El hombre de atrás (I)

¿Quién ordena espiar en Colombia?

"La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa"

Carlos Marx

Hoy cuando deberíamos estar dando debates profundos y novedosos, orientados a profundizar y ampliar espacios democráticos, consolidar la realización de un Estado de derecho, como promete la Constitución, y avanzar aún más en el reconocimiento de derechos políticos y libertades civiles, volvemos a las oscuras prácticas del pasado, como si fuéramos una rueda anclada en el lodo de la historia. La persecución política, el uso de los aparatos y los recursos del Estado (incluso de otros países) para perseguir, violar derechos, estigmatizar, espiar y amenazar siguen vigentes en el país, y lo que es peor, nunca dejaron de estarlo. ¿Por qué repetimos como en un oscuro Déjà vu las mismas acciones deleznables de hace un año, de hace seis o de hace once?

Hoy Colombia parece estar más cerca de una dictadura civil que de una genuina y real democracia, y ello debería ser motivo de alarma nacional.

Así como hace un año, luego del arbitrario despido del periodista Daniel Coronell, la revista Semana sacó de su alacena de noticias congeladas, una investigación que respondía a la denuncia hecha por The New York Times el 18 de mayo de 2019 sobre el retorno de la práctica criminal de los ‘falsos positivos’, ahora, tras la segunda despedida del mismo periodista del mismo medio, Semana revela un nuevo caso de espionaje y persecución a varios ciudadanos nacionales y extranjeros.

El 1 de mayo de 2020, bajo el titular “Las carpetas secretas”, Semana informó que “algunas unidades del Ejército ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país. Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”.

En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles”[1].

Entre las víctimas se cuentan defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales, políticos de oposición o incomodos al régimen, periodistas, sindicalistas, líderes sociales y miembros de las fuerzas armadas. Varios de ellos se habrían convertido en objetivos de vigilancia por investigar violaciones a los derechos humanos, crímenes de Estado o por haber denunciado, documentado, o representado a familias de víctimas de asesinatos extrajudiciales, y por revelar otros graves abusos, como lo sostuvo la organización internacional Wola.

“Entre quienes fueron monitoreados ilegalmente se encuentran periodistas estadounidenses veteranos, así como aliados de WOLA que incluyen el defensor de tierras César Jerez y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), una organización no gubernamental que ha representado a familias de víctimas asesinadas ilegalmente por miembros del ejército, y el líder indígena senador Feliciano Valencia”[2]. En este listado también se cuentan los nombres de 34 periodistas, entre quienes figuran Ginna Morelo y Karem Racines (Liga contra el silencio de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)), Juan Forero (The Wall Street Journal), Ignacio Gómez (Noticias Uno), Yolanda Ruiz (columnista de El Espectador y RCN Radio), María Alejandra Villamizar (Caracol), etc., etc., etc.

En su última columna publicada en El Espectador, Yolanda Ruiz pregunta: “¿qué temen? ¿Por qué la inteligencia militar se toma ese trabajo con periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Qué tienen ellos para ocultar? ¿Por qué le temen al trabajo que hacemos como para convertirnos en objetivo de investigación?[3] Y afirma tener miedo, aunque nada teme. “Varios me dijeron: el que nada debe nada teme. Es cierto que nada debo, pero sí temo. Porque en Colombia los que nada deben son amenazados, chuzados, hostigados, deshonrados, matoneados, desplazados y… asesinados”. Tiene razón en temer y en preguntarse en qué momento o desde hace cuánto la prensa que investiga y es rigurosa con su labor informativa se convirtió en una amenaza para el gobierno o el poder de turno.

El espionaje ilegal y las investigaciones poco concluyentes no son novedad en el país.  “En el 2011 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la ahora extinta agencia de inteligencia colombiana, fue desmantelada después de conocerse en el 2009 que estaba escuchando ilegalmente y monitoreando las actividades de líderes de la sociedad civil, jueces, y políticos. Las recientes revelaciones de Semana plantean la pregunta: ¿Por qué este es un problema recurrente en Colombia? ¿qué debe suceder para asegurar que aquellos responsables rindan cuentas y para que finalmente se implementen reformas necesarias a la inteligencia del ejército colombiano y su doctrina militar?”[4]

Muchas preguntas surgen en medio de esta coyuntura: ¿Por qué unos periodistas son espiados, que temas investigan, que ideología política tienen, porque son percibidos como amenaza y quien les teme?  ¿Cuál es el pretexto que se emplea para armar una costosa y sofisticada red de espionaje y actuar bajo un imaginario de legalidad? ¿Esta práctica, propia de estados represivos y dictatoriales, y totalmente insostenible en una verdadera democracia, surgió bajo el llamado periodo de la democracia restringida, o a la sombra del “Estado comunitario” que promovió Uribe en el 2002? ¿Cuántas unidades militares están involucradas? Y de nuevo la pregunta que nadie ha podido o querido responder: ¿Quién dio la orden?

En el editorial del pasado 8 de mayo, el diario estadounidense The New York Times afirma: "Colombia necesita abordar no solo los malos manejos en sus Fuerzas Armadas cuando se denuncien, sino la cultura del abuso y la sensación de estar por encima de la ley que sigue infectando al Ejército. Tiene poco sentido denunciar las violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo nombrar a un oficial con la historia del general (Nicacio) Martínez Espinel para dirigir el Ejército"[5]. Martínez que, contra viento y denuncias sobre su presunta responsabilidad en más de 75 ejecuciones, conocidas como ‘falsos positivos’ cuando estuvo al frente de la Décima Brigada Blindada, y de querer revivir esas prácticas criminales entre las tropas a través de un manual, fue ascendido a comandante general de cuatro soles del ejército el 7 de junio de 2019, pero seis meses después, de manera sorpresiva, el presidente anunció su retiro arguyendo razones personales. Nadie lo creyó. Parecía que la basura bajo la alfombra amenazaba con desbordarse, y que tarde que temprano el ignorado prontuario de Martínez tendría un costo político impagable para un gobierno tan desdibujado como el actual. En su lugar fue nombrado otro cuestionado mando militar, el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comprometido en graves violaciones a los derechos humanos, como lo denunció el movimiento de víctimas crímenes de Estado, al recordar la desaparición forzada de Jaime Enrique Quintero Cano, ocurrida el nueve de marzo de 1995” [6].

Desde la publicación por Semana del informe sobre el último evento masivo de espionaje conocido, 11 funcionarios militares han sido retirados del servicio. La Fiscalía General dijo estar investigando al general Nicacio Martínez y al parecer la Oficina del Inspector General también abrió su propia investigación.  Eso está muy bien; que los investiguen por estos hechos es lo mínimo, pero también deberían ser investigados por sus omisiones (en el mejor de los casos), que significan la muerte de miles de ciudadanos, la cooptación mafiosa de autoridades en los territorios, consolidación de alianzas criminales, anomia social y perpetuar un costoso estado de convulsión permanente.

Es preocupante que un país inmerso en una genocidio contra líderes sociales, un plan sistemático de exterminio contra ex combatientes desmovilizados bajo el acuerdo de paz de 2016, un etnocidio en el Cauca, que enfrenta tantos problemas de orden público y la amenaza constante de estructuras armadas y agrupaciones mafiosas en buena parte del territorio nacional, así como una peligrosa proliferación de armas en la ilegalidad, en vez de destinar sus recursos de inteligencia para investigar y desarticular las redes de crimen organizado y garantizar una sólida presencia estatal en territorios bajo control de grupos armados, destine sus recursos a perseguir opositores del gobierno de turno. “La inteligencia también debe utilizarse cuando sea apropiada para apoyar las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales. En cambio, lo que los informes de Semana revelan es que la inteligencia militar tiene como objetivo a los reformistas y a la prensa libre. La perversidad de esto no puede ser subestimada”, concluyó WOLA.

Para el diario The Wall Street Journal es también altamente preocupante que las herramientas utilizadas en la misión de espionaje incluyan dispositivos de escucha y otros equipos suministrados por los Estados Unidos para combatir “a las guerrillas marxistas y los traficantes de droga”, no para espiar periodistas, opositores políticos y figuras públicas. “Es especialmente irritante que los recursos suministrados por los Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas a los Estados Unidos se usen para espiar a los periodistas estadounidenses. El Pentágono también debe abordar cómo supervisa su ayuda. Pero el estado de Colombia como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región está en juego. Por su propio bien y por su futuro, Colombia necesita asegurarse de que su ejército cumpla con estrictas reglas de comportamiento”[7]. Una cosa es que los recursos nacionales, los que se logran con el tiempo y el trabajo de millones de ciudadanos terminen desviados a cuentas particulares, práctica de corrupción naturalizada en el país, y otra muy distinta es que los del imperio se destinen –¡y se sepa! - a la violación de derechos y el espionaje ilegal.

En la comisión segunda el Senado se realizó un debate sobre este nuevo escándalo. El senador Iván Cepeda se refirió a nueve generales de la República (la mayoría en retiro), que tendrían relación con los 'perfilamientos' y espionaje que se venía haciendo desde el Ejército. Los generales denunciados fueron Jorge Humberto Jerez Cuéllar, Eduardo Quirós, Gonzalo García Luna, Adelmo Fajardo, Juan Pablo Rodríguez, Jorge Horacio Romero, Diego Luis Villegas Muñoz, Mauricio Moreno y el Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, investigado también por delitos de corrupción.

Cepeda también anunció que interpondrá acciones legales contra algunos dirigentes uribistas que tendrían conocimiento de estos hechos y eran informados acerca de las interceptaciones realizadas.  “Vamos a denunciar al doctor Rafael Nieto Loaiza por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, también vamos a denunciar a los nueve generales que he mencionado, (…) y vamos a enviar esta información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y también haremos una solicitud de auditoría a la Contraloría General, sobre los bienes y patrimonio de estos generales", manifestó”[8].

El problema, no obstante, es estructural. Y no se supera con medidas parciales. En tanto los responsables de estos y otros delitos, y todos los que ordenan espiar sigan gozando de impunidad y puedan utilizar las instituciones para imponer su discurso y validarlo en la práctica del poder (al que suelen acceder de manera espuria), será muy difícil empezar a configurar una democracia cierta en Colombia. 

Esta práctica sistemática se perpetúa y seguirá haciéndolo porque no hay razón para que sea de otro modo, porque el hombre de atrás, el que ordena e instrumentaliza a terceros, sigue actuando desde las sombras y gozando de poder político, financiero y, quizás, militar, pero sobre todo de impunidad. 

Continuara...

Nota 1 // Para martes, 19 de mayo de 2020, la organización Wola realizara un Seminario sobre Espionaje militar en Colombia.

Para inscribirse ir al siguiente link: https://www.wola.org/es/events/seminario-virtual-espionaje-militar-colombiano/

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[1] Revista Semana; “Las carpetas secretas”. Judicial. Bogotá, 1 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616

[2] Wola; “El espionaje ilegal por parte del ejército colombiano es inaceptable”. Pronunciamiento. Mayo 5 de 2020. Consultado en: https://www.wola.org/es/2020/05/espionaje-ilegal-ejercito-colombiano-inaceptable/

[3] El Espectador; “Perfilada”. Bogotá, 7 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.elespectador.com/opinion/perfilada-columna-918231

[4] Wola; “Seminario virtual–Espionaje militar colombiano: Un ataque contra los reformistas del posconflicto y la prensa libre”. Mayo 13 de 2020. Consultado en: https://www.wola.org/es/events/seminario-virtual-espionaje-militar-colombiano/

[5] The New York Times; “Lo que hizo Colombia con las herramientas de espionaje estadounidenses”. USA, 8 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.nytimes.com/2020/05/08/opinion/colombia-spying-corruption.html

[6] Movice; “Comunicado Público sobre el nombramiento del mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda”.  Bogotá, 31 de diciembre de 2019. Consultado en: https://movimientodevictimas.org/comunicado-publico-sobre-el-nombramiento-del-mayor-general-eduardo-enrique-zapateiro-altamiranda/

[7] WSJ; “La Unidad de Inteligencia de Colombia usó equipo estadounidense para espiar a políticos y periodistas”. Bogotá, 4 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.wsj.com/articles/colombian-intelligence-unit-used-u-s-equipment-to-spy-on-politicians-journalists-11588635893

[8] RCN Radio; “Piden depuración y que rueden cabezas en FF.MM. por 'perfilamientos ilegales'”. Bogotá, 13 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.rcnradio.com/politica/piden-depuracion-y-que-rueden-cabezas-en-ffmm-por-perfilamientos-ilegales?fbclid=IwAR30tr9z1YDmiC8kBLijznVACOmORhMXIqUiVnV4YmDh5nQjMXpooaz9KcA

[9] Soraya Gutiérrez; “La inteligencia ilegal: ¿una política de Estado?, ¿quién dio la orden?”. Gutiérrez es abogada penalista y presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Consultado en: https://www.pulzo.com/opinion/interceptaciones-ilegales-periodistas-hechas-ejercito-nacional-PP893863?fbclid=IwAR0nAYhHuZfrNSSYCm4MpjpCz-iFWXcW_UrkpSP4y5w2QG_X-HADOEabtEk

[10] Wola; “El espionaje ilegal por parte del ejército colombiano es inaceptable”. Pronunciamiento. Mayo 5 de 2020. Consultado en: https://www.wola.org/es/2020/05/espionaje-ilegal-ejercito-colombiano-inaceptable/

[11] Reed, Michael; “Elementos de peritaje. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 12.531. San José de Costa Rica, 26 de enero de 2010

[12] Omar Huertas Díaz; Carolina Amaya Sandoval; Germán Darío Malte Ruano; “Autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Tras la sombra del mando fugitivo: del dominio y la instrumentalización del delito”. Opinión jurídica. Universidad de Medellín, 17 de febrero de 2013.

[13] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States, Prosecution Initiatives, HR/PUB/06/4, 2006. Tomado de Reed, Michael; Elementos de peritaje. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 12.531.

[14] Noticias Uno; “Álvaro Uribe sería el destinatario de chuzadas en el Ejército, según correo”. Bogotá, enero de 2020. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=iyVM8sPjqgg