Déjà vu, engaño y manipulación (Legalizar o legalizar)

Octubre 2020

El reciente debate que suscitó el fallo de la Corte Constitucional en relación con el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos no tiene mayores opciones de prosperar ni de construir un consenso saludable en términos políticos, sociales ni democráticos; al menos no como inicialmente fue planteado porque no es serio, profundo ni siquiera real y a la larga tampoco puede considerarse un debate por tres razones: 1. No va al fondo del problema ni lo plantea desde una perspectiva lógica; 2. Se presenta como excusa para generar animadversión hacía las altas cortes; y 3. No confronta argumentos sólidos que permitan entablar una mínima discusión.

La sensación que queda luego de observar las reacciones que el fallo generó en las filas del uribismo y sectores afines, es que se han quedado sin agenda política y norte programático; por eso cualquier tema les funciona para arremeter sin reflexión en aras de impulsar sus campañas electorales a través de la indignación del electorado. El Centro Democrático está limitado por su propio dogmatismo, todos lo sabemos, y sus ideas se han convertido en una camisa de fuerza que lo aísla de la realidad y lo lleva a marginarse del debate, serio y real, que hoy ocupa a las fuerzas democráticas del país. Está tan desesperado en su incapacidad de proponer agenda y asumir las riendas del país, aunque controle lo grueso de los poderes públicos, que se ha dedicado a explotar su fuerte arraigo en sectores retardatarios, fanáticos y ultra conservadores para tratar de validar viejos y empolvados discursos que solo encuentran asidero en el miedo y la ignorancia. ¿Qué le está proponiendo el uribismo al país? Destruir la JEP, destruir las altas Cortes, destruir el proceso de paz, acabar con las libertades ciudadanas. No hay un solo tema novedoso ni propositivo en su proyecto político.

Por eso ataca lo que ya fue debatido, lo que nos ha permitido avanzar como sociedad hacia la construcción de un país dónde prevalezca el valor de la palabra sobre la violencia, los argumentos sobre los dogmas; la autodeterminación y los derechos ciudadanos sobre la represión y el miedo. Uribe ataca y cuestiona para disfrazar su reiterada intención de burlar la justicia, desprestigiar las cortes que lo investigan y evadir su deber con la verdad histórica.

El principal problema de su partido, el Centro Democrático, es que busca con angustia mantenerse vigente y ocupar los titulares de prensa, así sea vía escándalo o mediante propuestas totalmente inviables, fraudulentas o populistas, como aquellas que lanzó el año pasado de aumentar el salario mínimo o las primas de fin de año. Pero la realidad es que carece de originalidad, y su accionar se limita a torpedear avances democráticos, a rencauchar enemigos imaginarios, a celebrar montajes judiciales -si acaso no a crearlos- a regresarnos al pasado mediante argucias y falsos dilemas para distraer la atención nacional. 

Luego de atacar el proceso de paz y de asegurar que lograría el desmonte de la JEP, de convertir el caso Santrich en un delicado asunto de Estado y de tener que improvisar numeritos en el extranjero -a través de un presidente totalmente desdibujado y caricaturizado-, el uribismo se ha reducido a tratar de demostrar que lo que afirma en el país ha sido malinterpretado y que su compromiso con la paz es real aunque se esfuerce en bombardearla. Ahora se ha propuesto coartar derechos, libertades y avances sociales que son fundamentales para el convivencia ciudadana. Su propuesta, poco creativa, consiste en sentar las bases de un Estado totalitario y antidemocrático.

En campaña electoral, el candidato Duque propuso mantener el statu quo, reformar la justicia para eliminar las altas cortes (Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Suprema de Justicia, que investiga a su mentor), reformar la constitución del 91, permitir que el fiscal sea elegido por el presidente y no por la Corte Suprema de Justicia -como sucede en la actualidad, a partir de una terna presentada por el jefe de Estado; ampliar la edad de pensión y modificar el Acuerdo de Paz suscrito y aceptado por las partes, y reconocido por la comunidad internacional, como un pacto de obligatorio cumplimiento. También cuestionó algunos fallos de la Corte Constitucional en relación con la igualdad de derechos para la comunidad LGTBI y las familias integradas por parejas del mismo sexo, en relación con su derecho al vínculo matrimonial y la adopción de hijos; y se manifestó a favor de la penalización a la dosis personal, la cual fue abolida en 1994 por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-221 con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, al considerar que “una persona no puede ser castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace”; […]la drogadicción no es punible y la libre determinación y la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) son los pilares básicos de toda la superestructura  jurídica”.

Hace tres semanas la Corte Constitucional invalidó el numeral 3 del artículo 33 y el numeral 7 del artículo 140 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sobre el consumo de la dosis mínima de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en espacios públicos, como estadios, coliseos y parques, entre otros. Para la Corte estas disposiciones violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para el gobierno es una amenaza a la vida e integridad ciudadana.

El senador Álvaro Uribe aseguró que este fallo estimula el consumo de licor y drogas en lugares públicos y representa un peligro para la comunidad. “Esta decisión ayuda a la esclavitud de la persona que termina enajenada, sin voluntad, con peligrosidad para la comunidad, por efecto de estos consumos”, reiteró a la prensa.  

Que nuestros hijos se volverán drogadictos y criminales, alegaron algunos, que ya no podrán disfrutar de los espacios recreativos de las ciudades porque los consumidores, enajenados y fuera de control, amenazaran sus vidas y sus derechos a la salud pública, la integridad personal, la libre locomoción y la recreación, gritaron desde el congreso y desde su ridículo e infundado temor; se rasgaron las vestiduras y blasfemaron contra la Corte y sus peligrosas nociones de libertad y autodeterminación. Cero debate. Cero seriedad discursiva; solo fanatismo y ausencia de argumentos razonados.

El debate no va por esa dirección, el menos no el que debería dar el país, que es sobre consumo, adicción, legalización y narcotráfico, y el cual pasa por reconocer el fracaso de los métodos empleados. Que Colombia produzca hoy el 70% de la coca a nivel mundial, según informó la ONU, y que el gobierno insista en envenenar nuestro suelo con pesticidas ya prohibidos en varios países, indica que algo está fallando, tanto en los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito, como en el diseño de políticas públicas para el desarrollo agrario, la vida en los territorios, las Zonas de Reserva Campesina vs las Zidres[1], la adecuada implementación del Acuerdo de Paz a nivel territorial y, por supuesto, la lucha contra el narcotráfico. No estamos viendo la globalidad del desafío ni lo que implica en términos de humanidad.

Hace pocas semanas el mundo celebró el vigésimo aniversario del Plan Nacional sobre Drogas de Portugal, el cual marcó un hito a nivel global. Dos décadas después de haber despenalizado la posesión de todas los estupefacientes, desde la marihuana hasta la heroína, los resultados son asombrosamente positivos: reducción en el consumo de drogas, en muertes por sobredosis, en enfermedades infecciosas, incluido el VIH, en la violencia ligada a su distribución y en la congestión carcelaria. ¿Cómo lo logró? Aplicando una visión humanista que integró medidas sociales con fondos destinados a mitigar los efectos negativos, pasando de una política de persecución a una de atención e información, de un tema policial a uno de salud pública a través de un modelo de atención integrada (prevención, tratamiento y reinserción social). Desaparecieron los carteles, dealers y consumidores en riesgo.

En Colombia pese a los avances logrados, hace falta todavía un cambio radical en la concepción misma del problema para poderlo abordar desde otra perspectiva. Cuando la Corte cuestiona en su fallo, cuyo texto definitivo se conocerá en unos 30 días, que en el Código de Policía “el legislador dejó como objeto de medidas policivas cualquier consumo en parques, vía pública o escenario abierto, sin importar la cantidad o el tipo de sustancia”, está resguardando las libertades ciudadanas. De hecho, advierte en su argumentación, que las falencias comienzan con la intromisión en el desarrollo individual de los ciudadanos y continúa con la falta de claridad sobre qué se califica como sustancia prohibida.

“El Estado no diseña el plan de vida. Esto es una protección del libre desarrollo de la personalidad frente a una política prohibicionista y a una opción que consideramos no tiene una relación directa, en términos de idoneidad y necesidad, con la protección del espacio público, las relaciones entre personas y la convivencia”, explicó al diario El Tiempo la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz.

Además, la propia magistrada aclaró que no se restringió la acción policial cuando se presentan alteraciones derivadas de cualquier tipo de consumo, porque solo se analizó la constitucionalidad de dos incisos específicos del Código de Policía”[2].

Los argumentos expuestos por la Corte fueron insuficientes para la bancada de gobierno, porque más allá de buscar una alternativa eficaz capaz de disminuir el consumo y acabar con el sanguinario negocio del narcotráfico, son otros los intereses que se agitan bajo una impostada y superficial discusión. La estrategia del Centro Democrático parte de crear una aparente crisis en la justicia, presentar una falsa amenaza a la seguridad e integridad de las familias y de los niños, y desprestigiar a las altas Cortes para minar su credibilidad. Su objetivo es desvertebrar el Estado de Derecho, consolidar un régimen autoritario y, por supuesto, evadir la acción de la justicia, empezando por burlar el dilatado proceso penal que le sigue la Corte Suprema de Justicia al senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, como recordó hace algunos días el columnista Daniel Coronell. “La Corte Suprema tiene la obligación legal de establecer fecha y hora para efectuar la indagatoria y también para determinar, después de esa diligencia, si ordena la captura del señor expresidente Álvaro Uribe” escribió en revista Semana.

Bajo el falaz argumento de querer dar una frontal lucha contra las drogas, para lo cual el gobierno promueve con insistencia el regreso del glifosato poniendo en riesgo la salud ambiental y humana en buena parte del territorio nacional, el uribismo insiste en retomar un debate que se surtió 25 años atrás, y en el que terminó derrotada la base más retardataria de la sociedad colombiana.

Tras conocerse el reciente fallo de la Corte, Uribe llamó a los ciudadanos a “salir a las calles, que es nuestro campo de batalla”, dijo, para rechazar su decisión y los riesgos que representa para la ciudadanía. El llamado a marchar contra las cortes corruptas, alcahuetas y permisivas del narcotráfico e impedir que la inmoralidad se instaure como norma en el país, como escribió el médico psiquiatra Alejandro Mojocó Ramírez en el portal de las 2orillas, fue en realidad una invitación a marchar contra la Constitución, la justicia y la independencia de poderes, o lo que es lo mismo, contra el Estado de derecho[3]. Sin embargo, la convocatoria tuvo poco respaldo ciudadano.

Pocos días después de este fracaso anunciado, apareció el periodista Herbin Hoyos, con el apoyo de Uribe, convocando a un referendo para acabar con la JEP, revocar a las Cortes y reducir el Congreso. La propuesta, tan absurda como inviable, fue de inmediato descalificada, y su intención real quedó al descubierto: generar un clima adverso a la JEP y las altas Cortes. 

Los partidos de gobierno siguieron adelante con su estrategia e informaron al país sobre su intención de recurrir a otro mecanismo: incluir una papeleta en las elecciones del 27 de octubre para que los colombianos puedan rechazar  (solo rechazar) el fallo de la Corte Constitucional sobre el consumo de drogas en lugares públicos. El Centro Democrático se puso en la tarea de buscar el respaldo del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, en medio de una creciente avalancha de críticas entre quienes calificaron su iniciativa de populista, hipócrita y temeraria.  

“El senador Roy Barreras dijo que se trata de una propuesta populista, ad portas de que se lleve a cabo un nuevo proceso electoral. “No sé contra qué serán estas papeletas, pero sí son con el ánimo de llevar gente a las urnas, porque como se vio en el plantón, donde los dejaron plantados, la gente no está saliendo a las calles y por eso necesitan estimularlos con alguna cosa. Por ejemplo, una plataforma en contra de la muerte, o del diablo, o del pecado”, señaló[4].

Mientras la extrema derecha busca la prohibición, la penalización y el castigo, sectores demócratas y progresistas del país proponen proyectos legislativos en la dirección contraria, como el senador Gustavo Bolívar, quien trabaja en una ley que autorice el consumo recreativo de la marihuana.  Por su parte el expresidente Juan Manuel Santos declaró desde Portugal, donde se reúne la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, que “hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas y racionalizarlo para poderla controlar mejor”.

Estas voces sensatas son la que deben conducir el debate nacional y sobreponerse al pobre nivel de discusión al que intenta arrojarnos el Centro Democrático y el mismo Gobierno Nacional, generando en el país la sensación de encontramos ante una especie de aburrido y desgastado Déjà vu.

En 1994, a raíz de la reacción que generó el fallo que autorizaba el consumo mínimo de sustancias psicoactivas, el médico psiquiatra Luis Carlos Restrepo (quien años después se convertiría en el Alto Comisionado para la Paz del gobierno Uribe, y en el prófugo menos buscado por la justicia), afirmó que la población se levantó contra el fallo porque había sido manipulada y desinformada. “Ha habido un manejo demagógico, entendida la demagogia como la manipulación de las emociones de las masas. No sólo no se ha dicho la verdad, sino que se ha mentido”. En una entrevista titulada “Despenalizar no es legalizar” afirmó: “El Presidente, políticos y algunos medios le están haciendo un daño al país. El peligro no está en la decisión tomada por la Corte Constitucional, sino en la explicación que dan sus detractores. Le están diciendo al país y al mundo entero que la Corte ha legalizado y legitimado el consumo de drogas; han transmitido la visión de una Corte que toma medidas apresuradas y equívocas. ¿Cómo le explicamos ahora al mundo que tenemos unos magistrados probos e íntegros, quienes por responder a lo que la sociedad les exige que es mantener el espíritu constitucional han tomado esta medida, si el mismo presidente y los políticos y algunos medios han enlodado su imagen? Entonces, ¿qué hacer? El Gobierno debe asignar recursos para la prevención, porque hasta ahora ésta la hemos hecho con limosnas y ayudas internacionales. En lugar de invertir miles de millones de pesos en represión debería apoyar medidas preventivas que ya existen con recursos. El fallo de la Corte abre un reto que puede ser muy positivo, porque nace del mismo espíritu de la democracia. Educar para prevenir la drogadicción es educar para prevenir el consumo. Las campañas de prevención basadas en el terror no funcionan”[5].

Hoy tenemos que aprender del pasado y de otras experiencias; aprovechar los alegatos dogmáticos y sin sustento que ocupan la escena pública para escuchar con atención las voces autorizadas que emergen desde distintas orillas y nos invitan a replantear viejas y fracasadas estrategias pensando que, si nunca han funcionado, ¿por qué iría de funcionar ahora? El prohibicionismo solo ha servido para fortalecer las mafias, profundizar la corrupción política y administrativa, y recortar libertades ciudadanas. No nos ha liberado del flagelo de la droga ni de la violencia que le acompaña. En 1920 la imposición de la ley Volsted o ‘ley seca’, que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, disparó la violencia, empoderó las mafias, fortaleció el comercio ilegal y el consumo prosperó. Pero fue el riesgo para la salud a causa de la circulación de licor clandestino, el incremento de la población carcelaria y el aumento en los crímenes, lo que llevó a que en 1933 el senado derogara la medida. El presidente Roosevelt tuvo que admitir  que trece años de “prohibición”, fueron un verdadero acto de hipocresía que solo sirvió para profundizar la corrupción, crear nuevos delincuentes y forjar el crimen organizado.

En Colombia el concepto de orden público no se encuentra amenazado por cuenta de las libertades ciudadanas que protege la Corte Constitucional; ni las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que permiten el normal desarrollo de la vida en sociedad se han visto ni se verán quebrantadas por los fallos que en derecho realiza la Corte Constitucional. Por el contrario. La Corte propone el goce pleno de la autonomía humana, regida siempre por valores democráticos y preceptos éticos que nos permitan avanzar como individuos y como sociedad hacia el pleno uso de nuestra conciencia, derechos y libertad.

El fallo de la Corte no ha generado ningún cambio sustancial en el país, pero podría servir para impulsar nuevas y urgentes reflexiones. Las autoridades administrativas seguirán garantizando el orden público como ordena la Constitución, la policía seguirá aplicando la prohibición como lo viene haciendo (en lo que va corrido del año se han impuesto casi 136 mil comparendos por consumo de alcohol y drogas en lugares públicos), el ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional seguirán atentos al fallo final de la Corte para poder realizar, según afirmaron, una ponderada valoración jurídica.

Sin embargo, la sensación que queda en el país es que no hay interés, al menos no desde el ejecutivo, el uribismo y parte del legislativo, en garantizar que este debate se surta en el campo correcto y se asuma como eje de discusión hacia una rotunda transformación.  Detrás de él hay un intento por quebrar la estructura democrática del país, despertar la indignación colectiva haciendo que la ciudadanía crea que el proceso de paz es una farsa, que las cortes garantizan impunidad y violentan la moral nacional, que el fantasma del ‘castro-chavismo’ y de la tan mentada y poco clara ‘ideología de género’ siguen siendo amenazas reales para el país. En el fondo se trata solamente de una sucia campaña electoral, que se rige por las mismas estrategias, turbias y nocivas, que enseñó JJ Rendón. Se trata de distorsionar la realidad nacional en un año electoral. Y es ahí justamente donde la ciudadanía organizada puede empezar a actuar y a incidir para lograr una verdadera y significativa revolución política y cultural, como podría ser desde el colectivo ‘Defendamos la Paz’, una plataforma diversa, amplia y propositiva que desde su nacimiento pocos meses atrás, viene demostrado una profunda sintonía con la realidad del país, la visible y la ignorada por las mayorías y la gran prensa nacional.

La discusión está planteada pero debe trascender sus esferas programadas. Debe llevarnos a repensarnos como sociedad, a reflexionar acerca de la que somos y permitimos como nación, a pensar porque hoy genera más indignación la idea de un chico fumando un bareto en un parque que nuestra incapacidad para abrazar a un niño al que le acaban de asesinar a su mamá a tiros frente a sus ojos; como puede ser más preocupante el consumo de la dosis mínima en un estadio de futbol que el sistemático asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país.

El debate no puede ser si se garantizan o restringen libertades ciudadanas, esto ya debería estar superado y resuelto por la misma naturaleza del Estado social de derecho que nos rige. El objetivo debe ser la legalización total de todas las sustancias psicoactivas, como una forma orientada a vencer el narcotráfico y a superar la principal fuente de violencia y corrupción en el país.

Es urgente reinventar la lucha contra el narcotráfico, como aconseja el expresidente Santos, reconocer los elevados costos que el país ha pagado en perdida de recursos y de valiosas vidas humanas en demenciales actos de terrorismo, violencia y destrucción; actos de enorme barbarie  y miopía política que sólo nos han dejado muerte, dolor, degradación social, la certeza del fracaso y la sensación de estar inmersos en una batalla destinada siempre a fracasar. Podemos invertir otros cuarenta años repitiendo el modelo fallido o atrevernos de una vez por todas a implementar una formula diferente, novedosa y que en otros países ha dado buenos resultados. Es tiempo de cambiar y de avanzar sin temor hacia la construcción de un paradigma mejor. La prohibición nunca ha sido la solución.

Nota// Hoy debería causarnos una profunda y furiosa indignación colectiva, que bajo el ridículo nombre de “Operación Renacer 4”, agentes de la Policía y del Ejército entren a una casa en Tumaco para asesinar, en completa oscuridad y sin mediar palabra, a dos hombres desarmados que dormían con dos niños en las mismas camas, como denunció revista Semana. Más horror debería provocar la perversa teatralidad a la que son obligados los soldados para torturar a sus propios compañeros que prestan servicio militar, que el hecho de que la Corte se pronuncie en defensa de un país más liberal, progresista y consciente de su deber de superar sus propias limitaciones.  

 

[1] Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Se trata de un instrumento que legalizaría la acumulación irregular de predios —con antecedentes de baldíos— por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra. Ver: “Colombia: las falacias detrás de ZIDRES, una ley de “subdesarrollo rural”. Oxfam International. Junio de 2015.

[2] El Tiempo; “La tormenta que desató fallo sobre consumo de alcohol y drogas”. Bogotá, 8 de junio de 2019. Consultado en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-tormenta-que-desato-fallo-sobre-consumo-de-alcohol-y-drogas-en-espacios-publicos-373022

[3] Las2orillas; “Uribe y su inaceptable marcha contra la Corte Constitucional”. Por: Alejandro Mojocó Ramírez. Bogotá,  Junio 10, 2019. Consultado en: https://www.las2orillas.co/uribe-y-su-inaceptable-marcha-contra-la-corte-constitucional/

[4] RCN Radio; “Papeleta para prohibir consumo de droga en parques desata polémica”. Sección política. Por Daniel Jerez. Bogotá, 19 de junio de 2019. Consultado en: https://www.rcnradio.com/politica/papeleta-para-prohibir-consumo-de-droga-en-parques-desata-polemica

[5] El Tiempo; “Despenalizar no es legalizar”. Bogotá, 22 de mayo de 1994. Consultado en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-133646