Ha llegado el momento de escucharnos…

La movilización social ha logrado ocho victorias, sonoras y de cierta importancia a lo largo de estas tres semanas de Paro Nacional, y aunque en nada toquen la estructura de poder ni las causas del profundo malestar que estremece a Colombia, nunca antes en la historia, un paro había contado con tantos sectores activos, ni había llegado a esos rincones de la Colombia olvidada ni había afectado de manera simultánea a tantos y diversos núcleos urbanos. Ni siquiera el paro del 77 fue tan plural, incluyente y rotundo como éste, ni tan brutal. 

Entre los logros que hoy se apuntan los manifestantes, están: 1. Hundimiento de la reforma tributaria. 2. Renuncia del ministro Alberto Carrasquilla.  3. Renuncia de la canciller Claudia Blum. 4. Instalación de una mesa de negociación y no de diálogo.  5. Hundimiento de la reforma a la salud. 6. Cancelación de la Copa América en Colombia. 7. Salida del ministro de Cultura, Felipe Buitrago. 8. Renuncia del comandante de la Policía de Cali, brigadier General Juan Carlos Rodríguez Acosta. 

Estos logros, que sin duda fortalecen a los movimientos sociales, sindicales, indígenas, y a las organizaciones de jóvenes que están poniendo los muertos en las calles, debería llevar al gobierno a plantear alternativas distintas a las de querer silenciar con terror, balas y muerte el malestar social o sometiendo los poderes judiciales a su voluntad. Hoy lo más conveniente sería que Duque escuchara con atención el clamor popular, planteara un serio revolcón tanto en la forma nominal de su gobierno como en el sistema mismo, para ofrecer garantías sociales y profundizar la democracia, y que entendiera que se trata de una crisis política que se resuelve por la vía política.

Pero el problema es que el mandatario y su gobierno siguen sin escuchar lo que pide el pueblo, sin reconocer lo que lo hiere, lo que ya no puede soportar ni aceptar para su vida ni para la de los hijos que vendrán. Duque no quiere reconocer que se cayó el telón de un gobierno que actuaba a espaldas de la nación, que la mediocridad y el horror de su mandato son visibles y que al hambre no da espera; aún cree que con verbo y maneras impostadas puede esconder lo que ya no se puede ocultar: su talante autoritario, su gobierno empeñado a un poder mafioso y su poco respeto por la tradición de una democracia formal, que históricamente ha convivido con una escandalosa desigualdad social. Su incoherencia es elocuente. Mientras su mentor intenta tumbar al alcalde de Medellín con la competencia de una procuraduría de bolsillo, él se llena la boca hablando de democracia; alardea de derechos humanos, pero masacra chicos en la calle; habla de libertad y garantías para la protesta social, pero responde con mentiras, balas, bombas aturdidoras, tanquetas, violaciones, torturas, mutilaciones y desapariciones forzadas. Y pese al rechazo que ha generado la respuesta violenta al Paro aun insiste en que la crisis social se resuelve con ejército y Esmad en la calle y endeudando a la gente para que caiga en la usura y en el descontrolado sistema especulativo de la banca. No ve que el pueblo se cansó de no ser escuchado, de mandatarios acaudalados que no saben ni cuánto cuesta una docena de huevos, miran con desdén el hambre popular y gobiernan para beneficio de unas élites acaudaladas.

Colombia vive un capítulo único en su historia, pero el poder político insiste en verlo como una amenaza y no como una oportunidad para enderezar el rumbo y sacar al país del atraso, la pobreza y la barbarie. Está emergiendo una nueva conciencia social en la que se expresan jóvenes que de democracia solo conocen el autoritarismo de acento mafioso de Uribe Vélez, pero verlos a ellos, entre muchos otros ciudadanos, celebrar la no realización de la Copa América revela el momento crítico y extremo que atraviesa el país. Es tan fuerte el malestar, la convicción en la lucha y en la unidad popular y en la esperanza de un cambio, que este país doblegado y manoseado como ha sido siempre, rechaza la zanahoria del fútbol y exige a los gritos, cansado de susurrar y suplicar: ¡Basta de garrote! ¡Queremos que se nos trate con respeto, justicia y dignidad!

En próximas semanas podría lograrse la salida de otros ministros, un leve aumento a  la propuesta de renta básica universal para algunos hogares empobrecidos (el proyecto de ley lo hundió el partido de gobierno y sus aliados de derecha en la Comisión Tercera de Cámara hace seis meses), y las ofertas del mandatario, lanzadas como señuelos a los jóvenes, como la llamada línea de crédito especializada para financiar el emprendimiento, facilidades para la compra de vivienda a cuotas y la propuesta de matrícula cero para estudiantes de universidades públicas durante el segundo semestre del 2021, podrían ser algo más convincentes aunque no menos cínicas. Independiente de ello, las movilizaciones continuarán. Quienes marchan y protestan, desafiando la muerte, no están pidiendo beneficios personales, están pidiendo cambios estructurales.

El gobierno, además, hoy enfrenta una nueva presión, que se suma a la advertencia del congreso de Estados Unidos de recortar fondos a causa de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de la fuerza pública contra los manifestantes. La agencia Standard & Poor's rebajó la calificación sobre deuda del gobierno; lo que quiere decir que Colombia se hace menos confiable, que su imagen de estabilidad se ha erosionado a causa del Paro y que ya no es un país tan atractivo para la inversión. Los préstamos internacionales, tanto para el gobierno como para las empresas privadas, tendrían algunas dificultades extras, como intereses más altos, y aunque hay otras agencias calificadoras que no han rebajado la calificación, ya la alerta fue lanzada. 

De cualquier modo, dado que las causas sociales y económicas del Paro no han sido abordadas ni tocadas, y que es más fuerte la indignación popular que el miedo al Covid, las asambleas populares en busca de propuestas para llevar a la mesa de negociación seguirán y las protestas también. De hecho, ya se anuncian dos nuevas jornadas de Paro: una para el miércoles 26 y otra para el viernes 28 de mayo, fecha en la que se cumple un mes de resistencia. Pero mientras crecen las especulaciones sobre lo que podría suceder en próximas semanas para superar la crisis actual, disminuye la esperanza en las llamadas negociaciones entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional.  Las negociaciones avanzan lento, el gobierno parece no tomar en serio los pliegos presentados, y hay quienes creen que se trata de una táctica de dilación sin intención seria de llegar a acuerdos viables y profundos; incluso es factible que al jefe de Estado no le interese negociar nada, solo alargar la cuestión para imponer su visión y agenda de país. Quizás esté pensando que bajo presión no negocia, pero la realidad es que sin ella tampoco. La protesta es una presión legítima de los ciudadanos por causa justa; y el gobierno que no escucha y no negocia muestra tanto intransigencia y autoritarismo, como debilidad y poca vocación democrática.

Uno de los puntos neurálgicos de la negociación es sobre una renta básica mensual equivalente a un salario mínimo, destinado a toda la población colombiana en situación de pobreza, es decir más o menos 35 millones de personas, o más. El gobierno, apoyado en analistas económicos, afirma que es absolutamente inviable bajo cualquier circunstancia, debido al alto costo que ello ocasionaría a las frágiles finanzas públicas, ya que representaría casi un tercio del gasto público. Otro punto de tensión se refiere al derecho fundamental a una educación superior, pública y gratuita de calidad para todos los jóvenes, sin embargo, los analistas dicen que no sería para todos y el presidente solo ofrece gratuidad en el segundo semestre del 2021, lo que parece una burla al movimiento estudiantil. Frente a las peticiones sobre garantías sociales, pensionales, laborales, ambientales, financieras, de fomento a la industria y apoyo a la creación de empresa tampoco hay consenso. Y si bien es cierto que se trata de reformas urgentes y en mora de ser implementadas, en un mes no se ajusta lo que no se hizo en más en 200 años ni en 20 de recortes a la inversión social, desregularización del Estado y privatizaciones. Sin embargo, si es necesario mostrar hoy algún avance en la dirección correcta, es decir, que traiga beneficio y calidad de vida al pueblo colombiano.

En su último comunicado, el Comité de Paro reconoce algunos avances, como lograr que el presidente pasara de una posición en la que “no iba a haber una negociación sino una conversación” a que el ministro de Trabajo anunciará la decisión de revisar y negociar el pliego de urgencia presentado por los promotores del paro nacional o detener dos reformas regresivas para las mayorías, pero también advierte que el camino que sigue no será sencillo ni breve. Y aunque es consciente que los logros han costado litros de sangre, el Comité no puede levantar el paro ni abandonar la mesa con las manos vacías.

“El gobierno empieza a considerar de manera unilateral y engañosa algunas de las exigencias del pliego de emergencia, matricula cero, planes de empleo juvenil, ampliación del subsidio a las nóminas de pequeñas y medianas empresas, aceleración del plan de vacunación, etc. Incluso pasamos de la negativa absoluta del gobierno a negociar, a plantear la posible disposición a establecer una mesa de negociación. Se ha logrado frenar parte de la lesiva agenda, pero el mal gobierno continua”, dice el comité en su último comunicado. Duque exige cese de bloqueos, los manifestantes los promueven, aunque defienden la creación de corredores humanitarios para no poner en riesgo la vida, salud y seguridad de la población. Duque ordena desplegar la fuerza militar, lo que para el comité es una declaratoria de guerra contra la ciudadanía que protesta. El gobierno minimiza la violencia estatal en la calle y no la rechaza con la vehemencia que debería, mientras las organizaciones defensoras de los derechos humanos hablan de crímenes de lesa humanidad. Duque no responde a las demandas de fondo, indicando a través de sus voceros que serán estudiadas por algún comité asesor. El tiempo pasa, la paciencia se agota y aumentan las víctimas.

Las ONG Temblores e Indepaz han documentado 51 asesinatos de los cuales 43 habrían sido autoría de la Fuerza Pública, 18 víctimas de violencia sexual, 2.387 casos de violencia policial y 33 víctimas de heridas en los ojos. Sobre personas desaparecidas no hay consenso en las cifras: mientras 26 organizaciones documentaron 379 casos en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, la Defensoría se refirió a 548 casos el 9 de mayo, pero luego indicó que 263 habían sido encontradas. Hace dos semanas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, negó que en la capital hubieran muertos o desaparecidos, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que en su ciudad no se han registrado pérdidas de vida ni personas dadas por desaparecidas.

El pasado 20 de mayo, Contagio Radio lanzó a través de Twitter un mensaje pavoroso: “#Cali #SOSColombia, versiones indican que policía descarga camiones de víctimas en sector de Mulalo y las ubican en fosas comunes. Jóvenes detenidos que se reportan como desparecidos han sido llevados a Guacarí para ser ajusticiados. Ong piden esclarecer ya estas versiones". Urge comisión de esclarecimiento internacional.

Las organizaciones sociales, con el acompañamiento y liderazgo de algunos parlamentarios de la oposición, además acudir a los sitios de resistencia estudiantil, bautizados como flancos de primera línea, donde también han hecho presencia las madres que perdieron a sus hijos, han sostenido reuniones con sectores demócratas del congreso de Estados Unidos, han aportado registros, pruebas y testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos a la CIDH, han hecho un llamado al gobierno para que autorice la visita y veeduría de este organismo, y denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Diego Molano, al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, Jorge Luis Vargas, como los "máximos responsables" de crímenes de lesa humanidad.

Las estrategias del gobierno

El gobierno sigue renuente a resolver las causas del clamor ciudadano, y estaría operando bajo cinco estrategias. La primera sería una ofensiva internacional para conquistar el apoyo de gobiernos y organismos multilaterales. Para ello Duque designó a la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez[1]como nueva canciller, quien ya anunció una gira internacional que iniciará en New York y Washington, Estados Unidos, donde espera convencer a legisladores y miembros de la CIDH, así como a la organización empresarial Consejo de las Américas, sobre la solidez de la democracia colombiana, su estabilidad social y su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

La segunda estrategia consiste en movilizar a la gran prensa desde sus propias tribunas para que descalifique el Paro, exponga el padecer de los agentes de la policía que arriesgan su vida en defensa de la seguridad ciudadana, exalte los hechos de vandalismo y las consecuencias de los bloqueos, como la muerte de pacientes en ambulancias que no lograron pasar a tiempo, el retraso en la llegada de las vacunas contra el Covid, el alza en los precios del combustible y de algunos alimentos y el desabastecimiento de ciertos productos. El objetivo es revertir el apoyo de la ciudadanía. Hace tres semanas se indicaba que tres de cada cuatro personas apoyaban y consideraban legitimas y justas las demandas del Paro. La prensa oficial busca convencer que detrás de las protestas está el oportunismo político de Gustavo Petro y de su movimiento Colombia Humana, las disidencias de las FARC, los intereses desestabilizadores del presidente Nicolás Maduro y las fuerzas comunistas castrochavistas que amenazan las democracias latinoamericanas.

La tercera estrategia sería mantener la presión militar y policial en las calles, eliminar los bloqueos a la fuerza, capturar presuntos vándalos, aplicar extinción de dominio a los camiones que bloquean las carreteras (eso quiere decir quitar a los camioneros su propiedad, su medio de trabajo y de subsistencia familiar, como ya lo viene haciendo la Fiscalía), allanar viviendas de sospechosos y militarizar vías y sitios estratégicos en las principales ciudades del país. Terror y semblante de guerra.

La cuarta (ejecutada posiblemente por organismos de “inteligencia” del Estado) consistiría en bloquear las comunicaciones y realizar recortes al servicio de internet en determinados sitios y horarios. Su objetivo sería impedir el uso de las redes sociales de los ciudadanos para coordinar acciones y denunciar los abusos de la policía, a través de vídeos y fotografías. El Observatorio de Internet Netblocks, portal que monitorea la conexión a internet a nivel global, advirtió sobre "interrupciones" en la conectividad. El colectivo de hackers Anonymous "le declaró la guerra" al gobierno de Iván Duque hace dos semanas cuando tumbó los sitios web de la Presidencia, el Senado y el Ejército Nacional, y confirmó que hubo un "corte de señal (internet y celular)" del 42% en el sector de Siloé, comuna de Cali.

La quinta estrategia sería una ofensiva mediática a través de redes sociales y grandes medios internacionales de comunicación mediante entrevistas televisadas del presidente Duque y algunos aliados con periodistas reconocidos a nivel mundial, a fin de exaltar los logros y avances del gobierno en materia social, de industria y crecimiento económico y seguridad. Hace un año el gobierno firmó un contrato con la firma Du Brand SAS, especializada en marketing político, por un valor de $3.350 millones de pesos para posicionar la imagen del presidente durante todo el año, mediante “la elaboración, implementación y seguimiento de estrategias digitales integrales, así como la producción de contenidos y la administración de los canales digitales de comunicación del presidente y de la Presidencia de la República”.  

Divide y reinarás también parece ser la consigna del mandatario. La reciente salida del ministro de Cultura, cuya renuncia pedían los movimientos culturales del país, al ser cuestionado por sus declaraciones racistas ante el derribo de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en el centro de Bogotá, por el manejo abusivo e imprudente del espacio Fragmentos, símbolo de la paz en Colombia, su apoyo a la reforma tributaria en detrimento de espacios artísticos y de los mismos artistas, y su complicidad con la grave situación de derechos humanos, podría ser otro triunfo del movimiento social, pero  la designación de Angélica Mayolo como nueva ministra de Cultura es una estrategia de manipulación mediática por parte del gobierno. Su objetivo sería fragmentar el movimiento social del Valle del Cauca, departamento que ha protagonizado los más graves hechos de violencia durante al Paro, y donde han sido asesinados 35 jóvenes por la policía y el Esmad, entre ellos Nicolás Guerrero, con un impacto de bala en la cabeza. Mayolo es una abogada afrocolombiana de 31 años, nacida en Buenaventura, uno de los municipios más pobres y más castigados por la violencia en el pacífico colombiano, y, según su hoja de vida, ha trabajado en proyectos de alto impacto para poblaciones vulnerables.

Ante este complejo panorama, todavía nadie podría responder si la salida será institucional o insurreccional. ¿Qué decisiones podría tomarse desde el Estado para poner punto final a las masivas manifestaciones? Muchas versiones circulan, con especial eco tres de ellas:

A. Un golpe militar. Aunque Duque es sumiso al proyecto que lo transformó de completo desconocido a presidente, y en el gobierno nadie discute el peso de la bota militar, esta opción no es descartable. Los oráculos de la política afirman que las elecciones del 2022 están perdidas para el uribismo, y que ello llevaría a su máximo líder a pensar en sacrificar a su ungido como presidente, a cambio de un poco de oxígeno para su colectividad sin renunciar al control sobre el Ejecutivo, extensivo a las demás ramas. Si bien el uribismo sigue teniendo fuerza, en especial en sectores de la extrema derecha, podría aún influir en la intención de voto, de cara a las elecciones presidenciales de 2022, y Uribe aun cuente con el respaldo de grandes banqueros, industriales y grupos económicos sólidos, como los ganaderos, los palmeros, los arroceros y los azucareros, su desgaste es evidente, y no todo el mundo apoyaría aventuras golpistas.

El líder de la oposición, el senador Gustavo Petro, declaró a caracol radio que “el gobierno es débil porque perdió el apoyo popular, lo que lo llevó a usar las armas, el fusil y la violencia, en vez de dialogar con los jóvenes que están movilizándose en todo el país… Ese caos generado por el gobierno les da réditos políticos. Ellos están usando eso para ganar las elecciones de 2022. Si no les funciona, puede el sector más radicalizado y fundamentalista; el uribismo -que es puro fascismo- aplicar a un golpe de Estado”.

Expulsar a Duque del tablero de ajedrez no suena descartable, sobre todo por su baja aceptación popular -según la última encuesta el rechazo es del 69% y aumentando-, su mala imagen internacional, su pésima gestión (en lo que están de acuerdo hasta algunos de sus partidarios), y el fracaso en la mayoría de sus iniciativas. Sin embargo, si se considera que bajo control del uribismo están todos los organismos de control y vigilancia del Estado, incluyendo la defensoría del Pueblo y la Fiscalía, el Banco de la República, las Fuerzas Militares, buena parte del legislativo y otro tanto del judicial, no parecería necesario.

B. Nuevas elecciones y gobierno de transición: esta opción estaría mediada por el nivel de violencia en las calles, por la presión de las manifestaciones, organismos internacionales y gobiernos aliados, tanto a través de las vías diplomáticas como mediante condicionamientos en las relaciones económicas y tratados comerciales. En Colombia se repite desde hace muchos años, que los presidentes nunca se caen, hagan lo que hagan o no hagan, de modo que estamos ante un escenario totalmente novedoso en el que las fuerzas sociales y democráticas tendrían que entrar a conjurar la crisis con celeridad mediante una propuesta de coalición que involucre al mayor numero posible de sectores sociales, empresariales y políticos, sin dar tiempo de reacción a las fuerzas violentas de derecha.

C. Declaratoria de Conmoción Interior: Bajo el argumento de una grave perturbación del orden público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, el jefe de Estado puede apelar al artículo 213 de la Carta política, lo que le permitiría imponer medidas autoritarias, represivas y, paradójicamente, antidemocráticas. Aunque no se trataría de una dictadura de facto, si es una figura que termina por suprimir la independencia de poderes, para volverlos subalternos del ejecutivo.  El presidente podría prohibir la protesta, intervenir comunicaciones y expulsar alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente.

D. Una cuarta posibilidad, sería el éxito de las estrategias de desprestigio, aislamiento y agotamiento del movimiento social. La falta de apoyo ciudadano en las calles, la sobredimensión de algún logro pírrico en las negociaciones o de alguna decisión de gobierno tendiente a mostrarse plural, generoso y democrático, la disminución en la presencia de los jóvenes en las llamadas barricadas de primera línea por agotamiento físico y mental, las redadas policiales, detenciones arbitrarias, allanamientos y persecuciones, podrían bajar la moral de los jóvenes haciendo que las  manifestaciones se disipen en las próximas semanas, para que los estudiantes y la sociedad regresen a su letargo conocido, con los bolsillos tan vacíos como sus estómagos, esperando la llegada de una nueva oportunidad de cambio en algún otro momento o por alguna otra vía. Tal vez la fe se traslade al próximo proceso electoral, apoyando decididamente a un candidato ajeno al establecimiento, seguramente uno del llamado Pacto Histórico, que cobija a varios partidos de izquierda para las elecciones a la presidencia de la República y al Congreso en 2022, y cuya cabeza más visible es el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro.

Todo o nada puede pasar. Entre ayer y hoy la situación parece normalizarse, pues solo se han presentado esporádicos bloqueos y algunas mínimas manifestaciones de arte juvenil y contados casos de presión, pero no hay que confiarse ni perder la esperanza. El movimiento social está tomando aire para volver con fuerza la próxima semana. El panorama es incierto. Lo único claro es que para construir una Colombia donde sea posible la vida, la paz, la equidad y la justicia, se necesita con urgencia humanizar la política y la democracia, y que en estas todos tengan cabida.  

 

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[1] El reportero Jeremy McDermott, de la agencia de periodismo, investigación y análisis del crimen organizado, InSight Crime, demostró la cercanía de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez con Guillermo León Acevedo, alias “Memo fantasma”, ex narcotraficante del cartel de Medellín y responsable de crímenes atroces como líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “La investigación reveló los negocios que Acevedo tuvo con una empresa de la cual la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es copropietaria, y que está dirigida por su esposo, Álvaro Rincón. Acevedo le vendió propiedades a la empresa Hitos Urbanos, como parte de la construcción del exclusivo edificio de oficinas Torre 85 en el centro de Bogotá, cuyas obras fueron dirigidas por Rincón. Tanto Acevedo como la vicepresidenta Ramírez amenazaron a InSight Crime con acciones legales, pero finalmente retiraron las denuncias. La Fiscalía General de Colombia confirmó las conclusiones de InSight Crime, poco después de la publicación de la investigación en marzo de 2020”. Esta investigación recibió en noviembre de 2020 el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En junio de 2020 la vicepresidenta enfrentó otro escándalo cuando la prensa independiente dio a conocer que su hermano, Bernardo Ramírez, fue detenido en EE.UU. en 1997 por tráfico de cocaína o heroína, siendo el cerebro de una operación de reclutamiento de mulas en Aruba para entrar la droga a ese país. En 1998 su hermana pagó una fianza de 150 mil dólares.