21N: Día de la resistencia y la dignidad nacional




El principal temor en Colombia no es que pase algo -aunque se teme-, es que no pase nada y que las cosas sigan igual de mal en el país.  

El gobierno y ciertos sectores ultraderechistas y antidemocráticos están creando un innecesario clima de alarma y prevención. A menos de 48 de horas de iniciarse el Paro Nacional son varias las acciones orientadas a exacerbar los ánimos sociales. Como si se tratara de un día cívico algunas empresas y oficinas, universidades y colegios cerraran sus puertas como medida preventiva, mientras la gran prensa propaga mensajes de terror.

Bogotá, noviembre 19 de 2019.

Colombia no es Chile; eso se sabe. No tiene la resistencia solidaria de su pueblo ni el coraje de los indígenas de Ecuador que han logrado deponer tres mandatarios en las últimas décadas y acorralar al último, que luego de trasladar su sede de gobierno de Quito hacía Guayaquil, se vio obligado a reversar las medidas económicas que como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pretendían recortar el gasto público, poner fin a los subsidios a la gasolina y autorizar un reajuste en el precio de los combustibles. Tanto en Chile como en Ecuador las protestas han sido largas, onerosas y sostenidas, no de un solo día, han alterado la rutina de toda la sociedad y las principales calles de algunas ciudades se convirtieron en campos de batalla entre ciudadanos inconformes, agentes de la policía y encapuchados infiltrados (muchos de ellos enviados por la misma policía), dejando un saldo aterrador de muertos, heridos, mutilados, tuertos, ciegos y destrozos en el mobiliario público, en fachadas, edificios y bienes privados.

En Colombia no hemos vivido nada semejante, nada que podamos recordar en las últimas décadas. Se protesta y se marcha mucho pero se persevera poco, nunca una manifestación dura más de un día y por lo general las decenas que se realizan anualmente están desarticuladas unas de otras, y emergen como expresiones de un malestar focalizado que pocas veces logra integrarse con otras fuentes de inconformidad para plantear una agenda seria, integral y con apoyo masivo al Gobierno Nacional. El reto actual es poder proyectar la dimensión de la permanente y honda crisis social que padece el país -que por ser una constante nos ha sumido en un letargo del que muchos soñamos con despertar- para encausar las múltiples razones que tenemos los ciudadanos para manifestarnos. Vivir en uno de los países más desiguales y violentos del mundo y con una de las peores condiciones para trabajar en América Latina, ya ofrece una clara perspectiva de la dura realidad que viven millones de colombianos.

Cuando la Confederación de Trabajadores de Colombia y las centrales obreras convocaron hace un mes a un Paro Nacional para el próximo 21 de noviembre se supo que no era el llamado a una marcha más ni una propuesta ajena al clima de “Primavera latinoamericana”. Esta vez el llamado es a expresar un reprimido y fuerte malestar acuñado durante décadas de oprobios para exigir un cambio definitivo y radical en la conducción del Estado. El descontento con el sistema político y económico tradicional, la degradación moral en la función pública, la crisis financiera que está llevando a la desaparición de la clase media y a un aumento de la pobreza, la poca sintonía de los gobernantes con las necesidades de la gente y la imposibilidad de las mayorías para realizar sus sueños, aunque se esfuercen y trabajen por conseguirlos, son algunos razones para salir. Diversos colectivos se han sumado de manera decidida a este llamado. El Comando  Nacional Unitario (CUT, CTC, CGT y pensionados), la Cumbre Agraria de Campesinos, la ONIC. magisterio, estudiantes, organizaciones y movimientos sociales, colectivos de artistas, partidos políticos de oposición, fuerzas democrática, entre muchos otros, están invitando a movilizarse por un cambio de rumbo definitivo.  

Contra el “paquetazo Duque”, anunciaron los sindicatos. Paquetazo que incluye: 1. Reforma pensional, que limita el derecho a la pensión y convierte a “Colpensiones -fondo estatal- en un administrador de cuentas de ahorro individual, eliminando el régimen de prima media, es decir, aquel que garantiza una verdadera pensión vitalicia y sustitutiva, con solidaridad intergeneracional y salarial, que según la OIT es el mejor régimen de seguridad social en materia pensional que se conoce en el mundo porque garantiza cobertura, equidad y no presiona el déficit fiscal” como lo advirtió Fabio Arias Giraldo, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); 2. Reforma tributaria que sería el disfraz de la misma ley de financiamiento que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (pero a partir del el 1 de enero de 2020), con el fin de exonerar de tributación a las grandes empresas y gravar a la clase trabajadora con más impuestos. Su propuesta es hacer un Holding Financiero para vender activos del Estado, lo que conduciría, si o si, a una masacre laboral; y 3. Reforma laboral que en medio de la grave crisis de desempleo, hoy superior al 11,4% en las áreas metropolitanas y al 10,8% a nivel nacional,  propone “legalizar” la informalidad mediante contratos por horas, sin garantías y con reducción salarial del 25% del mínimo legal vigente para los jóvenes. Con estas medidas, como señala Arias, “se eliminarían del código sustantivo del trabajo derechos económicos y sindicales, fundamentales en lo que la OIT define como Trabajo Decente, tales como ingresos nunca inferiores al salario mínimo, seguridad social, contratos a término fijo o indefinido, indemnizaciones por despido y derechos de asociación y negociación”.

Las organizaciones sociales llaman a marchar para defender de la vida y rechazar los crímenes de Estado, el sistemático asesinato de líderes sociales (más de 750 en tres años), el genocidio y el etnocidio de los pueblos indígenas (83 muertes en 2019) y el asesinato de 138 desmovilizados de la guerrilla, y para que no haya más niños reclutados ni caídos bajo las bombas del Estado. En el último bombardeo ocurrido en San Vicente del Caguán habrían muerto 18 niños reclutados por disidencias de las FARC, y de acuerdo con la versión del personero municipal, tres menores que sobrevivieron a las bombas fueron perseguidos por el ejército con perros y drones, y rematados en unos potreros, sabiendo que eran niños, que estaban heridos y desarmados.  

Los estudiantes, un vez más, se lanzaran a la calle para denunciar el incumplimiento en los acuerdos presupuestales para la Universidad pública, la desfinanciación de programas de investigación científica, el mal estado en edificios y aulas, los bajos salarios de los docentes,  y rechazar los falsos judiciales, la infiltración en las universidades públicas de agentes del Estado incitando a delinquir y de grupos guerrilleros reclutando jóvenes, la corrupción administrativa, y el desvío de recursos de la universidad para pagar deudas de la nación. Los ambientalistas con el apoyo de otros sectores rechazaran el arboricidio en Bogotá, el maltrato animal, la deforestación de la Amazonía, el trafico de especies naturales y la feria de licencias ambientales que entregan el patrimonio a multinacionales extranjeras.

Todas las fuerzas sociales del país se unen para rechazar el desgobierno, la corrupción que representa la pérdida de más de 50 billones[1] de pesos al año, el alto índice de impunidad, el desplazamiento y la desaparición forzada; la inoperancia de la justicia que no condena al expresidente Uribe pese a tener más de 200 procesos abiertos, el incumplimiento del acuerdo de paz y la negativa a reconocer el derecho de las víctimas a ocupar doce curules en el congreso de la república. La sociedad caminara unida por las calles de más de una docena de ciudades para denunciar la precariedad en el sistema de salud, el tarifazo en los servicios públicos (aumento del 37% en el servicio de energía), el bajo salario mínimo, la precarización laboral, el perverso régimen pensional, el alza en la gasolina, en el transporte, en el costo de vida, la pobreza que se extiende como un cáncer…

Razones para marchar hay muchas. Todas si se quiere. El gobierno lo sabe, el país lo sabe, incluso aquel que prefiere meter la cabeza bajo tierra y no salir por miedo a que se cumpla alguna de las amenazas hechas por militares de alto rango contra quienes se manifiesten o las de encapuchados que aparecen en videos anunciando que destruirán las estaciones del metro en Medellín y de Transmilenio en Bogotá.  Las organizaciones sociales intentan ganarle el pulso los violentos llamando a una movilización pacífica y difundiendo protocolos de seguridad empleados en anteriores convocatorias. 

Lo que nunca había visto el país es a un gobierno tan asustado con una movilización ciudadana. Esta semana el presidente ha aparecido en todos los medios de comunicación posibles, incluso en diálogo directo con televidentes, al estilo Uribe o Trujillo en República Dominicana, para negar las reformas impulsadas por su gobierno, para hablar de democracia, del derecho a la protesta, para reiterar su poca creíble voluntad de paz y su desconocida agenda social. Solo le faltó decir que él también saldrá a marchar contra la injusticia de su gobierno.  Incluso la ministra del Interior informó sobre las medidas especiales de control que se tomarán ese día y rechazó, con abrumadora diligencia, los desmanes y los disturbios que puedan presentarse durante las protestas. Las calles de Bogotá están militarizadas desde hace una semana, se impuso Ley Seca, las tropas está en acuartelamiento de primer grado y agentes de la policía han allanado 27 viviendas, dos de estas pertenecientes a miembros del Congreso de los Pueblos. El Movimiento de víctimas de crímenes de Estado (Movice) denunció allanamientos a colectivos artísticos en la madrugada del 19 de noviembre y defensores de derechos humanos informaron de 7 allanamientos en Medellín y 5 Cali. La avanzada del presidente y su gabinete ante la gran prensa para explicar lo que no han podido en un año de mal gobierno, contrario a  generar confianza profundiza la incertidumbre. ¿Le temen tanto al pueblo ejerciendo poder en la calle y exigiendo lo que le pertenece por derecho? Si. Le temen y tienen razones para hacerlo, El pueblo unido es poder, y los gobiernos del mundo tiemblan porque saben que es así.

No pueden borrar de la memoria ni de la historia los vientos de emancipación que hoy recorren el continente americano, animados por la indignación colectiva, el hastío a la mentira, los abusos de poder y la falta de conciencia social por parte de algunos gobiernos. El mensaje es contundente y claro. Hay una crisis en la representatividad, los pueblos no se sienten representados por sus gobiernos, miran con desconfianza a sus gobernantes que viven realidades diametralmente opuestas a las que a diario padecen las mayorías, y hoy se plantea desde la calle  y la resistencia civil un urgente cambio en el paradigma democrático.

Chile arde desde hace más de un mes, Ecuador pasó por la hoguera, Bolivia hoy se desangra tras sufrir un golpe militar orquestado, este si, por conspiradores internacionales, incluso en Costa Rica los estudiantes salieron a las calles a pedir mayor inversión en la educación superior.  Haití lleva más de dos meses paralizado por las masivas marchas ciudadanas, a las que se unieron, el domingo pasado, las fuerzas policiales para exigir desde las calles de Puerto Príncipe garantías sociales y laborales. Al otro lado del globo los pueblos también se levantan contra las injusticias. Las duras protestas en Iraq y el Líbano lograron hace menos de un mes derrocar a sus gobiernos y plantear un cambio radical en las políticas internas.  

La expectativa en Colombia es enorme y crece con el paso de las horas, como nunca se había visto antes. Quizás la antelación con la que se convocó a marchar permitió que todo tipo de personas se pronunciaran para bien o para mal o emprendiera acciones para generar miedo y confusión. Mientras hoy, algunos intenten banalizarla y convertirla en una fiesta callejera, otros insisten en desconocer las legítimas razones de la protesta y hablan de agentes encubiertos interesados en desestabilizar.  La prensa informó hace un par de días que la oficina de Migración Colombia y la Policía Nacional identificaron a 20 extranjeros que habrían llegado desde Chile, Ecuador, España y Venezuela con el propósito de infiltrar las marchas y generar caos. Dos ciudadanos venezolanos fueron deportados.

El presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la No Repetición, el sacerdote Francisco De Roux defiende el paro y señala que es hora de escucharnos. “El paro de este 21 de noviembre es una oportunidad para demostrar que Colombia tiene una democracia madura, unas instituciones garantistas en materia de derechos humanos, y que la violencia no es necesaria para resolver nuestros problemas estructurales”.

A este gobierno y a ciertos sectores retardatarios de la política nacional les cuesta entender que la gente protesta porque se le llenó la copa del descontento, porque no le cabe más dolor en el alma, porque el sufrimiento la ha rebosado, porque está cansada de tanta injusticia y marginalidad, de soportar el hambre y la miseria, de tener que bajar la cabeza por una limosna salarial, aceptar reglas arbitrarias e imposiciones nefastas para su propia supervivencia y ser usada y manoseada por políticos sin escrúpulos que llegan a gobernar para beneficio personal.  La protesta ciudadana no es una expresión extremista de la izquierda radical ni es parte del manual desestabilizador de actores armados y agentes extranjeros interesados en imponer una dictadura marxista en el país. No. Los pueblos se levantan y se sacuden de cadenas cuando entienden que las cosas no son como son por mandato celestial sino por decisión humana, y que siendo así pueden cambiar y ser diferentes. Cuando asumen que el cambio no llega por mandato divino, que es el pueblo unido resistiendo, PERSEVERANDO y exigiendo en la calle, afectando el orden y rompiendo la normalidad del gozo indiferente de las minorías y de la postración dolorosa de las mayorías, es porque ha llegado el tiempo de la transformación.

Solo así, convirtiendo en trinchera de esperanza cada esquina de esta América indómita, será posible escribir una nueva y mejor historia.





[1] Equivalentes a USD$14.528.725.000,00

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