La derrota del gobierno ante la OEA es nuestro triunfo
La derrota del gobierno es nuestro triunfo
Entre los días 26, 27 y 28 de junio se llevó a
cabo la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
la ciudad de Medellín, Colombia. Participaron 34 países y acudieron más de
1.500 invitados internacionales. Durante esos tres días se desarrolló una
extensa agenda, formal y esperada, que incluía la presentación de 15 proyectos
de resoluciones para ser debatidos y aprobados, discusiones en temas
relacionados con el fortalecimiento de la democracia, la equidad y el progreso
social regional, la estabilidad política, la situación de los derechos humanos y
la cooperación para el desminado humanitario en Colombia, la lucha contra la
corrupción, y, por supuesto, las crisis migratorias de Nicaragua y Venezuela. También
se conmemoraron los 15 años de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp OEA)
y los 60 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además se incluyeron
algunos eventos complementarios, como un encuentro con la sociedad civil, otros
sobre juventud, negocios y empresa privada.
Hasta ahí todo normal y previsible. Lo realmente
sorprendente y lo que más expectativa había generado, no era ni siquiera el interés
de varios países por desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro
en Venezuela (ante lo cual Uruguay rechazó la presencia de una delegación del
autoproclamado presidente, Juan Guaidó en la Asamblea), era el tratamiento que
recibiría la propuesta enviada dos meses atrás por el gobierno de Colombia en
representación de cinco países, para
limitar las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el
resultado de la votación para elegir a los nuevos comisionados.
Que Colombia oficiara como país anfitrión de la
Asamblea General, por tercera vez en su historia (la última vez fue en 2008) no
le garantizó el triunfo al gobierno Duque en un nuevo e innecesario pulso
político. Por un lado pretendía limitar el alcance del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, bajo un llamado a garantizar la “autonomía de los Estados”
y
a considerar “las realidades políticas y sociales de los mismos", como
afirmó en la misiva suscrita por los gobiernos de Chile, Paraguay, Argentina y
Brasil, los más conservadores del continente. Y por el otro, intentaba introducir
un ‘Caballo de Troya’ como artimaña destinada a minar la CIDH desde su interior. Ambas iniciativas,
que en realidad eran dos estrategias con intereses ocultos, fracasaron para
fortuna de los pueblos del continente.
El canciller colombiano definió la carta como “una
reflexión sobre el estado actual del sistema interamericano”, en la cual se
plantean algunas sugerencias destinadas a mejorar su funcionamiento, agilizar
el trámite de las peticiones y superar su congestión; pero a la vez que los
países firmantes ratifican su compromiso con la protección de los Derechos
Humanos, se habla de margen de autonomía, margen de apreciación y se hace un
llamado a reconocer “el sistema individual de las peticiones”.
Todo esto hay que mirarlo con lupa. Cuando se
habla de aplicar un margen de apreciación más amplio en relación con la toma de
decisiones, y de garantizar la autonomía de los Estados, se está haciendo
referencia a situaciones concretas y temas puntuales que tienen que ver con un
concepción moderna de los derechos humanos y
la indivisibilidad de estos, en contraposición a conceptos tradicionales
de familia, orden social y estructura política hegemónica. Pero la propuesta va
más encaminada hacia la aplicación de medidas de impunidad; y en el caso
colombiano debe leerse dentro de un contexto de oposición al Acuerdo de Paz y a
la JEP.
Para gobiernos de extrema derecha, como el de
Brasil, que han expresado abiertamente su oposición al reconocimiento pleno de
los derechos de la población LGTBI, o como llegó a plantearlo el mismo Duque estando
en campaña electoral, es un error que la Corte reconozca el derecho al
matrimonio, a la sucesión o la herencia por
parte de una pareja del mismo sexo o que una familia homoparental pueda adoptar
hijos. De hecho, la misma semana en la que los cinco gobiernos enviaron la
carta a la CIDH, Jair Bolsonaro, con el apoyo de las iglesias pentecostales, declaró
a la prensa de su país: "Si quieres venir a tener sexo con una mujer,
adelante… pero no podemos dejar que este lugar sea conocido como un paraíso
para el turismo gay. Tenemos familias".[1]
Un mes después, la Corte Suprema de Brasil equiparó la homofobia con el delito
de racismo, y propuso criminalizarla, como una medida importante a favor de los
derechos de las minorías sexuales en uno de los países con más asesinatos de
personas LGBT del mundo. "Todo prejuicio es violencia. Toda discriminación
es causa de sufrimiento”, afirmó una juez que votó a favor de la iniciativa[2].
Pero en realidad, como señaló una analista de La
Fundación Paz y Reconciliación-Pares la carta hacía referencia a cuatro modificaciones en apariencia formales,
pero que en el fondo buscaban poner en tela de duda la legitimidad de las
decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana. El objetivo de la
misiva y de la postulación de un miembro del Centro Democrático, era limitar el
alcance del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (SIDH), disminuir sus competencias y debilitar su estructura para
impedir que los países miembros cumplan con sus obligaciones en relación con la
observancia de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
La principal función de la CIDH es “promover la
defensa de los derechos humanos en las Américas”, y eso incomoda a los
gobiernos con tintes autoritarios, sean de izquierda o derecha, como en el caso
de Colombia. El actual gobierno se resiste a aceptar la nueva realidad que
surge con la firma del Acuerdo de paz, avalado y reconocido internacionalmente, a reconocer el desarrollo jurisprudencial a
nivel mundial como un avance democrático, y a entender que varios instrumentos
de la justicia internacional, tratados y protocolos, son parte del bloque de constitucionalidad
del país.
Desde mediados del Siglo XX, luego del horror de
la segunda guerra mundial, de los crímenes y las sistemáticas violaciones a los
derechos humanos en varios países y continentes, como los que se registraron en
América Latina bajo sangrientas dictaduras militares de derecha, se hizo
necesario impulsar profundas reformas institucionales, sociales y políticas en
pro de las libertades, las garantías individuales, la justicia, la democracia y
la participación política, en especial en aquellos países que habían estado sometidos
por gobiernos autocráticos y tiranos. De este modo, mientras se empezaba a
reconocer una gama de derechos, algunos derivados de la Revolución Francesa de
1789, y se hacía hincapié en la defensa de los derechos sociales, económicos,
políticos y culturales en América y en todo el mundo, fueron surgiendo nuevos mecanismos
para la exigibilidad de esos derechos a nivel internacional, y apareció una nueva
corriente de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales comprometidas
con la defensa y la promoción de los derechos humanos, y la denuncia de sus
violaciones, tanto por parte de los mismos Estados como por acción de grupos
alzados en armas.
Con estos avances empezaron a reconocerse
alternativas eficaces capaces de garantizar la protección de los derechos
individuales y colectivos, e imponer sanciones ejemplares, concordantes con las
atrocidades cometidas, con la posibilidad de
sancionar ya no solo personas, sino Estados. Sin embargo, durante la
últimas décadas, con el resurgimiento de nuevas formas de autoritarismo al
interior de algunos sistemas
democráticos, como en Colombia o Brasil, empezaron a manifestarse serias
contradicciones en relación con el manejo del poder y la defensa de los derechos
humanos, desde el reconocimiento a la igualdad y el acceso a una justicia
eficaz como el deber de garantizar que las graves violaciones, en especial las
cometidas por los Estados y sus agentes, no queden en la impunidad.
“El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos
es un mecanismo que ha sido especialmente eficaz en los últimos años para
frenar leyes de amnistía, investigar denuncias de tortura, desaparición forzada
o en contra de la libertad de expresión en las que está involucrado el Estado”[3].
El alcance y sus implicaciones en un contexto de
posconflicto como el que intenta consolidarse en Colombia, permite entender que
la oposición al funcionamiento de la CIDH y a las decisiones que toman tanto la
Comisión como la Corte Interamericana, va más allá del interés de gobiernos
conservadores en revertir importantes avances democráticos relacionados con el reconocimiento
de los derechos de sectores históricamente excluidos y vulnerados, como las
minorías étnicas, la población LGTBI y las mujeres. Se trata, en concreto, de buscar la exoneración de crímenes del
pasado. “Algunos piensan que se trata de un recorte para frenar la agenda
igualitaria sobre aborto o matrimonio homosexuales pero es más que eso. Hay una
agenda para impulsar amnistías militares, encubrir represión o graves
violaciones en asuntos de libertad de expresión” afirmó al diario El País, Viviana
Krsticevic, directora del Centro por el Derecho y la Justicia Internacional
(CEJIL). Todo ello aplica perfectamente a la agenda oculta del gobierno
colombiano, pero hay otros elementos que se deben tener en cuenta. Hay un interés por eliminar la amenaza de la
justicia internacional para agentes del Estado comprometidos en crímenes de
lesa humanidad, como una forma de combatir la Jurisdicción Especial para la Paz
y modificar o, mejor, “hacer trizas” el Acuerdo de Paz suscrito por el anterior
gobierno a nombre del Estado colombiano, con la extinta guerrilla de las FARC.
¿Que buscaba el gobierno de Colombia al proponer
el nombre de un exsenador de derecha, ajeno por completo al mundo de los Derechos
Humanos? Tener una mayor incidencia en
el trámite de algunas iniciativas, para lo cual contar con un “infiltrado” que
pueda actuar bajo la lupa del cuestionado exprocurador Alejandro Ordoñez, facilitaría
su objetivo de socavar el sistema desde su interior.
Aunque osada -torpe o perversa- la jugada del
gobierno podría interpretarse de distintas maneras, pero dentro del contexto
nacional no sería lógico desligarla de la ya consabida cruzada uribista contra
el proceso de paz; cruzada que va desde la reducción presupuestaria de la JEP,
la ausencia de alguna meta para la consolidación de la paz dentro del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, la
falta de voluntad para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto
armado interno y entregarles las 16 curules pactadas, hasta el absurdo llamado
a un referendo para derogar el tribunal de paz y relevar a los actuales
magistrados de las altas Cortes, como propuso Uribe, incluyendo a los de la
Corte Suprema de Justicia que lo investigan por los delitos de soborno en
actuación penal y fraude procesal.
La obsesión de Duque y de su mentor no es otra que
acabar con la JEP; pero todas las iniciativas que han impulsado han fracasado o
no han tenido el suficiente eco. Las seis objeciones a la ley estatutaria fueron
rechazadas por la Corte Constitucional en mayo pasado, el proyecto para
reformar el sistema de Verdad, Justicia y Reparación pactado en La Habana no ha
suscitado mayor apoyo, y el llamado para que la ciudadanía manifieste en las calles
su repudió a las altas cortes y a la JEP, tampoco ha alcanzado la contundencia
que requieren para configurar una compacta fuerza social y política que amenace
la Paz posible que el país democrático se ha propuesto realizar mediante la
implementación del Acuerdo, la desmovilización del ELN y la desarticulación de
los nuevos grupos narcoparamilitares.
Entre los muchos obstáculos que enfrenta el
gobierno Duque/Uribe para el logro de sus objetivos, figura la falta de
opciones para que agentes del Estado comprometidos en graves violaciones a los
derechos humanos, varios de ellos acogidos por la JEP, logren por una vía
alterna, evadir, sin mayor costo, la acción de la justicia. “La posibilidad de
obtener la libertad inmediata cuando están presos –aunque esta sea
condicionada– y de lograr penas mucho más bajas que en la justicia ordinaria se
convirtió para militares y policías investigados o condenados por delitos
cometidos durante el conflicto armado en un atractivo irresistible de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP). La prueba es que sigue creciendo el número de
integrantes de la Fuerza Pública que se somete a esta justicia especial. Según
la JEP, ya son 1.914 los militares y policías que han firmado actas de
compromiso en esta justicia, entre los cuales hay 5 generales y 20 coroneles”[4].
La realidad es que Colombia no puede desconocer su
obligación en relación con los principales instrumentos internacionales sobre
derechos humanos, tanto del Sistema Universal (ONU) como del Sistema
Interamericano (OEA). Por tanto le asiste el deber de investigar, procesar y
sancionar violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho a la
verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no repetición de los
crímenes. No existe la posibilidad de amnistías, indultos y prescripciones ni
de acudir a los variados mecanismos que adoptan algunos Estados para generar
impunidad y proteger a los victimarios.
“La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos han establecido que las disposiciones de cualquier naturaleza
–legislativas, administrativas u otras-, que impidan la investigación y sanción
de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, son
incompatibles con las obligaciones en materia de los derechos humanos. Por
esto, han indicado que en el caso de que una persona acusada de un delito en
este contexto solicite la aplicación de una ley de amnistía, el tribunal tiene
la obligación de investigar y esclarecer la situación porque de conformidad con
las obligaciones estatales no se pueden aplicar leyes o medidas de amnistía a
graves violaciones a los derechos humanos.
En este orden de ideas, la Corte Interamericana en
reiteradas sentencias ha establecido que son inadmisibles las disposiciones de
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes
de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las
desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”[5].
La aplicación de una ley de amnistía en
Colombia, además de impunidad, buscaría obstruir el derecho a la verdad
histórica, en especial en lo concerniente a la responsabilidad de actores
civiles en la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos en el
marco del conflicto armado, lo que beneficiaría al expresidente Álvaro Uribe. Una medida de este tipo jamás sería posible en
tanto exista el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como se demuestra
con las decisiones que adoptó en relación con las leyes de amnistía impulsadas por el expresidente
Alberto Fujimori. “En este caso la Corte no solo obligó castigar a los culpables de las
masacres y desapariciones, sino que dejó sin efecto las leyes de amnistía en
vigor, lo que provocó el procesamiento y condena de cientos de personas
vinculadas a abusos a los Derechos Humanos”[6].
Otra razón por la que al gobierno de Colombia se
ha propuesto limitar el alcance de la CIDH, organismo que es reconocido como la
última esperanza de miles de víctimas que no logran obtener justicia en sus respectivos
países, es frenar nuevas y costosas condenas.
Hasta el 2012, Colombia había sido juzgada y
condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de trece sentencias en las que se declaró al
Estado responsable de haber violado los derechos humanos y vulnerado las normas
contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. La primera condena
la recibió en 1995 por la desaparición forzada del sindicalista Isidro
Caballero Delgado y de María del Carmen Santana, por acción de una patrulla
militar adscrita a la Quinta Brigada de Bucaramanga. En el 2018 el Estado
colombiano fue sancionado cuatro veces, y se convirtió en el país con más
condenas proferidas por el tribunal interamericano.
Entre las condenas por acción y omisión que han
recaído sobre el Estado, algunas tuvieron enorme impacto nacional, como el caso
de los Diecinueve (19) Comerciantes en Santander; el secuestro y tortura de
Wilson Gutiérrez Soler a manos de agentes del Estado, las masacres de La
Rochela, Mapiripán, Pueblo Bello, Ituango y Santo Domingo, los desaparecidos en
la retoma del Palacio de Justica, los asesinatos de Jesús María Valle Jaramillo
y del dirigente comunista Manuel Cepeda Vargas, entre otros casos. Pero no solo
han sido fallos. Tanto la Corte como la Comisión se han pronunciado en
reiteradas ocasiones, rechazando los asesinatos de líderes sociales y
defensores de derechos humanos, y llamando al Estado colombiano para que adopte
medidas urgentes tendientes a proteger la vida de personas amenazadas,
garantice el cumplimiento de las medidas cautelares, investigue los asesinatos,
identifique a los determinadores de los crímenes e impida que estos queden en
la impunidad. No obstante, estos pronunciamientos
han sido insuficientes y han caído en oídos sordos. No sólo porque los
asesinatos continúan, incluso se vienen incrementando en los últimos meses,
también porque la respuesta del gobierno a través de sus altos funcionarios ha
sido totalmente errada. Por un lado se limita a negar la dimensión de la
tragedia, a minimizar los hechos y a justificar los crímenes, y por el otro pretende
desconocer el resurgimiento de los grupos paramilitares. Además se advierte una
absoluta falta de voluntad política para detener el genocidio en marcha, el que
incluye el asesinato de más de cien desmovilizados de la guerrilla que se
acogieron al proceso de paz, no se contempla la implementación de una política
eficaz que brinde reales medidas de seguridad en las regiones, logre
desarticular las estructuras criminales que operan en casi todo el territorio
nacional e identifique a los miembros de fuerza pública y representantes de los poderes políticos
locales que actúan en connivencia con estas bandas o les suministran apoyo
logístico y financiero. Esta denuncia no es nueva; y la prueba más reciente es un
camión del ejercito que salió de Bogotá y fue interceptado hace dos días por
las autoridades de Antioquia cuando transportaba elementos de uso privativo de
la fuerza pública que serían entregados a grupos criminales que operan en el Urabá,
según confesó el conductor, un funcionario no uniformado del Ejército Nacional.
Las expresiones de preocupación de la CIDH, los
señalamientos de la Oficina del Alto Comisionado sobre el daño que esta
situación de violencia e inseguridad provoca al Acuerdo de Paz y a la
democracia de Colombia, no fueron respaldadas, o al menos no con la
contundencia que se esperaba, por los gobiernos que participaron en la Asamblea
celebrada en Medellín. Ni siquiera el Secretario General de este organismo,
Luis Almagro, reconoció la gravedad de la situación que afronta el país en
materia de Derechos Humanos, y solo se limitó a repetir las cifras oficiales
haciendo referencia a una falsa reducción del 33% en los homicidios y señalando
que estos solo se presentan en el 4% del
territorio nacional, “lo cual prácticamente ha dejado libre de este flagelo al
95% del país”, se atrevió a decir, generando una enorme indignación.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, se
opuso a esta apreciación, por errada, indolente y complaciente con los interés
del gobierno Duque, y señaló que los asesinatos de los líderes en el país no
debe reducirse a simples cifras: “En estos eventos, con buen aire acondicionado
tenemos que decirnos las verdades. Entonces uno se pregunta: ¿por qué tan frio
Almagro con Colombia? Él intervino en dos oportunidades y dijo que aquí se
había reducido en el último tiempo el 30% del asesinato de los líderes, el problema
no son las cifras, el problema es que en Colombia no se puede asesinar a ningún
líder de derechos humanos o social. Él no debió incurrir en ese yerro. Pero
además, nosotros si le preguntaríamos al Secretario: ¿qué estamos haciendo para
resolver la situación en que está la Procuraduría de los derechos humanos en
Guatemala donde el gobierno le quitó casi todos los recursos para que pudiera
funcionar? ¿Qué ha hecho la OEA para acabar la guerra sistemática que tiene el
Congreso de Panamá contra el Defensor del Pueblo? De manera que, debemos
meternos en menos cocteles y más en la situación humana que están viviendo
estos países”[7].
Otras organizaciones como el Programa Somos Defensores y la Comisión Colombiana
de Juristas (CCJ), niegan que los crímenes hayan disminuido, y por el contrario
advierten que estos, así como las amenazas van en aumento.
Aunque el gobierno haya fracasado en sus
pretensiones, seguirá en su empeño de acabar con el sistema de justicia
transicional, en sabotear el proceso de
paz, en debilitar la Corte y la Comisión -columna vertebral del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos- y en profundizar la grave crisis que afronta el país en
materia de seguridad, paz y derechos humanos.
Pero hoy es más claro su juego gracias a su incomoda participación en la
Asamblea de la OEA, y la comunidad
internacional, así como sus organismos ya están advertidos.
[1] BBC Mundo; “Bolsonaro:
"No podemos dejar que Brasil sea conocido como un paraíso para el turismo
gay". Abril 26 de 2019. Consultado en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48065852
[2] El Espectador; “Corte
Suprema de Brasil criminaliza la homofobia”. Sección El Mundo. Bogotá, junio 14
de 2019. Consultado en:
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/corte-suprema-de-brasil-criminaliza-la-homofobia-articulo-865877
[3] El País; “Derrotada la
iniciativa encabezada por Colombia para reformar la defensa de Derechos Humanos
en la OEA”. Junio 29 de 2019
[4] El Tiempo; “Por qué crece
la romería de militares a la criticada JEP”. Sección Paz y justicia. Octubre 21
de 2018. Consultado en
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/por-que-tantos-militares-quieren-ir-a-la-jep-283700
[5] OEA. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); “Amnistía y violaciones a los
derechos humanos”. Washington D.C.,
Estados Unidos, diciembre 26 de 2012
[7] El Espectador; “La fría posición de la OEA frente al
asesinato de líderes sociales en Colombia”. Sección país. Junio 28 de 2019.
Consultado en:
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fria-posicion-de-la-oea-frente-al-asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-articulo-
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