “porque a su juicio existiría evidencia creíble
sobre un posible rol en ejecuciones extrajudiciales”. Pero ello tampoco bastó
para entender la dimensión de la tragedia que se anunciaba.
El Gobierno Nacional, aún
sofocado –más por la denuncia que por el hecho denunciado- envío una carta en
tono de dignidad herida a través de su canciller y de su ministro de Defensa, cuestionando
la veracidad del artículo escrito por el periodista Nicholas Casey, porque a su pobre juicio “muestra una visión
tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano
y su Ejército hacen para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la
seguridad, como también para proteger a la población, los derechos y las
libertades”.
El diario respondió a través de
una misiva enviada por su editor ejecutivo, Dean Baquet refutando cada uno de
los señalamientos y defendiendo la labor de su periodista, quien tuvo que
abandonar el país por amenazas. Pero fue más allá. El viernes 24 de mayo en un
editorial titulado ‘La paz de Colombia es muy preciosa como para abandonarla’, aseguró
que mientras las Farc se desmovilizaron y varios de sus miembros se encuentran
en proceso de reincorporación, “el Gobierno ha ignorado sus promesas de ayuda y
desarrollo rural que fueron fundamentales para el acuerdo”[3].
También señaló que la paz se estaba “desintegrando” y que el presidente Iván
Duque “y sus aliados de derecha” han “saboteado un proceso pacífico” en el que
los exguerrilleros “debían trabajar con el Gobierno en la sustitución de
cultivos de coca”.
Un día después, la agencia AP
salió a respaldar la denuncia del NYT y publicó un artículo: “Nueva evidencia
vincula al jefe del Ejército con civiles asesinados’. Allí sostiene que “nuevos
documentos de la fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en
2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron
proporcionados a la AP por alguien que solicitó no ser identificado porque teme
sufrir represalias.[4]
Las reacciones no se hicieron
esperar. Tuvo que ser primera plana en el diario New York Times para que el gobierno se preocupara por el tema, para
que una senadora irresponsable y deslenguada saliera a calumniar al periodista
que con su valiente labor había desatado la tempestad, para que el país se
preguntara en qué entrampamiento había caído la revista Semana para no haber
divulgado esta noticia meses atrás, para que los organismos del Estado se
dieran a la tarea de estudiar las directrices militares, para que toda la
prensa nacional empezara a investigar, y para que el canciller se pronunciara
con altivez y luego tuviera que viajar a Estados Unidos a dar explicaciones al
diario cuando el país lo que menos requería era de una genuflexión con forma de
argumentación en busca de expiación. El tema y lo que la sociedad se pregunta
con espanto es si se está repitiendo la historia del pasado cuando la directriz
029 de 2005 del ministerio de Defensa condujo al asesinato de más de seis o
diez mil jóvenes humildes[5],
que luego fueron vestidos con prendas militares para hacerlos parecer como guerrilleros
caídos en combate, a cambio de permisos, condecoraciones, ascensos y beneficios
pecuniarios para los oficiales.
Lo que más terror e indignación
causó de esta denuncia es que con ella se demuestra que se están creando las
condiciones para que estos crímenes -catalogados como de lesa humanidad y de
guerra por la Oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)-, se
sigan repitiendo en medio de una vergonzosa y dolorosa impunidad; incluso con
la anuencia del mismo Estado colombiano que parece empeñado en desconocer el
nuevo país que hoy es Colombia, aunque sigan repitiéndose los mismos horrores.
Todavía no se puede determinar con
total precisión los alcances de esta directriz orientada a aumentar los
asesinatos en combate, pero el New York
Times se refirió a dos casos que fueron reportados por unos oficiales cuando
empezaron a identificar asesinatos y arrestos sospechosos. “Una de las fuentes
puso la lupa en la muerte de un supuesto miembro del Clan del Golfo reportado
el 25 de febrero. El informe militar, conocido por ese diario, decía que tres
miembros de ese grupo criminal se enfrentaron a un pelotón del Ejército. El
resultado del operativo fueron dos capturas y una muerte. Además, los
uniformados encontraron un revólver y una pistola. A la fuente del periódico le
pareció poco probable que tres criminales con armas cortas se enfrentaran a 41
soldados de un pelotón.
El diario estadounidense también
recogió el asesinato de Dimar Torres, el excombatiente de las Farc (ejecutado a
sangre fría), y mencionó las primeras versiones dadas por el ministro de
Defensa, Guillermo Botero, en las que difundía la versión de un forcejeo que
entregó el cabo que le disparó. Un testimonio que después fue desestimado por
la Fiscalía”.[6]
Es altamente probable que estos no sean los dos únicos casos que se hayan
presentado recientemente. Los mal llamados ‘falsos positivos’ siguen
enturbiando la historia del país, y sus víctimas siguen esperando justicia.
En 2012 la Corte Penal
Internacional (CPI) presentó un informe sobre las razones por las cuales
Colombia seguiría siendo objeto de examen preliminar, paso previo para que
decida si abre o no una investigación en un país donde tenga jurisdicción, y en
esa oportunidad señaló: “Hay bases razonables para creer que los falsos
positivos han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para
aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa
humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de guerra”.[7]
Si el gobierno olvido esta
advertencia, lo que no ha podido ignorar es la turbulencia que se desató con el
retorno del fantasma de los ‘falsos positivos’. Fue así, como luego de haber
intentado defender la honra de las Fuerzas Militares y de reprochar la
publicación internacional, el presidente se vio obligado a tomar dos decisiones
políticas. Por un lado retiró la directriz de forma simbólica para evitar
“malas interpretaciones” porque la doctrina se mantiene intacta, y creó una
comisión de juristas para que realicen un análisis riguroso de todas las
órdenes, manuales y documentos operacionales, y cómo esas normas,
procedimientos y protocolos se ajustan al Derecho Internacional Humanitario y al
respeto de los derechos humanos. Esta comisión fue integrada por el exfiscal
General Alfonso Gómez Méndez, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) Hernando Yepes y el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio
González.
El país hoy se pregunta si esta
comisión tendrá alguna incidencia real, si gozará de total independencia y si
sus recomendaciones inducirán a cambios profundos y substanciales. También se
pregunta si pese a todo lo denunciado, el general Nicacio Martínez y los demás
militares comprometidos en casos de ejecuciones extrajudiciales serán ascendidos
la próxima semana cuando la plenaria del Senado debata sobre el ascenso de varios
generales. Sería un contrasentido retirar la directriz pero premiar a su
principal diseñador garantizándole una promoción de mayor general a general de
cuatro soles; a quien además sigue siendo objeto de más denuncias e
investigaciones.
El miércoles 29 de mayo, la
prensa nacional confirmó que el general Martínez Espinel tiene abierto un
proceso penal en la Fiscalía 8 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por
un posible delito de peculado por apropiación. “Un juez penal de Medellín
compulsó copias para que oficiales del Ejército, entre ellos Martínez Espinel,
fueran indagados por un supuesto desvío de fondos que pagan empresas mineras y
consorcios para que el Ejército les preste seguridad en el transporte de
explosivos usados en minería”.[8]
Su situación parece insostenible; más aún si se considera que parte de la
asistencia militar que brinda Estados Unidos a Colombia está sujeta al
cumplimiento de ciertos requisitos en materia de derechos humanos. “En 2018,
estos requisitos incluían que el “personal militar responsable de ordenar, perpetrar
o encubrir falsos positivos esté siendo procesado y sancionado adecuadamente,
incluyendo con la destitución de cargos de mando”.[9]
Más allá del intenso debate que
se anuncia, de las cuestionables actuaciones del ministerio de Defensa que
hasta el momento no ha manifestado intención alguna de retirar la postulación
de Martínez, los efectos de la denuncia del NYT siguen sacudiendo la vida
nacional. El periodista Daniel Coronell preguntó en su última columna la razón
por la cual Semana no denunció esta nueva directriz militar cuando tenía las
mismas fuentes del NYT y la misma información desde tres meses atrás. ¿Acaso sobre
el deber periodístico primó la conveniencia política? ¿Fue un grave error de
criterio? ¿La historia fue engavetada para beneficiar al gobierno?. El director
lo niega. Por ahora otro de los damnificados es Coronell, quien fue despedido
de la revista a causa de esta difícil y corajuda columna, también los lectores
de la revista que ya no podrán leerlo, la revista misma que perdió una pluma
crítica y respetada y la democracia porque uno de sus pilares fundamentales,
como lo es la libertad de prensa, ha quedado gravemente lesionado.
No es arbitraria entonces la
sensación de que la historia se repite como una condena. Colombia es de nuevo
la ‘patria boba’ que entre la promulgación de la infamia (ya no de un grito de
independencia) y el inicio de un nuevo pero no extraño régimen del terror se
debate entre crear sofismas y excusas para negar y no tener que confrontar su propia
inmoralidad.
[1] El Pacifista; “‘Duque asciende a generales
investigados por falsos positivos’: Human Rights Watch”
Bogotá, febrero 27 de 2019.
Consultado en:
https://pacifista.tv/notas/duque-generales-investigados-por-falsos-positivos-human-rigthts-watch/
[2] Semana; “¿Falsos positivos 2.0? La
denuncia de 'The New York Times' contra el Ejército Nacional”. Sección Nación.
Bogotá, 18 de mayo de 2019.
Consultado en:
https://www.semana.com/nacion/articulo/ordenes-de-letalidad-the-new-york-times-habla-de-posibles-falsos-positivos/615936
[3] Redmás; “Editorial del New York Times
acusa al Gobierno Duque de sabotear el acuerdo de paz”. Bogotá, 24 de mayo de
2019.
Consultado en:
http://www.redmas.com.co/paz/editorial-new-york-times-acusa-al-gobierno-duque-sabotear-acuerdo-paz/
[4][4] AP; “Colombia: Vinculan a jefe de ejército
con civiles asesinados”. Por Joshua Goodman. Sábado 25 de mayo de 2019.
Consultado en: https://apnews.com/a90371008e1144449c7a950cb3d469c1
[5] El diario británico The Guardían
aseguró en mayo de 2018 que durante ocho años se cometieron más de 10.000
ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Su afirmación se sustenta en el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia
2002-2010, escrito por los excoroneles de la policía Ómar Eduardo Rojas y
Fabián Leonardo Benavides. Ver: https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/colombia-false-positives-scandal-casualties-higher-thought-study
[7][7] El Espectador; “Falsos positivos 'sí han
sido política de Estado'”. Sección Judicial. Bogotá, 27 de noviembre de 2012.
Consultado en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/falsos-positivos-si-han-sido-politica-de-estado-articulo-389506
[8] El Tiempo; Le aparece nueva
investigación al general Nicacio Martínez”. Unidad Investigativa. Bogotá, 29 de
mayo de 2019.
[9] Revista Semana; “¿Falsos positivos 2.0? La
denuncia de The New York Times contra el Ejército Nacional”. Bogotá, 18 de mayo
de 2019
FOTO PUBLICADA EN PUBLIMETRO.CO. EFE.
DISEÑO DE LOGO: MAURICIO MONTOYA
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