Las mujeres, llamadas a liderar la Paz Total

 

Bogotá, 5 de diciembre de 2022. La mitad de la delegación de Gobierno en la mesa de diálogo con el ELN, son mujeres, y representan diversos sectores políticos y sociales.

De un tiempo para acá es lugar común decir que la paz sin las mujeres no va. Y no sólo porque sean la mitad de la población, afirmación ya hecha en esta y otras páginas, y tampoco porque exista una ley que reglamente la efectiva participación de las mujeres en los niveles de toma de decisión en las diferentes ramas del poder público. Las mujeres han sido víctimas del conflicto armado en Colombia y de políticas excluyentes propias de un sistema patriarcal que durante lustros las excluyó del debate nacional, al ignorar su liderazgo en los territorios y valiente labor en defensa de la vida, la justicia, los derechos humanos y la paz.

La mayor parte de las poblaciones desplazadas o en condición de refugio son mujeres, según ACNUR, y “la violencia que se practica contra las mujeres en nuestra sociedad es la más masiva, sistemática, atroz y, hasta hace poco, totalmente invisibilizada”, según la ONU. La participación de las mujeres en procesos de diálogo y negociación amplía la posibilidad de que puedan obtener justicia y reparación por las violaciones a sus derechos, y las faculta para proponer, con una verdadera incidencia política, reformas que garanticen sociedades “más inclusivas e igualitarias, capaces de acabar con la discriminación de género y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia”[1].

La participación de las mujeres en los asuntos públicos o hechos de connotación histórica, se da como parte de un desenlace natural en los procesos de maduración de las sociedades que empiezan a reconocer el valor democrático de construir sistemas más igualitarios, equilibrados y participativos; no es una concesión política. Es una manera realista de reconocer el rol de las mujeres en el diseño de las agendas públicas y su importancia en los procesos de consolidación de una paz duradera, tanto por su condición de víctimas de diferentes injusticias y conflictos como por ser lideresas y gestoras de iniciativas políticas y sociales para la transformación de los Estados y la cultura ciudadana. La ONU afirma que “las mujeres han demostrado ser agentes de cambio, y que deberían tener la oportunidad de poder trabajar aún más en pro de este objetivo. En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que supuso un hito histórico. Esta resolución insta a que las mujeres participen en la consolidación de la paz, estén mejor protegidas ante violaciones de los derechos humanos y tengan acceso a la justicia y a los servicios de lucha contra la discriminación”[2].

Hace dos semanas, el gobierno Petro anunció la llegada de cuatro destacadas mujeres al proceso de diálogo con el ELN. Esta decisión se sumó a la orden de excarcelación de la estudiante Violeta Arango, quien sigue siendo investigada por la Justicia colombiana pese a que su caso podría ser un falso judicial, para que en su rol de gestora de paz, pudiera incorporarse a la mesa de negociación como representante de la guerrilla del ELN, junto a María Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Vivian Henao, Cataleya Jiménez y Manuela Márquez. Nunca la presencia femenina había sido tan fuerte, decisiva y variada en una mesa de negociación de paz, como en esta oportunidad.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha mencionado la estrategia que tendrán las mujeres negociadoras, cuya presencia busca ampliar su participación en la Mesa de Dialogo de Paz, y a la vez incorporar la experiencia de cada una de ellas en sus diferentes campos. “Este es uno de los ejes que el Gobierno dispuso para construir la paz priorizando a los sectores históricamente marginados y abandonados. En concordancia con lo anterior, la influencia de la mujer en este proceso se une al llamado que hace el presidente Gustavo Petro para solucionar las deudas históricas con las víctimas de Colombia”[3].

Las ocho mujeres que integran la delegación de paz del Gobierno Nacional, son: Nigeria Rentería Lozano, abogada de la Universidad La Gran Colombia y defensora de los derechos indígenas y las minorías étnicas, fue Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Defensora delegada para los derechos de los indígenas y las minorías étnicas durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y ex negociadora en la mesa de Paz con  las Farc en La Habana, Cuba; Adelaida Jiménez Cortes, pastora presbiteriana, licenciada en teología y en educación con énfasis en la promoción comunitaria, es integrante del Consejo Mundial de Iglesias; María José Pizarro Rodríguez, senadora por el Pacto Histórico, hija del exguerrillero y máximo líder del M-19, Carlos Pizarro Leongómez; Mabel Lara Dinas, es periodista y politóloga con varios premios de periodismo, como el First Generation de la ONU; María Jimena Duzán, periodista y escritora, experta en conflicto armado”, y fundadora del posgrado en Periodismo de la Universidad de los Andes; Olga Lilia Silva López es abogada de la Universidad Nacional, directora de ONG Humanidad Vigente, enfocada en temas de niños y niñas víctimas y ejecuciones extrajudiciales, y es también vocera de la plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne casi 300 organizaciones de la sociedad civil; Dayana Paola Urzola Domico, líderesa del pueblo Embera Katio, es antropóloga, miembro de la Secretaría Técnica de la Mesa Interétnica del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) del sur de Córdoba y de la Red de Jóvenes de América Latina y el Caribe. Fue Coordinadora Nacional de Juventud Indígena en la Organización Indígena de Colombia (ONIC) y fue nominada por la ONU como joven líder activista por los derechos de los indígenas en el Marco Mundial de los pueblos indígenas 2021; y Rosmery Quintero Castro, Licenciada en Ciencias de la Educación, con maestría en Administración de Empresas e Innovación, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, y Directora de Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)[4].

Para la ministra de Cultura, Patricia Ariza “es propicio que la delegación gubernamental en la negociación con el ELN sea paritaria y a ella se integren defensoras de Derechos Humanos y lideresas sociales, estas mujeres sabias que han sabido construir la paz en los territorios”. Para Ariza las mujeres “merecen estar en la negociación política con el ELN pero desde ya. Seguramente la paridad podrá bajarle testosterona política a la negociación, las armas les imprime a quienes se enorgullecen de su uso perverso un sentido de poderío inconmensurable”.

Por su parte senador Iván Cepeda Castro escribió una columna para el diario El País de España, titulada ‘Las mujeres y la paz total’, en la cual afirma que en “Colombia, las mujeres continúan siendo víctimas de la violencia por su liderazgo político y por defender los derechos humanos: entre 2018 y 2022, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, reportó el asesinato de 131 lideresas sociales. Además, la violencia que refleja las relaciones abusivas de poder entre hombres y mujeres sigue reproduciéndose a través de múltiples formas: a septiembre de 2022, el Observatorio colombiano de feminicidios reportaba 445 en el país; la Defensoría del Pueblo informó que para 2021 se habían registrado más de 16.940 denuncias de algún tipo de violencia sexual en contra de mujeres, y que la entidad había atendido 3.646 casos de violencia basada en razones de género, es decir, 10 diarios”[5].

Para el Senador, de acuerdo con nuestro contexto, “la eliminación de este cuadro de violencias de género implica, entre otros asuntos, hacer realidad la participación eficaz de las mujeres en los procesos de paz cumpliendo las decisiones que en este plano han sido tomadas internacionalmente. Como, por ejemplo, desarrollando el plan de acción para el cumplimiento de la Resolución 1325 de 2000 que fue la primera decisión unánime del Consejo de Seguridad de la ONU en que se exige a todas las partes de un conflicto armado que respeten los derechos de las niñas y las mujeres, que las incluyan en los procesos de negociaciones en este campo, y que se les ofrezca participación decisoria cuando se pacte la finalización dialogada de conflictos armados. Ese precepto fue recogido en la reciente aprobación de la Ley de la Paz Total (2272 de 2022 que prorroga la 418 de 1997) en la que se dispone que en cada etapa de los procesos de paz “se garantizará la participación efectiva de las mujeres”[6].

El asunto no es nuevo en el país, aunque su historia es reciente. “El Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la que fue la guerrilla de las FARC-EP, cuyo sexto aniversario se celebra por estos días, estableció una serie de parámetros en esta materia. El enfoque transversal de género en el proceso de paz es uno de ellos que no podrá ser desconocido a futuro: sin las mujeres, sus derechos, visiones políticas no se podrá construir la paz total, lo que en primera instancia significa que la violencia contra las mujeres es ya condición para la superación de la violencia en general”[7].

Para un país históricamente sometido por la violencia, los abusos de género y la exclusión, es muy importante contar con una agenda equitativa e incluyente, que permita atender las propuestas y miradas de sectores diversos comprometidos con el deber de desterrar de nuestra conciencia nacional las lógicas de la guerra, poner fin al sufrimiento de quienes viven en medio de las confrontaciones y buscar alternativas que propicien el diálogo y el consenso que se requiere para desterrar la lucha armada de nuestro horizonte político y facilitar el surgimiento de nuevos paradigmas, consecuentes con el Estado democrático social de derecho que propone nuestra carta política.  No hay causa que convoque tanto como la posibilidad de sumar a la construcción de un país de paz.  Y la actual política de Paz Total exige tanto la implementación de un enfoque de género en toda mesa de negociación, como el diseño de una agenda inclusiva y participativa, donde las mujeres más que cifras dolorosas de la guerra o registro formal de equidad en un proceso público, logren articular sus saberes, visiones y experiencia en defensa de la vida, la justicia y los derechos humanos, e imprimir su enfoque y liderazgo en el objetivo humano y nacional, de lograr una paz real. Es un imperativo ético, como afirma el senador Cepeda. La paz sin mujeres activas y deliberantes, no es posible.

/Foto tomada de la web

___________________

[1] ONU Mujeres; “Las mujeres, la paz y la seguridad”. Ver en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security#:~:text=La%20comunidad%20internacional%20ha%20reconocido,en%20pos%20de%20este%20objetivo.

[2] Ídem.

[3] El Tiempo; “Diálogos ELN: mujeres integrantes de la mesa convocan a la participación activa”. Sección política, 2 de diciembre de 2022. Ver en: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/dialogos-eln-mujeres-de-la-mesa-convocan-a-la-participacion-activa-722767

[4] Para más información sobre perfil y trayectoria de las integrantes de la mesa de negociación de paz del Gobierno Nacional, consultar: El País; “Quién es quién en las negociaciones de paz con el ELN”. Madrid, 17 de noviembre de 2022. Ver en: https://elpais.com/america-colombia/2022-11-22/quien-es-quien-en-las-negociaciones-de-paz-con-el-eln.html

[5] El País; “Las mujeres y la paz total”. Madrid, 27 de noviembre de 2022. Ver en: https://elpais.com/opinion/2022-11-27/las-mujeres-y-la-paz-total.html

[6] Ídem.

[7] Ídem.