The New York Times y la patria boba

“A nosotros nos median por baldados de sangre”

Declaración ante la JEP del exparamilitar alias ‘Chatarro’, sobre el coronel Héctor Cabuya y los ‘falsos positivos’.

Desde que estalló el escándalo por la publicación del New York Times en la que advierte sobre el retorno de la práctica criminal de los falsos positivos, que en realidad son asesinatos a sangre fría, no hay diario ni medio nacional, grande o chico, que no se haya referido al tema. Y no es para menos.

Cuando el presidente Duque asumió sus funciones presidenciales, una de sus primeras decisiones, como suelen hacer los jefes de Estado, fue remover la cúpula militar y de policía. Así lo anunció el lunes 10 de diciembre de 2018, cuando desde la Casa de Nariño informó que los nuevos comandantes serían: “En las Fuerzas Militares, el mayor general Luis Fernando Navarro Jiménez; en Ejército el mayor general Nicacio de Jesús Martínez Espinel; en la Armada Nacional el vicealmirante Evelio Enrique Ramírez Gafaro; en Fuerza Aérea el mayor general Ramsés Rueda Rueda, y como Director de la Policía Nacional el mayor general Oscar Atehortúa Duque”.

El Presidente justificó su decisión afirmando que todos ellos “están formados en el trabajo diario de la protección de los colombianos, con gran experiencia en el terreno y en el área operacional”.

Dos meses después, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas (HRW), cuestionó el nombramiento de nueve generales en la cúpula de las fuerzas militares, contra quienes existían evidencias que los comprometerían con el asesinato de civiles. “Ello incluye al nuevo comandante del Ejército” afirmó Vivanco, y añadió: “Es un “mensaje nocivo para soldados y oficiales, y un duro revés para las víctimas”.

Representantes de varias organizaciones nacionales e internacionales, congresistas de Colombia y de Estados Unidos, y algunos medios de comunicación, advirtieron que esta nueva cúpula no garantizaba una política de seguridad consecuente con el respeto a los derechos humanos, menos aún con la implementación de los Acuerdos de Paz ni la seguridad en la regiones, sometidas por un feroz plan de exterminio desatado contra líderes sociales, reclamantes de tierras, ambientalistas y dirigentes comunales en todo el país.

La denuncia hecha por Human Rights Watch cuando aseguró que el nuevo comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, tendría responsabilidad en al menos 23 ‘falsos positivos’ perpetrados en 2005 por la Décima Brigada cuando él era el segundo comandante, pasó casi inadvertida. Igual cuando en marzo de 2005, esta misma organización denunció que el entonces “coronel Martínez habría pagado 1.000.000 de pesos colombianos (USD$ 400) a un informante que habría proporcionado datos que supuestamente permitió lograr ‘excelentes resultados’ en dos operaciones militares” que terminaron con la muerte de una pareja indígena. Nadie lo escuchó.

Ni siquiera fueron consideradas las denuncias hechas en el 2014, cuando el mismo Martínez Espinel tuvo que responder ante la Justicia Penal Militar por un presunto desvío de recursos de la Cuarta Brigada a sus cuentas personales. Por estos hechos diez miembros de la institución fueron apartados, la Fiscalía le abrió formalmente una investigación al general “por una contratación presuntamente irregular de más de 300 mil millones de pesos en la Cuarta Brigada del Ejército y el Batallón Pedro Nel Ospina  de Medellín”[1], como publicaron varios medios de comunicación. Pero Duque lo ignoró.

“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército. Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, insistía Vivanco, pero el gobierno y el país miraban para otro lado.

Todo cambió el 18 de mayo. El diario The New York Times, uno de los más influyentes y creíbles a nivel mundial, publicó un informe titulado “Colombian Army’s Kills orders Put Civilians at Risk, officers say” (“Las órdenes de muerte del Ejército colombiano ponen a los civiles en riesgo, dicen los oficiales”) en el que advertía que desde comienzos del año la comandancia del Ejército de Colombia había creado unas directrices orientadas a aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate. Los oficiales que hablaron con este medio aseguraron “que las cosas empezaron a tomar un nuevo rumbo el pasado 19 de enero, un mes después del cambio de cúpula militar, cuando el general Martínez reunió a 50 generales y coroneles entre los que estaban sus principales mandos en todo el país. En el encuentro les presentaron un formulario titulado "Planteamientos de objetivos 2019", que llevaba un espacio para que cada uno de los comandantes firmara. En el documento debían poner el total de rendiciones, capturas y muertes que sus unidades causaron el año pasado, y al frente de ese dato, debían escribir la meta propuesta para este año. Lo que debían definir era la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. […]La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando”. [2]

Una de las órdenes más polémicas que recibieron los comandantes de las unidades militares consistía en lanzar ataques sin exigir perfección, “es decir, incluso si hay dudas sobre los objetivos sobre los que se despliegan. […]Les dijeron que tenían “que hacer lo que sea”, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información sobre grupos enemigos “para generar resultados”, informó el diario norteamericano.

Pocos días después de que esta noticia alcanzara la dimensión de escándalo, tanto por la gravedad de la denuncia que nos regresaba a un infame y costoso pasado que muchos creían superado, como por la desatinada respuesta del Gobierno Nacional, tres senadores norteamericanos escribieron al presidente Duque señalando la inconveniencia de promover al comandante del Ejército, Nicacio Martínez, autor de la cuestionada directiva, “porque a su juicio existiría evidencia creíble sobre un posible rol en ejecuciones extrajudiciales”. Pero ello tampoco bastó para entender la dimensión de la tragedia que se anunciaba.

El Gobierno Nacional, aún sofocado –más por la denuncia que por el hecho denunciado- envío una carta en tono de dignidad herida a través de su canciller y de su ministro de Defensa, cuestionando la veracidad del artículo escrito por el periodista Nicholas Casey,  porque a su pobre juicio “muestra una visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano y su Ejército hacen para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad, como también para proteger a la población, los derechos y las libertades”.

El diario respondió a través de una misiva enviada por su editor ejecutivo, Dean Baquet refutando cada uno de los señalamientos y defendiendo la labor de su periodista, quien tuvo que abandonar el país por amenazas. Pero fue más allá. El viernes 24 de mayo en un editorial titulado ‘La paz de Colombia es muy preciosa como para abandonarla’, aseguró que mientras las Farc se desmovilizaron y varios de sus miembros se encuentran en proceso de reincorporación, “el Gobierno ha ignorado sus promesas de ayuda y desarrollo rural que fueron fundamentales para el acuerdo”[3]. También señaló que la paz se estaba “desintegrando” y que el presidente Iván Duque “y sus aliados de derecha” han “saboteado un proceso pacífico” en el que los exguerrilleros “debían trabajar con el Gobierno en la sustitución de cultivos de coca”.

Un día después, la agencia AP salió a respaldar la denuncia del NYT y publicó un artículo: “Nueva evidencia vincula al jefe del Ejército con civiles asesinados’. Allí sostiene que “nuevos documentos de la fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en 2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron proporcionados a la AP por alguien que solicitó no ser identificado porque teme sufrir represalias.[4]

Las reacciones no se hicieron esperar. Tuvo que ser primera plana en el diario New York Times para que el gobierno se preocupara por el tema, para que una senadora irresponsable y deslenguada saliera a calumniar al periodista que con su valiente labor había desatado la tempestad, para que el país se preguntara en qué entrampamiento había caído la revista Semana para no haber divulgado esta noticia meses atrás, para que los organismos del Estado se dieran a la tarea de estudiar las directrices militares, para que toda la prensa nacional empezara a investigar, y para que el canciller se pronunciara con altivez y luego tuviera que viajar a Estados Unidos a dar explicaciones al diario cuando el país lo que menos requería era de una genuflexión con forma de argumentación en busca de expiación. El tema y lo que la sociedad se pregunta con espanto es si se está repitiendo la historia del pasado cuando la directriz 029 de 2005 del ministerio de Defensa condujo al asesinato de más de seis o diez mil jóvenes humildes[5], que luego fueron vestidos con prendas militares para hacerlos parecer como guerrilleros caídos en combate, a cambio de permisos, condecoraciones, ascensos y beneficios pecuniarios para los oficiales.  

Lo que más terror e indignación causó de esta denuncia es que con ella se demuestra que se están creando las condiciones para que estos crímenes -catalogados como de lesa humanidad y de guerra por la Oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)-, se sigan repitiendo en medio de una vergonzosa y dolorosa impunidad; incluso con la anuencia del mismo Estado colombiano que parece empeñado en desconocer el nuevo país que hoy es Colombia, aunque sigan repitiéndose los mismos horrores.

Todavía no se puede determinar con total precisión los alcances de esta directriz orientada a aumentar los asesinatos en combate, pero el New York Times se refirió a dos casos que fueron reportados por unos oficiales cuando empezaron a identificar asesinatos y arrestos sospechosos. “Una de las fuentes puso la lupa en la muerte de un supuesto miembro del Clan del Golfo reportado el 25 de febrero. El informe militar, conocido por ese diario, decía que tres miembros de ese grupo criminal se enfrentaron a un pelotón del Ejército. El resultado del operativo fueron dos capturas y una muerte. Además, los uniformados encontraron un revólver y una pistola. A la fuente del periódico le pareció poco probable que tres criminales con armas cortas se enfrentaran a 41 soldados de un pelotón.

El diario estadounidense también recogió el asesinato de Dimar Torres, el excombatiente de las Farc (ejecutado a sangre fría), y mencionó las primeras versiones dadas por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en las que difundía la versión de un forcejeo que entregó el cabo que le disparó. Un testimonio que después fue desestimado por la Fiscalía”.[6] Es altamente probable que estos no sean los dos únicos casos que se hayan presentado recientemente. Los mal llamados ‘falsos positivos’ siguen enturbiando la historia del país, y sus víctimas siguen esperando justicia.

En 2012 la Corte Penal Internacional (CPI) presentó un informe sobre las razones por las cuales Colombia seguiría siendo objeto de examen preliminar, paso previo para que decida si abre o no una investigación en un país donde tenga jurisdicción, y en esa oportunidad señaló: “Hay bases razonables para creer que los falsos positivos han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de guerra”.[7]

Si el gobierno olvido esta advertencia, lo que no ha podido ignorar es la turbulencia que se desató con el retorno del fantasma de los ‘falsos positivos’. Fue así, como luego de haber intentado defender la honra de las Fuerzas Militares y de reprochar la publicación internacional, el presidente se vio obligado a tomar dos decisiones políticas. Por un lado retiró la directriz de forma simbólica para evitar “malas interpretaciones” porque la doctrina se mantiene intacta, y creó una comisión de juristas para que realicen un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales, y cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan al Derecho Internacional Humanitario y al respeto de los derechos humanos. Esta comisión fue integrada por el exfiscal General Alfonso Gómez Méndez, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernando Yepes y el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González.  

El país hoy se pregunta si esta comisión tendrá alguna incidencia real, si gozará de total independencia y si sus recomendaciones inducirán a cambios profundos y substanciales. También se pregunta si pese a todo lo denunciado, el general Nicacio Martínez y los demás militares comprometidos en casos de ejecuciones extrajudiciales serán ascendidos la próxima semana cuando la plenaria del Senado debata sobre el ascenso de varios generales. Sería un contrasentido retirar la directriz pero premiar a su principal diseñador garantizándole una promoción de mayor general a general de cuatro soles; a quien además sigue siendo objeto de más denuncias e investigaciones.

El miércoles 29 de mayo, la prensa nacional confirmó que el general Martínez Espinel tiene abierto un proceso penal en la Fiscalía 8 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por un posible delito de peculado por apropiación. “Un juez penal de Medellín compulsó copias para que oficiales del Ejército, entre ellos Martínez Espinel, fueran indagados por un supuesto desvío de fondos que pagan empresas mineras y consorcios para que el Ejército les preste seguridad en el transporte de explosivos usados en minería”.[8] Su situación parece insostenible; más aún si se considera que parte de la asistencia militar que brinda Estados Unidos a Colombia está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos en materia de derechos humanos. “En 2018, estos requisitos incluían que el “personal militar responsable de ordenar, perpetrar o encubrir falsos positivos esté siendo procesado y sancionado adecuadamente, incluyendo con la destitución de cargos de mando”.[9]

Más allá del intenso debate que se anuncia, de las cuestionables actuaciones del ministerio de Defensa que hasta el momento no ha manifestado intención alguna de retirar la postulación de Martínez, los efectos de la denuncia del NYT siguen sacudiendo la vida nacional. El periodista Daniel Coronell preguntó en su última columna la razón por la cual Semana no denunció esta nueva directriz militar cuando tenía las mismas fuentes del NYT y la misma información desde tres meses atrás. ¿Acaso sobre el deber periodístico primó la conveniencia política? ¿Fue un grave error de criterio? ¿La historia fue engavetada para beneficiar al gobierno?. El director lo niega. Por ahora otro de los damnificados es Coronell, quien fue despedido de la revista a causa de esta difícil y corajuda columna, también los lectores de la revista que ya no podrán leerlo, la revista misma que perdió una pluma crítica y respetada y la democracia porque uno de sus pilares fundamentales, como lo es la libertad de prensa, ha quedado gravemente lesionado.

No es arbitraria entonces la sensación de que la historia se repite como una condena. Colombia es de nuevo la ‘patria boba’ que entre la promulgación de la infamia (ya no de un grito de independencia) y el inicio de un nuevo pero no extraño régimen del terror se debate entre crear sofismas y excusas para negar  y no tener que confrontar su propia inmoralidad.

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[1] El Pacifista; “‘Duque asciende a generales investigados por falsos positivos’: Human Rights Watch”

Bogotá, febrero 27 de 2019.

Consultado en: https://pacifista.tv/notas/duque-generales-investigados-por-falsos-positivos-human-rigthts-watch/

[2] Semana; “¿Falsos positivos 2.0? La denuncia de 'The New York Times' contra el Ejército Nacional”. Sección Nación. Bogotá, 18 de mayo de 2019.

Consultado en: https://www.semana.com/nacion/articulo/ordenes-de-letalidad-the-new-york-times-habla-de-posibles-falsos-positivos/615936

[3] Redmás; “Editorial del New York Times acusa al Gobierno Duque de sabotear el acuerdo de paz”. Bogotá, 24 de mayo de 2019. 

Consultado en: http://www.redmas.com.co/paz/editorial-new-york-times-acusa-al-gobierno-duque-sabotear-acuerdo-paz/

[4][4] AP; “Colombia: Vinculan a jefe de ejército con civiles asesinados”. Por Joshua Goodman. Sábado 25 de mayo de 2019. 

Consultado en: https://apnews.com/a90371008e1144449c7a950cb3d469c1

[5] El diario británico The Guardían aseguró en mayo de 2018 que durante ocho años se cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Su afirmación se sustenta en el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, escrito por los excoroneles de la policía Ómar Eduardo Rojas y Fabián Leonardo Benavides. Ver: https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/colombia-false-positives-scandal-casualties-higher-thought-study

[6] Op. Cit., Semana

[7][7] El Espectador; “Falsos positivos 'sí han sido política de Estado'”. Sección Judicial. Bogotá, 27 de noviembre de 2012. 

Consultado en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/falsos-positivos-si-han-sido-politica-de-estado-articulo-389506

[8] El Tiempo; Le aparece nueva investigación al general Nicacio Martínez”. Unidad Investigativa. Bogotá, 29 de mayo de 2019.

[9] Revista Semana; “¿Falsos positivos 2.0? La denuncia de The New York Times contra el Ejército Nacional”. Bogotá, 18 de mayo de 2019

FOTO PUBLICADA EN PUBLIMETRO.CO. EFE.
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