El caso Jineth Bedoya y la costosa “defensa” del Estado Colombiano
“La guerra es una lágrima
prendida de las rotas pupilas de la vida”.
Fernando Soto Aparicio[1]
“El gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de
lo que hizo ante la Corte IDH en el caso Jineth Bedoya Lima. Colombia recusó a
casi todos los jueces porque le molestó las preguntas a la víctima. Y se retiró
de la audiencia. Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”:
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para la División de las Américas. Human
Rights Watch (HRW)
“No lo hizo Nicaragua, tampoco Venezuela; ni el
Perú de Fujimori. Nunca en la historia un Estado se había levantado de una
audiencia ante la Corte IDH. Hoy en el caso de Jineth Bedoya Lima lo hizo
Colombia. Esto es una declaración de intenciones de cara al fallo que emita el
tribunal”: Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
“Bochornosa la actitud del Estado en el caso de Jineth Bedoya Lima. Es simplemente revictimizante”: Gabriel Cifuentes. Columnista del diario El Tiempo. Ex-Secretario de Transparencia.
“El negacionismo de las violaciones a los derechos humanos sigue. Primero las posiciones frente a JEP y ahora el gobierno Duque recusa a jueces de la Corte IDH y se retira de audiencia porque le irritaron preguntas de jueces a Jineth Bedoya Lima. Abogados serios de la Agencia Defensa Jurídica deberían irse”. #JinethEstamosContigo: Camilo Enciso. Abogado Penalista. Secretario de Transparencia de la Presidencia entre 2014 y 2017. Instituto Anticorrupción.
La noticia que circuló sobre Colombia el pasado 15 de marzo en los principales medios de comunicación del mundo fue que después de 20 años de haberse perpetrado un atroz crimen contra una ciudadana colombiana que lideró una valiente y solitaria lucha por su derecho a justicia, el Estado colombiano la revictimizaba. Jineth Bedoya Lima, reconocida periodista secuestrada, violada y torturada cuando cumplía con su labor investigativa en la cárcel Modelo de Bogotá, acudió a la justicia internacional una vez se agotaron los recursos de la justicia nacional y se hizo evidente la falta de garantías para obtener justicia y llegar a la verdad de su martirio. Su objetivo era establecer un precedente para las víctimas de violencia sexual; mujeres y niñas condenadas al silencio, el escarnio y la parálisis judicial. Su caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2011, y ahora, diez años después, la Corte Interamericana convocó a audiencia pública de alegatos finales. Las audiencias que se desarrollaron el 15, 22 y 23 de marzo, durante el 140 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, fueron reveladoras. Tanto respecto al daño irreparable y las secuelas que deja la violencia en la víctima y su entorno, como en relación con el desempeño de la Agencia de defensa del Estado ante los tribunales internacionales de justicia.
Los hechos victimizantes se remontan al 25 de mayo del año 2000 cuando Bedoya cumplía una cita engañosa para recaudar información sobre los hechos de violencia y corrupción que se venían denunciando al interior de la cárcel La Modelo, cuyos patios se habían dividido entre narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que vivían en una feroz guerra, en la que se conocían casos de extorsión, homicidios, secuestros, torturas, masacres y desapariciones forzadas, sin que al INPEC asumiera el cabal control de la prisión.
Bedoya Lima fue secuestrada en la puerta del penal con la complicidad de agentes del Estado, luego fue sacada de la ciudad, retenida durante más de 16 horas por tres hombres pertenecientes a los grupos paramilitares, drogada, amenazada, torturada y violada fue arrojada a la orilla de una carretera, en una zona despoblada en la vía Puerto López, Meta, al oriente del país, donde fue encontrada casi sin vida por agentes del CTI, luego de que el periodista Jorge Cardona, quien la esperaba fuera del penal, denunciara su desaparición.
“"…mi primera idea fue la del suicidio. Pero cuando
empecé a buscar la forma de irme, me encontré tan cobarde para irme… Porque
decía: 'si me tomo algo puede que no me muera y quede peor'. Tenía entonces que
buscar una fórmula para quedarme. Y la única respuesta que encontré fue que si
me quedaba tenía que seguir haciendo lo que me daba fuerza, y era el
periodismo.
Para mí era muy difícil salir porque estaba llena
de hematomas. Mis brazos eran impresionantes, eran morados completamente de los
golpes… las manos, el cuerpo… la cara estaba muy golpeada y sentía mucha
vergüenza de que la gente me viera así. Pero el día que ya podía mostrar la
cara -que fue más o menos 15 días después del secuestro, ese día decidí volver
al periódico (El Espectador).
Fue una cosa muy emotiva, porque yo llegué, no
podía casi caminar y la redacción era muy grande. El director del periódico
entró conmigo y toda la gente se paró. Eran, no sé, 200 periodistas. Y
empezaron a aplaudir, me hicieron una fila larguísima. No hubo una sola persona
que no me hubiera abrazado ese día.
Cuando ocurre todo esto, sin embargo, nada más
hablamos del secuestro. Digamos que el compromiso que hizo el periódico, por
solicitud del director del periódico, por respeto a mi dignidad y por todo ese
tema, es que no habláramos de la violación. Y nunca se tocó el tema de la
violación. Es más, después de que ocurrió todo, mis compañeros no sabían que me
habían violado. Sabían que me habían secuestrado y me habían golpeado.
Hasta que en una entrevista que un canal de televisión le hizo a Carlos Castaño (el líder de las AUC), meses después de mi secuestro, el propio Carlos Castaño habló de mi violación. Ese día mis colegas se enteraron. Y fue durísimo. Yo en dos días no pude ir a trabajar, porque quedó como al descubierto el tema. Pero yo misma me encargué de silenciarlo, pedí que no se hablara del tema, que nadie me preguntara, y así fue”.[3]
La ruta de la impunidad
Recién el caso empezaba a ser investigado por un fiscal antisecuestro, cuando el mismo Castaño (de quien se dijo había ordenado la agresión, aunque se supo por la misma víctima que fue un general de la policía), la contactó para hablarle en detalle sobre su expediente en la Fiscalía. Su objetivo era informarle que los paramilitares tenían asiento e incidencia en aquel organismo. El proceso siguió su curso y pasó a manos del fiscal Gustavo Reyes, adscrito a la dirección especializada de derechos humanos, quien se encargó de sepultar el caso omitiendo ejecutar pruebas esenciales, como investigar la guardia externa de la cárcel La Modelo, que en ese entonces contaba con tres anillos de seguridad: uno de la policía, otro del ejército y uno más del INPEC. Pero además de eso, las pruebas aportadas por la víctima desaparecieron sin que Reyes diera explicación alguna. Sorpresivamente el proceso fue asignado a la fiscal Bibiana Orozco, quien, en el 2015, pese a que Bedoya identificó al paramilitar Alejandro Cárdenas como uno de sus agresores, decidió dejarlo en libertad. La misma Fiscalía se opuso a esta decisión y ordenó su captura. El Juzgado Quinto Especializado de Bogotá lo condenó inicialmente a 11 años y 5 meses de prisión y a una multa de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de secuestro simple y tortura, pero no por violación. También fue identificado Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’ quien sería expulsado de Justicia y Paz porque faltó a la verdad en la investigación por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya, entre otros delitos. “Jesús Emiro Pereira, alias ‘Huevo de Pisca’, fue sentenciado a 40 años de prisión por los delitos de secuestro, tortura y abuso sexual en contra de la comunicadora, mientras que Alejandro Cárdenas, alias ‘JJ’, ahora era condenado a 30 años de cárcel por el delito de acceso carnal”[4]. Según las investigaciones, al menos 20 personas habrían participado en los crímenes cometidos contra Jineth, entre ellos altos mandos de la policía, del ejército y del INPEC.
En 2011, luego de 11 años de evasivas, amenazas, dilaciones y poco interés por parte de la justicia en llegar a la verdad y sancionar a los máximos responsables, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que de acuerdo con su dimensión cuasi-judicial, determinó que el caso cumplía con los requisitos de admisibilidad, y lo pasó a la Corte IDH. “El 16 de julio de 2019 la Comisión indicó que el ataque estuvo vinculado a la profesión de la víctima y criticó "la falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado para protegerla y prevenir la ocurrencia de dichos hechos, a pesar de la existencia de amenazas previas". Declaró al Estado responsable por no haber garantizado sus derechos, pese a conocer que era objeto de amenazas. “A pesar de que el Estado colombiano tuvo conocimiento de dicha situación de riesgo, no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla y evitar la materialización de dicho riesgo, vulnerando su derecho a la vida, integridad y libertad personal, así como su derecho a la libertad de expresión”[5].
El diario británico BBC Mundo, entre otros medios internacionales anunciaron la audiencia ante la Corte IDH como un hito a nivel mundial. “Se trata de un caso inédito, según subraya la prensa colombiana y organizaciones en defensa de los derechos humanos. “Este es el primer caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se centra en un hecho de violencia sexual cometido en Colombia. […] El caso de Jineth Bedoya puede sentar un precedente histórico en la defensa de los derechos humanos para un país como Colombia en el que cientos de mujeres han sido víctimas de crímenes de violencia sexual cometidos por actores armados y en el que el sistema de justicia ha sido incapaz de juzgar a los responsables de muchas de estas atrocidades", destacó el director de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco…”[6].
En Colombia la expectativa también fue enorme. “Por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia”, señaló el editorial de El Tiempo. “No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, apuntó”. [7]
El proceso
El pasado lunes 15 de marzo a las 9:00 de la mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio inicio a la audiencia de alegatos finales en el proceso que adelanta contra el Estado colombiano por su responsabilidad en los crímenes cometidos contra Bedoya, así como por la falta de garantías judiciales a lo largo de dos décadas de impunidad.
Jineth Bedoya ofreció su relato desde el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, “pues aseguró que no solamente los une la causa de luchar y trabajar por las víctimas, sino también el dolor de ser víctimas. Yo pedí a la Corte que me permitiera hacer mi intervención desde este lugar porque aquí se ha hecho un proceso de acompañamiento a muchas mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual y aquí en muchas oportunidades yo he podido reencontrarme con ese dolor, pero también transformarlo"[8].
Luego del testimonio de la víctima, y de sortear algunos problemas de conexión, el secretario llamó al editor general del periódico El Espectador, Jorge Cardona, como primer testigo, cuando el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano, Camilo Gómez Alzate, interrumpió para advertir que si no se tocaba el tema acordado en el encuentro privado el Estado se retiraría de la audiencia. La presidenta de la Corte IDH, la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito, le dio la palabra para que hiciera sus declaraciones. Gómez negó su intención de hacer alguna declaración y decidió recusar a cinco de los seis magistrados (exceptuando a Vio Grossi), argumentando falta de garantías y de objetividad en el proceso, y asegurando que el Estado se presentaba humildemente ante la Corte y daba la cara a la víctima (con dos décadas de demora), y aun así estaba siendo prejuzgado por los jueces a través de sus incómodas preguntas. Para la defensa del Estado los magistrados de la Corte IDH estaban impedidos para actuar en el caso. Sin embargo, la presidenta declaró que la audiencia no se podía suspender y procedió a llamar al testigo, ante lo cual el representante de Colombia interrumpió nuevamente para informar que: “el estado colombiano se retira de la audiencia por falta de garantías procesales sistemáticamente aplicadas por esa Corte. El Estado no estará presente ni autoriza que se interrogue al perito que estaba previsto”. La presidenta respondió, con un “adelante secretario” antes de ordenar el aplazamiento de la audiencia durante una semana. En el escrito de recusación del día siguiente, la defensa del Estado solicitó a la Corte “que remitiera el presente incidente de recusación a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que se declarara la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en el que la Corte conoció de la recusación del Estado en la referida audiencia pública de 15 de marzo de 2021”[9].
Esa misma tarde, a través de su cuenta de Twitter, Jineth Bedoya escribió: “Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la Corte IDH demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual. […]Mi madre y yo, no tenemos las suficientes palabras para expresarles nuestra gratitud por su apoyo. Sus mensajes nos alientan. Y, pese a este duro momento de impotencia y tristeza, mi voz y mis acciones seguirán comprometidas con el periodismo y las víctimas de violencia sexual”. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado en el que expresó tanto su desconcierto como su malestar. “Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”.
La Corte IDH rechazó la recusación y la petición de conjueces por parte del Estado colombiano a través de su presidenta, quien consideró que sus manifestaciones carecían de fundamento y, además, no configuraban ningún supuesto de hecho que pudiera poner en duda la imparcialidad de la juzgadora o de los restantes jueces, y ordenó reanudar la audiencia días después. El director de HRW, José Miguel Vivanco lo comunicó vía Twitter: “Corte IDH rechazó recusaciones del estado colombiano en el caso Jineth Bedoya Lina. La Corte señala que las injustificadas recusaciones buscaban “minar la independencia judicial”, “debilitar el sistema interamericano” y “obstaculizar el acceso a la justicia”. Decisión firme y acertada”.
Reiniciada la audiencia con la presencia de testigos y peritos, el tribunal interamericano escuchó el testimonio de Jorge Cardona, quien era el jefe de Jineth Bedoya en 2000 en el periódico El Espectador, y fue, además, quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía mientras la periodista se recuperaba en un hospital de Bogotá.
“Cardona detalló que, tras los hechos, a él le fue asignado un equipo de protección, mientras sus colegas Hollman Morris e Ignacio Gómez tuvieron que salir del país como medida de seguridad. Además, detalló que después de los hechos llegaron sobres a sus casilleros en la sede del periódico, sin el protocolo de correspondencia de la casa editorial, en los que estaban los artículos en los que registraron la masacre de La Modelo.
El periodista también explicó que, la cárcel La Modelo era centro de noticia en ese año, tanto para el equipo del periódico, como los otros medios del país, debido a la situación que se estaba presentando, por lo que era común que los periodistas se presentaran en el lugar. Además, cuando secuestraron a Jineth Bedoya, había gran afluencia de personas y se encontraba una patrulla en la entrada principal del penal”[10].
La defensa del Estado, en otra fallida jugada, pretendió usar a su favor un protocolo de protección de la Fiscalía implementado quince años después de la tragedia de Bedoya. El Estado presentó como testigo a una delegada de la Fiscalía General de la Nación, María del Pilar Ospina, quien detalló el enfoque de víctimas de violencia sexual y de género de las líneas investigativas del ente acusador, reconociendo que este fue implementado después de promulgada la Ley de Víctimas de 2014, es decir, mucho tiempo después de la agresión contra Bedoya.
Daniela Kravetz, abogada chilena, experta en derechos humanos, legislación criminal internacional, violencia de género y acceso a la justicia en países en conflicto, quien participó en la audiencia como perito, declaró al ser interrogada por los representantes de las víctimas, que “ante un hecho de violencia de género contra una mujer periodista o defensora de derechos humanos, debe operar desde el inicio de la investigación una presunción de que los hechos de violencia podrían guardar relación con la labor de la persona, y se deben tener en cuenta los riesgos diferenciales de la víctima”. Además, sostuvo que el protocolo descrito por la delegada de la Fiscalía se queda corto, pues no es posible determinar su efectividad en los procesos de la justicia ordinaria”[11] y aseguró que el Estado aún tiene una deuda muy grande con las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. El juez Ricardo Pérez Manrique también cuestionó la argumentación del Estado por considerarla extemporánea al caso en cuestión.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica guardó silencio, y en lugar suyo, un joven abogado, Giovanny Vega, intervino a nombre del Estado para preguntar si era normal que los periodistas se desplazaran a una cárcel sin esquema de seguridad, a lo que Jorge Cardona le respondió, diciendo que los hechos que ocurrían en la cárcel ocupaban a buena parte de la prensa nacional, muchos periodistas acudían a ella en desarrollo de sus propias investigaciones. No era solamente Jineth Bedoya.
Tanto para analistas como para juristas que han seguido el caso, resulta totalmente insuficiente la identificación y captura de tres de los autores materiales de los crímenes como garantía de aplicación de justicia cuando no se conocen los nombres de los autores intelectuales ni se dispone de todos los instrumentos de investigación para revelar el andamiaje delictivo que permite su sistemático accionar. “El objetivo de una iniciativa de judicialización de estos crímenes no es sólo esclarecer lo acontecido en hechos aislados, sino determinar el continuo de poder entre determinadores y seguidores y explicitar las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada. La tarea del aparato de investigación y de juzgamiento no es “la de sencillamente describir la comisión del acto criminal, sino la de elucidar la operación de los elementos de la maquinaria criminal”[12].
Una semana después de la recusación, el 23 de marzo, Camilo Gómez, tuvo que bajar la cabeza para reconocer la responsabilidad del Estado en la inoperancia de la justicia y pedir perdón a las víctimas. “A nombre del Estado colombiano reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima al recaudar doce declaraciones y le pide perdón a Jineth Bedoya [y a su madre] por estos hechos y por el daño que le causaron, ya que vulneraron sus derechos a la integridad personal”. Un día después envió un mensaje público a través de Twitter: “Como colombiano y apoderado del Estado colombiano, no quiero que los problemas procesales sigan demorando el cierre de este caso. Le propongo a Jineth Bedoya que nos sentemos a dialogar y busquemos una solución amistosa, las cuales están permitidas por el reglamento de la Corte”.
Sus palabras, sin embargo, no lograron eliminar la sensación que dejó su primer desempeño. Ya el daño estaba hecho, y era tan inusual este nivel de arrogancia y desprecio a una víctima en un tribunal internacional, que el registro inicial no podía ser borrado ni superado. Que el Estado colombiano se hubiera retirado de una audiencia histórica recusando a los magistrados era la aplicación de una estrategia dilatoria y revictimizante que fue recibida como una cruel bofetada contra la víctima, contra el mismo tribunal y contra todo sistema de justicia internacional. La noticia dio la vuelta al mundo y los más destacados medios lo registraron con una mezcla de espanto e incredulidad. Hablar de bochorno internacional, es decir poco. Fue más que una acción inadecuada, indolente y carente de responsabilidad, juicio y estrategia. Una cosa es la arrogancia al interior del país (“¿De qué me hablas viejo?”) y otra muy diferente es pretender pararse por encima de un Tribunal internacional de justicia, para “abofetear” a una víctima, que solo merecería reconocimiento, justicia, reparación fáctica y simbólica, y plenas garantías de protección y no repetición.
En unos años se podrá determinar el costo de este comportamiento internacional, que desde ya se adivina será alto. La respuesta del Estado, tanto en términos de confianza y credibilidad en la justicia y en las instituciones colombianas como de respeto e imagen de un gobierno que viene siendo cuestionado internacionalmente por sus intentos de minar el proceso de paz, su falta de voluntad para frenar un genocidio en marcha que ha costado la vida a más de 600 líderes sociales y cerca de 300 desmovilizados de la guerrilla, su negativa a proteger a los sectores más vulnerables durante la pandemia y su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos que incluyen más de 150 masacres entre el 2019 y el 2021 y la muerte de varios niños en bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares, no pudo ser más desafortunada.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica parecía desconocer no sólo las reiteradas condenas al Estado luego de mediocres y ofensivas actuaciones de los abogados nacionales, también el malestar de la misma Corte, que en septiembre de 2019 había llamado la atención por el incumplimiento total o parcial del Estado colombiano en 14 de las 22 sentencias en las cuales fue condenado como responsable de graves violaciones a los derechos humanos. En 2018 Colombia fue sancionado cuatro veces por el tribunal interamericano de derechos humanos, el número más alto para el país desde que fue condenado por primera vez en 1995 por la desaparición forzada del sindicalista Isidro Caballero en manos de militares. “Ningún otro país de las Américas fue objeto de tantas sentencias ese año”[13].
¿Cuánto le cuesta al Estado este pobre desempeño por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la continuidad de una política tendiente a proteger a los máximos perpetradores, obstruir la acción de la justicia y garantizar impunidad? El costo no solo es económico. La inacción de la justicia, la sistematicidad de los crímenes, la impunidad que supera el 90% de los casos de violaciones a los DD.HH tiene costos políticos, sociales y humanos elevados, muy elevados para un país que intenta, desde sus dispersas fuerzas democráticas, transformar su historia de guerra y violencia, y poner punto final a esa tenebrosa alianza criminal entre mafia, armas y política.
Una vez más, y de cara al mundo, la Agencia de Defensa enseñaba sin tapujos la precariedad moral de un Estado que contrario a garantizar justicia, reconocer su responsabilidad por acción y omisión en múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, expresar empatía y solidaridad con la víctima y respeto sincero por su dolor, optó por silenciarla, pero además intentó censurar a un alto tribunal de justicia, cuestionar la idoneidad y probidad de los magistrados, y jugar el papel de verdugo de la justicia misma. Al revictimizar a Jineth Bedoya, el gobierno de Colombia agredió a todas las víctimas de violencia sexual del país y del mundo, pero también reveló su verdadero rostro.
Nunca en la historia de la Corte IDH un Estado se había atrevido a evadir la discusión de fondo apelando a un recurso como la recusación de la casi totalidad de los magistrados de la Corte ni su defensa se había presentado sin haber preparado un cuestionario para la víctima, ni una argumentación medianamente coherente para explicar la inoperancia judicial del Estado a lo largo de dos décadas. Para el mundo quedo claramente establecida cuál es la posición del gobierno de Colombia frente a los derechos humanos y los tribunales de justicia. Alejandra Coll, abogada con maestría en estudios de género, desarrolló un hilo interesante en Twitter sobre las consecuencias de esta cuestionable actitud. “Es vergonzoso como mezclan peras con manzanas: Usan un mecanismo de procedimiento para discutir temas de fondo. Cuestionan que los jueces pregunten, lo que habla mal del Estado, porque están pidiendo que no hagan su trabajo. […] Están llevando al sistema interamericano la misma tesis que manejan aquí: Si el juez no es amigo y no me hace pasito, no me sirve y necesito sacarlo. Están poniendo en evidencia su desprecio por una justicia independiente, incluso en el Sistema Interamericano. […] He aquí las consecuencias de gobiernos que nombran a la gente en los cargos por afinidad política y no por experticia: Perdemos dinero, pasamos vergüenzas y se revictimiza a las personas que llevan sus casos ante la CIDH. Ojalá aprendan y operen distinto en los casos que siguen”.
La falta de voluntad y decisión política y los reiterados episodios de negacionismo desde el Estado sobre hechos de violencia, la sistematicidad de los crímenes, las violaciones a los derechos de las víctimas y el desconocimiento de las mismas sentencias que buscan garantizar los derechos a verdad, justicia y reparación integral con garantías de no repetición, confirman la existencia de un patrón de persecución, impunidad tolerada y violencia estatal, que impide que desde la sociedad se pueda acceder a la verdad histórica del conflicto armado en Colombia y que las heridas de tanto horror puedan ser superadas. Los tribunales internacionales admiten las denuncias, adelantan las investigaciones y condenan porque el Estado ha sido negligente en garantizar justicia y reconocer a las víctimas, y la institucionalidad se ha utilizado para encubrir a los máximos perpetradores y garantizar impunidad.
Defensa de curtidos novatos
La defensa del Estado, una vez tras otra insiste en actuar como litigante novato, como lo afirmara hace algunos años el abogado Rodrigo Uprinmy. Pero no sólo eso, en varios juicios hemos visto como además de la novatada, se presentan desatinos jurídicos, imprecisiones, desinformación, desprecio a las víctimas y sus derechos, ignorancia judicial y actitudes arrogantes. Basta con recordar las defensas del abogado Rafael Nieto Loaiza, quien luego de cobrar cientos de millones del pesos al gobierno colombiano, puso en ridículo al país al pretender argumentar la defensa del Estado, en el caso por los desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, copiando la tesis presentada por la defensa del coronel Luis Alfonso Plazas Vega (condenado a 30 años de prisión por desaparición forzada, pero absuelto 8 años después) y al utilizar el mismo escrito presentado ante la Corte IDH por el caso de la masacre de Santo Domingo, que terminó con una severa condena contra el Estado en noviembre de 2012. Para los magistrados de la Corte IDH ha sido ofensiva, a lo largo de varios procesos, la actitud arrogante e indolente de los abogados del Estado con respecto a las víctimas, que han sido obligadas por la misma negligencia de las instituciones nacionales, a acudir a los tribunales internacionales en busca de lo que cualquier Estado democrático debería garantizar a sus ciudadanos: justicia y seguridad.
El abogado Rodrigo Uprinmy señaló la paradoja de Colombia, al recordar que “la sociología ha mostrado que los litigantes frecuentes suelen adquirir destrezas y recursos que les permiten ser exitosos ante los jueces”. Sin embargo, aun cuando Colombia es un litigante frecuente por la cantidad de procesos que enfrenta en los estrados internacionales de justicia, “se comporta como un litigante ocasional: sus abogados no suelen ser los mejores y sobre todo no acumulan experiencias ni desarrollan estrategias de largo aliento, entre otras razones porque cambian con frecuencia y no están bien organizados. Esta paradoja es grave pues tiene implicaciones muy serias sobre los dineros públicos y sobre la igualdad”[14].
El Estado colombiano es condenado una vez tras otra, y lo será en este caso también, porque es responsable de vulnerar los derechos de las víctimas (al desechar medidas de protección y acceso a la justicia), por su negativa en generar estrategias que permitan el desmonte efectivo de las estructuras criminales que siguen expandiéndose por el territorio nacional con la aquiescencia de sectores de las fuerzas militares, y porque no realiza los esfuerzos necesarios para revelar la identidad de los autores intelectuales de atroces crímenes ni descubrir los elementos que permiten la sistematicidad en las violaciones a los DDHH. En varias condenas anteriores la Corte evidenció que el Estado colombiano no combatió con eficiencia las estructuras paramilitares, es más, la negligencia fue intencional y la complicidad demostrada. Y en tanto se sigan violando los derechos consagrados en la Convención Americana, seguirán las condenas[15].
En el caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia, la Corte IDH emitió una resolución el pasado 24 de marzo en la que requiere al Estado para que presente información actualizada sobre las medidas de protección que fueron adoptadas a favor de las personas mencionadas en el punto resolutivo 1 [Jineth Bedoya Lima y Luz Nelly Lima] a más tardar el 9 de abril de 2021. Por su parte, Bedoya pidió se rompa el pacto de silencio que garantiza la impunidad en su caso, y en otros que comprometen agentes del Estado, y que la cárcel La Modelo sea definitivamente clausurada. “Algo que para mí sería reparador es que ese lugar, donde se inició todo, donde empezó este ciclo de terror, se pueda cerrar. Me refiero a que clausurar la cárcel La Modelo, donde no solo se cometió un hecho de violación de derechos humanos contra mí, sino donde sistemáticamente se han cometido todos los tipos de violaciones de derechos humanos desde hace décadas, sería realmente una reparación efectiva”[16].
La respuesta del Estado en las audiencias internacionales pone en tela de juicio, una vez más, tanto la idoneidad de los representantes de Colombia ente estos estrados, la orientación estratégica de la Agencia de Defensa, como la condición humana de quienes ostentan el poder político en Colombia. Las víctimas de atrocidades no son los enemigos a combatir.
[1] Oración personal a
Jesucristo. Poema, Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 1967
[2] Se eliminan símbolos de
arroba, abreviaciones y los nombres de perfiles de usuarios en Twitter para
facilitar la lectura de los comentarios (trinos).
[3] BBC; “Violación:
"Quería coger mi dolor y cargarlo sola", Jineth Bedoya, Colombia”.
Londres, 29 de enero de 2013. Consultado en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/130129_violaciones_colombia
[4] Radio La Fm; “Confirman
condena a ex paramilitares por caso de Jineth Bedoya”. Bogotá, 6 de noviembre
de 2019. Consultado en: https://www.lafm.com.co/judicial/confirman-condena-exparamilitares-por-caso-de-jineth-bedoya
[5] El Tiempo; Claves para
entender el juicio por el ataque a Jineth Bedoya”. Bogotá, 23 de maro de 2021.
Consultado en:
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/jineth-bedoya-5-puntos-para-entender-el-caso-en-la-corte-idh-574887
[6] BBC; “El caso de Jineth
Bedoya, la víctima de violencia sexual durante el conflicto armado en Colombia
que llevó al Estado ante un tribunal internacional”. Londres, 22 de marzo de
2021. Consultado en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56491673
[7] El país; “Colombia se
retira de la audiencia ante la Corte IDH en el caso de la periodista Jineth
Bedoya, víctima de violencia sexual”. Por Santiago Torrado. Madrid, España, 15
de marzo de 2021. Consultado en: https://elpais.com/internacional/2021-03-16/colombia-se-retira-de-la-audiencia-ante-la-corte-idh-en-el-caso-de-la-periodista-jineth-bedoya-victima-de-violencia-sexual.html
[8] Kien y Ke; “Reviva la
audiencia ante la Corte IDH por el caso de Jineth Bedoya”. Bogotá, 15 de marzo
de 2021. Consultado en:
https://www.kienyke.com/judicial/en-vivo-audiencia-corte-idh-caso-jineth-bedoya
[9] Corte IDH; Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miércoles 17 de marzo de 2021. Caso
Bedoya Lima y Otra Vs. Colombia.
[10] Infobae; “Protocolo de
género de la Fiscalía “se queda corto”: perito en el caso Jineth Bedoya en la
Corte IDH”. 22 de marzo de 2021. Consultado en:
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/22/protocolo-de-genero-de-la-fiscalia-se-queda-corto-perito-en-el-caso-jineth-bedoya-en-la-corte-idh/
[11] Ídem.
[12] Elementos del peritaje de
Michael Reed Hurtado, director en Colombia del Centro Internacional para la
Justicia Transicional, en el Caso Cepeda Vargas vs. Colombia ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. San José de Costa
Rica, 26 de enero de 2010. Véase: Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States,
Prosecution Initiatives, HR/PUB/06/4, 2006. Pág 12-.
[13] El Espectador; “Colombia,
el país con más condenas de la Corte Interamericana en 2018”. Bogotá, d29 de
diciembre de 2018. Consultado en:
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/colombia-el-pais-con-mas-condenas-de-la-corte-interamericana-en-2018-articulo-857518/#:~:text=El%20Estado%20colombiano%20fue%20sancionado,de%20tantas%20sentencias%20este%20a%C3%B1o.
[14] Dejusticia; “El problema
de la defensa judicial del Estado”. Por Rodrigo Uprimny, investigador del
centro de estudios DJS. Bogotá, septiembre 24 de 2004. Consultado en:
https://www.dejusticia.org/el-problema-de-la-defensa-judicial-del-estado/
[15] Ver: Los fallos de la
Corte IDH: Caso 11.748 Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia; Caso 11.60319:
comerciantes vs. Colombia; Caso 11.995: Masacre de La Rochela vs. Colombia;
Caso 12.250. Masacre de Mapiripán vs. Colombia; Caso 12.531. Manuel Cepeda
Vargas vs. Colombia, entre otros.
[16] El Tiempo; “Juicio por el
caso de Jineth Bedoya en Corte IDH continúa este lunes”. Bogotá, 22 de marzo de
2021. Consultado en:
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/juicio-por-el-caso-de-jineth-bedoya-en-corte-idh-continua-este-lunes-575257
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